Fiscalía Nacional detecta que el 69% de las víctimas de violencia de género presentó factores de riesgo “alto o medio”

La violencia de género en contexto de pareja sigue siendo un problema para las autoridades. Esa es parte de la reflexión que hace Alicia Díaz, gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, al abordar las denuncia por delitos vinculados a dicha problemática que ingresan al Ministerio Público.

En 2022, de acuerdo con datos de la entidad encabezada por Ángel Valencia, se registraron 70.795 víctimas, mientras que entre enero y junio de este 2023, 36.298, lo que refleja un escenario bastante similar.

Además, se mantiene la clasificación de riesgo de las denunciantes, pues los últimos 18 meses la mayoría de las víctimas (42%) presentó factores de riesgo medios, de acuerdo con la aplicación de la Pauta Unificada Inicial de Riesgo. Esta medición permite a la fiscalía obtener información sobre la existencia de situaciones objetivas de peligro asociadas a la violencia contra la mujer en contexto de pareja para así tomar medidas de protección inmediata.

En 2022, un 28% (19.773) de las víctimas a quienes se les aplicó la citada pauta tuvo como resultado un riesgo alto, en tanto, un 41% (29.272) un riesgo medio y un 31% (21.750) un riesgo bajo.

Por su parte, para los primeros seis meses del 2023, un 27% (9.819) de las víctimas obtuvo riesgo alto, un 42% (15.411) obtuvo riesgo medio y un 30% (11.068) riesgo bajo.

Aquello, en suma, revela que el 69% de las víctimas presenta factores de riesgos asociados altos y medios, lo que se cataloga como complejo, pues como indicó Díaz, la ponderación del caso a caso permite el Ministerio Público tomar medidas de protección, pero la problemática se mantiene. “Sin duda la mayor preocupación es el hecho de por qué seguimos teniendo tantas víctimas”, comentó.

Respecto de los resultados que ha tenido la aplicación de esta pauta con miras a proteger de forma más afectiva a las denunciantes, la gerenta de la División de Víctimas fue tajante y reconoció que es necesario ir más allá.

“Nosotros hacemos todos los esfuerzos para brindar el máximo de protección, dar trato digno, oportuno y respetuoso a las víctimas, y en algunos casos ellas también se manifiestan por el retiro de las denuncias. Pero hay que entender que la violencia en contexto de pareja presenta círculos que son complejos, porque en ocasiones las denunciantes se vuelven a acercar a sus victimarios, porque el sufrimiento es muy profundo. Y por eso a veces todas las medidas que tomamos son insuficientes y no nos queda más que redoblar los esfuerzos. Nosotros hacemos todo y más, pero siempre va a faltar para proteger a las mujeres”, dijo Díaz.

De acuerdo con lo expuesto por Alicia Díaz, la Pauta Unificada Inicial de Riesgo tiene un alto valor para el ente persecutor, dado que permite, bajo criterios predeterminados y objetivos, evaluar la situación que enfrenta una denunciante y no deja al libre criterio del evaluador la ponderación del escenario que enfrenta.

“Esto surge a raíz de un acuerde entre los diferentes servicios vinculados para tener un instrumento único que nos ayude a saber cuándo estamos ante situaciones riesgo, para que así no sea calificada según una visión u otra. Fue un trabajo de bastante tiempo”, explicó.

Así, en los casos de riesgo catalogados como alto y/o medio, los persecutores deberán decretar inmediatamente medidas autónomas de protección y/o solicitar al juzgado de garantía las medidas cautelares personales -incluso antes de la formalización del imputado- para que, por ejemplo, el victimario abandone el hogar que comparte con la víctima y se decrete la prohibición de que se acerque a ella. Además, en casos con riesgo alto, se deriva a las víctimas a las Unidades Regionales de Atención a las Víctimas y Testigos.

En 2022, el Ministerio Público decretó 104.538 medidas autónomas de protección a mujeres víctimas, mientras que entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se han dispuesto un total de 52.569.

Pero considerando que los casos se han mantenido, Díaz también reveló que están trabajando en una actualización de los criterios. “La violencia no cede y es una preocupación para el Ministerio Público, porque a pesar de que los instrumentos pueden ser los mejores, ni las medidas, ni las cautelares, ni las acciones de las fiscalías ni de las policías dan cuenta de la gravedad de esta violencia, porque esta no cede”, indicó.

Como expuso, se está trabajando en un plan para incorporar nuevas medidas, evaluaciones y otras dimensiones que se requiere actualizar, dado que se ha producido un aumento del abandono de las denuncias.

Por lo mismo, para revertir este escenario, la fiscalía trabajará en un mecanismo que permita tener un plan en que a pesar del abandono de la denuncia, la víctima siga siendo considerada “en riesgo” y acompañada con un sistema de asistencia permanente.