Héctor Llaitul queda en prisión preventiva tras ser formalizado por cinco hechos: defensa alegó “una clara persecución política”

En prisión preventiva quedó el histórico líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien fue detenido ayer por la Policía de Investigaciones, a la hora de almuerzo, en un restaurante de la comuna de Cañete, en la Región del Bío Bío.

La detención del líder de la CAM se enmarcó en una investigación del Ministerio Público por cinco delitos ocurridos entre 2020 y 2022: usurpación violenta, atentado contra la autoridad y llamamientos a la desestabilización del gobierno, conducta enmarcada en la Ley de Seguridad del Estado (LSE).

El tribunal acreditó las pruebas presentadas por la fiscalía, como videos, fotografías y escuchas telefónicas, y acogió el planteamiento del Ministerio Público respecto a los llamados de Llaitul a utilizar métodos violentos en las reivindicaciones mapuche en el sur. La magistrada señaló que “la institución que el imputado lidera dio fiel cumplimiento al llamado efectuado, el que se extendió incluso a otras comunidades y organizaciones de resistencia territorial y que incluso persiguen otros objetivos, tal como se desprenden de sus palabras”.

En ese sentido, la magistrada señaló que la libertad del imputado constituye “un peligro para la seguridad de la sociedad” y existe peligro de fuga.

Al finalizar la audiencia, que duró casi seis horas, la jueza Leticia Rivera Reyes, del Juzgado de Garantía de Temuco, decretó un plazo investigativo de 30 días.

La jueza Rivera ordenó que el comunero mapuche cumpla la medida cautelar en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, ubicado en Concepción. Esto pese a que el abogado de Llaitul, Rodrigo Román, había solicitado que esto se realizara en el CCP de Temuco, porque “dicha unidad penal es la única en Chile que está habilitada especialmente para comuneros mapuche. Hay personas condenas, personas imputadas en distinta calidad, que ha sido habilitada para tal efecto”.

La fiscal del Biobío Marcela Cartagena fue quien relató los hechos tras entregar un contexto de los ataques que se ha adjudicado la CAM en la macrozona sur desde 1997.

El primero cargo se enmarca en enero de 2020, cuando Llaitul hiciera un llamado a las comunidades a confrontar a las forestales. Esto luego de que los tribunales condenaran al comunero Daniel Canio Tralcal, por delitos reiterados de incendio, robo con intimidación, porte ilegal de armas y homicidio frustrado de Carabineros. “Ellos (las forestales) fueron los que de alguna manera presionaron no solamente al gobierno de turno, sino a toda la institucionalidad, a este tribunal, al Ministerio Público y a todos los gremios que están subordinados al poder económico. Entonces, para nosotros esta es una condena política y la respuesta se viene”, dijo esa vez.

Por esos dichos el gobierno de Sebastián Piñera presentó una querella contra Llaitul invocando la LSE. Dicha acción judicial fue ampliada por la actual administración de Gabriel Boric.

Según el registro de la fiscalía esos llamados se tradujeron en ataques: Tras el 8 de enero, se registraron 54 hechos de violencia entre La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos. Esto en un período que va entre enero de 2020 y mayo de 2022, donde fueron encontrados panfletos de la CAM y referencias a Daniel Canio Tralcal.

La fiscal, continuando su relato, se refirió otros dichos de Llaitul en la radio Universidad de Chile, en junio de 2020. En esa ocasión dijo: “Llevamos más de dos décadas de lucha territorial y política, hay una experiencia en la autodefensa y en la resistencia. De hecho, ya estamos preparados para un enfrentamiento armado. Ya resurgió el weichán y nuestro weichafe. Ya nos hemos convocado, con conciencia y con valor. Hoy contamos con capacidad militar para la defensa de lo recuperado y para seguir avanzando. Nosotros vivimos acá, conocemos nuestro territorio y tenemos la convicción en nuestras mentes y corazones; pero es la fuerza espiritual la que nos dará el newen necesario para resistir y vencer”.

Estos dichos de Llaitul, según la fiscalía, dan cuentan de la reivindicación de acciones delictuales, y la defensa de métodos violentos, lo que es sancionado en la Ley de Seguridad del Estado.

El tercero guarda relación con un ataque en Victoria, en febrero de 2021, específicamente en el fundo San Sebastián, de propiedad de Jorge Penna Riveros. Se registró un enfrentamiento con Carabineros. En este caso se le atribuye participación como autor de usurpación violenta y atentado contra la autoridad a mano armada.

Un cuarto hecho es de marzo de 2021, donde se registró la usurpación de un predio en la comuna de Cholchol, de propiedad Bosques Cautín S.A. Según la fiscal, ahí sustrajeron madera avaluada en la suma de $87.500.000. También hubo un enfrentamiento contra la policía y dos carabinero resultaron heridos. Acá también se le atribuye participación de autor de usurpación violenta, hurto simple y atentado contra la autoridad a mano armada.

Luego, el quinto hecho se enmarca en declaraciones de Llaitul en julio de 2022 en medios digitales. La fiscal leyó varias frases del líder de la CAM sobre la causa mapuche. En uno de ellos se refiere al comunero Pablo Marchant, quien murió en un enfrentamiento con la policía en el fundo Santa Ana, de la forestal Mininco, en la comuna de Carahue, región de La Araucanía, en julio de 2021. “A un año de su partida, de su muerte, nosotros volvemos a reivindicar no solamente su legado como, en tanto cuanto, Pablo Marchant, sino lo que significa para nosotros el rol que él vino a cumplir dentro del movimiento mapuche y particularmente dentro de la CAM y de los ORT de los cuales él fue parte”.

En otra intervención, al ser consultado por cómo se financiaba la CAM, Llaitul respondió: “Si nosotros recuperamos territorio, ahí están los recursos poh’, así que no hay problema con eso del financiamiento”.

En otra parte, la fiscal relató dichos de Llaitul contra la Convención Constitucional: “A nosotros nos duele mucho que haya representantes convencionales que hablen de la causa mapuche sin haber tenido los fueros o las prerrogativas de hablar de la causa mapuche y sean parte de la invisibilización de la lucha nuestra, de los movimientos de resistencia, porque acá hay representaciones también, hay referentes, hay vocerías, hay organizaciones, y bueno, si no nos quieren dar la tribuna, por último, no hagan el juego al discurso oficial porque ya entendemos que le hagan el juego los partidos políticos, que se sumen, que se ponen de rodillas algunos como lacayos frente al modelo neoliberal, como los partidos políticos de la concertación, pero con estos discursos, de que somos narcoterroristas, de que somos terroristas o que hicimos delitos por hacer delitos”.

Tras el relato de los hechos, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, solicitó la prisión preventiva para Llaitul. Garrido, a su turno, mostró varios videos y audios con dichos de Llaitul a medida que iba abordando cada imputación. También fueron exhibidos registros audiovisuales con ataques y escuchas telefónicas.

Al referirse a la Ley de Seguridad del Estado, que sanciona los llamados a métodos violentos, el fiscal dijo que “estamos hablando del líder de una de las organizaciones mapuche más importante, no es cualquier persona. Él al hablar de esa manera, al sostener este discurso, repetirlo, refrendarlo reiteradamente logra que se vayan produciendo esos ataques. El sujeto activo es idóneo para motivar a otros”.

“El mensaje también es idóneo, no se trata simplemente de un mensaje de resistencia del pueblo en términos generales, se trata de un mensaje de resistencia armada, de lucha militar. El discurso es absolutamente beligerante, de guerra”, agregó.

El abogado querellante del Ministerio del Interior, Ignacio Sapiain Martínez, dijo que Llaitul “es un líder, mucho más que un guerrero, que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa referida a la reivindicación territorial (...). Pero como buen líder ha perdido el rumbo, no se ha dado cuenta del daño que ha generado a su mismo pueblo. No se ha dado que un señor de 60 años que es baleado e internado recientemente en el Hospital de Cañete no es su enemigo. No se da cuenta que esa señora que estaba con cinco hijos también en el sector de Cañete, donde sujetos ingresan y dan balazos, la verdad es que no es su enemigo. Y es mapuche igual que usted”.

A eso de las 14.00, fue el turno del abogado defensor de Llaitul, Rodrigo Román.

En parte de su alocución, que se extendió por casi media hora, el defensor cuestionó la invocación de la Ley de Seguridad del Estado. En ese sentido recordó casos donde se ha invocado esta norma, como en el caso del profesor que fue imputado por daños en el Metro en una manifestación en el contexto del estallido social de 2019. “Esta ley penal especial protege un determinado bien jurídico (...). El bien jurídico protegido dice relación con la estabilidad política o con la institucionalidad o con la estabilidad de los gobiernos de turnos”.

En ese sentido, Román, quien fue defensor de Daniel Canio Tralcal en 2020, acusó que había una “clara persecución política” contra Llaitul. “No hay aquí afectación a la estabilidad de la República o del gobierno de turno”.

En ese sentido, el abogado dijo que esta causa contra Llaitul tenía un trasfondo político: “Estamos en presencia de un conflicto político, que se pretende endosarle la responsabilidad al Poder Judicial para que se pronuncie justo en la previa de este evento institucional del 4 de septiembre”, en referencia al plebiscito constitucional. Con todo, dijo que la detención de Llaitul “probamente esté sumando votos para lado y lado”.

Por último, dijo que la CAM, en sus 20 años de funcionamiento, “ha sido enfática en sus declaraciones y su accionar en que jamás han lesionado a persona alguna en su actividad. Jamás”.