Fiscalía de Osorno afirma que se podrían configurar dos posibles delitos por derrame de hidrocarburos y que se indagan eventuales responsabilidades de Essal

Este sábado, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, aseguró que -desde el jueves pasado- se inició la investigación para determinar las responsabilidades del derrame de hidrocarburos en el sistema de producción de la empresa Essal que causó el corte de suministro de agua potable en la ciudad de Osorno.

De acuerdo a de Miguel, los hechos acontecidos podrían eventualmente configurar dos delitos: "se inició una investigación por el artículo 291 del Código Penal, esto es cuando se vierte algún tipo de sustancias dentro de las redes que suministran, por ejemplo, el agua potable. Hay otro delito, de la Ley de pesca, que configura el delito que se crea en el medio ambiente. Estamos investigando estas dos figuras.", señaló la fiscal a T13.

Este último, luego de que la empresa sanitaria reconociera esta mañana que parte de los 1.100 litros de petróleo que se derramaron desde la planta Caipulli también contaminaron las aguas del río Rahue, según lo confirmó el gerente de Operaciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), Andrés Duarte.

Con respecto a sobre quién se le adjudicarían estos posibles dos delitos, de Miguel explicó que se "está investigando las eventuales responsabilidades de la persona que efectivamente abre una de las válvulas, pero además se están investigando todos los protocolos que tiene la empresa, porque hay que entender que estamos hablando de una empresa que provee agua potable a más de 50 mil hogares en Osorno, las responsabilidades son altísimas". 

Agregando que, de parte de la empresa, "las personas tienen que estar capacitadas para efectuar ciertas labores, más aún cuando son labores de riesgo. Junto con ello tienen que haber protocolos por parte de la empresa, mantenciones, fiscalizaciones y eso es lo que se está viendo. Tanto de la persona como de la empresa", detalló.

Además, indicó que mañana "van a llegar peritos de Santiago para ver el daño ambiental en el río y determinar las consecuencia que se produjeron", dijo.

Cabe recalcar que la empresa arriesga una multa de hasta 600 millones de pesos a consecuencia del corte del servicio de agua potable. Y según confirmó el Superintendente de Servicios Sanitarios (SISS), Jorge Rivas, en este caso se espera aplicar el máximo de sanción que permita la ley.