Formalización sumará una tercera jornada: en suspenso decisión sobre prisión preventiva para Cathy Barriga

La medida cautelar de prisión preventiva por los 120 días fijados como plazo de la investigación fue solicitada para Cathy Carolina Barriga Guerra. La exalcaldesa de Maipú fue formalizada por delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputa a la exmodelo una serie de ilícitos que tuvieron lugar entre 2016 y 2021, cuando lideró la administración municipal de una de las comunas más pobladas del país.

Son cinco hechos constitutivos de delito en los que Barriga tendría responsabilidad y que fueron detallados por la fiscal regional Lorena Parra, y la fiscal especialista en delitos económicos Constanza Encina, ante el ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago. Según las fiscales, Barriga lideró la instalación de una “gobernanza fraudulenta” en Maipú, provocando un perjuicio al erario público superior a los 30 mil millones de pesos.

La audiencia de formalización, que partió este martes y se desarrolló entre las 9.00 y las 16.00 horas de este miércoles, se extenderá otra jornada y este jueves el juez Hugo Salgado resolverá respecto a la petición de medidas cautelares.

En el primer hecho, por un delito de fraude al fisco por medio de la modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad de Maipú, se imputó a la actual panelista de un programa de TV y a su “círculo de hierro”: la exadministradora del municipio Andrea Díaz, la exjefa de la Secretaría Comunal de Planificación de Maipú Ana María Cortez, y el odontólogo que se desempeñó como coordinador general de la Alcaldía, Luis Japaz.

En la primera jornada de audiencia, este martes, y sopesando la colaboración de Andrea Díaz con la indagatoria, se estableció para ella las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Respecto a Japaz, se solicitó su prisión preventiva y el tribunal accedió a discutir esa medida en una audiencia este viernes 19 de enero, para dar tiempo a su defensa recién asumida de conocer los antecedentes del caso.

En un segundo hecho, por el delito de falsificación de instrumentos públicos se imputó a la figura de televisión y a María Isabel Palma Barros, que durante 2017 ejerció como subrogante en la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) y que entre 2018 y 2019 fue directora subrogante de control de la Municipalidad de Maipú. Palma también quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional desde el miércoles.

En un tercer hecho, por el delito de fraude al fisco mediante el pago indebido remuneraciones se imputó a la exalcaldesa y a su antigua asistente Andrea Monsalve. Monsalve, de profesión secretaria ejecutiva, según la fiscalía, falsificó un título para desempeñarse como periodista del municipio. Al quebrarse su relación con Barriga, con acusaciones de haber sido agredida físicamente por su superior, Monsalve, conocida en medios de la comuna como “funcionaria fantasma”, presentó 49 licencias médicas y sumó 1.710 días de ausencia consecutivos. Un “acuerdo de confidencialidad” habría permitido mantener esta situación en las sombras. El fraude en este punto ascendería a más de $110 millones.

El cuarto hecho que involucra a Cathy Barriga apunta a un delito de fraude al fisco por la adquisición injustificada de regalos protocolares como los 30 mil peluches que compraron por trato directo por un monto superior a 54 millones y que quedaron arrumbados en bodegas del municipio y el millar de collares de cristales Swarovski cuyo destino se desconoce, a un valor superior a los $17 millones. “Un collar lo habría recibido doña Marlén Olivarí ¿Por qué? No lo sabemos”, expuso la fiscal Encina.

En el quinto hecho detallado por las fiscales, se le imputa a la exmodelo un delito de fraude al fisco por el mal uso de los fondos públicos de la Corporación Municipal de Educación, (Codeduc). A partir de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), se adquirieron mochilas con el logo corporativo de la gestión de la exalcaldesa y de kits escolares para estudiantes de colegios particulares. Esto habría tenido un valor de al menos $123.620.175 y $20.944.191, respectivamente, pese a que correspondían a “finalidades ajenas a aquellas legalmente establecidas para la ejecución de fondos FAEP”.

El Ministerio Público sostuvo que la esposa del diputado Joaquín Lavín y nuera del exministro del mismo nombre, “defraudó o permitió que se defraudara el patrimonio fiscal gracias a la implementación de una estructura orgánica administrativa de disponibilización fraudulenta de recursos y la instalación de una gobernanza fraudulenta, tendientes a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control”.

Asimismo, indican que Barriga “realizó u ordenó realizar con patrimonio fiscal multimillonarias adquisiciones arbitrarias de bienes y servicios que no se condicen con las finalidades legalmente establecidas para los municipios, contexto en que también estableció contrataciones a honorarios improcedentes, todo ello financiado con fondos públicos”.

Según la fiscal Encina, los imputados generaron “una bola de nieve de endeudamiento” con miles de facturas de proveedores que quedaron almacenadas en cajas sin ser ingresadas a la contabilidad del municipio para que no constatar el déficit presupuestario.

“Los imputados insistieron en sus conductas pese a que estaban en pleno conocimiento de que estaban gastando en forma excesiva e incluso, no solo ocultaron de la deuda de la contabilidad, sino que también solicitaron cientos de modificaciones presupuestarias para aprobar un mayor presupuesto en algunos ítems, señalando que rebajarían otros, justificándolos como si fueran saldos y obligaciones que no estaban ejecutadas”, indicó la persecutora.

El abogado Cristóbal Bonacic rechazó los planteamientos del Ministerio Público, recordando el déficit presupuestario que arrastraba el municipio desde la administración de Christian Vittori.

Por otro lado, Bonacic aseguró que la sobreestimación de ingresos también se registró en Maipú el año 2022, con Tomás Vodanovic a la cabeza del municipio.

Asimismo, el jurista afirmó que la Contraloría, en una fiscalización rutinaria, constató que en los años 2017, 2018 y 2019 hubo una subestimación presupuestaria y una no ejecución de gastos que fluctuó entre el 5 y el 8% del presupuesto de la comuna.

La defensa aseguró que “en el peor de los casos”, la exalcaldesa arriesga una pena de 5 años y rebatió la posibilidad de que exista un peligro de fuga de Barriga, por su arraigo social y el hecho de ser una persona extremadamente conocida.

También, buscando evitar la prisión preventiva, el abogado Marcelo Hadwa apeló a la calidad de madre cuidadora de Barriga.

Según la fiscalía, existe una sospecha grave y fundada que la imputada pueda obstaculizar la investigación. Por ello se solicitó su prisión preventiva. En esa línea, se enfatizó en la cuantía del presunto daño. El monto que se habría defraudado en el Caso Democracia Viva es de $391 millones, la cifra que se investiga en Vitacura es de 750 millones y en Algarrobo de 1.069 millones. El caso fraude de Carabineros asciende a 28 mil 300 millones de pesos.

Al comparar esas cifras con los dineros presuntamente malgastados en Maipú, se podría decir que se trata de 55 casos Democracia Viva, 28 de Vitacura, 20 de Algarrobo y 914 veces el monto por el que fue condenada la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. “No cabe duda de que nos encontramos frente a uno de los fraudes más cuantioso que se ha conocido en la historia municipal de nuestro país”, dijo la fiscal Constanza Encina.