Galli defiende en el Congreso expulsiones de extranjeros que cometieron delitos: “Lo que nosotros hacemos es cumplir la ley”

Esta mañana, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, asistió a una sesión especial del Senado que tuvo la finalidad de analizar la política del gobierno en materia de expulsiones de ciudadanos extranjeros que cometieron delitos. Operativos que han encontrado críticas por parte de parlamentarios de oposición.

Antes de que el subsecretario Galli hiciera su alocución, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) señaló los motivos de la sesión especial, relatando las expulsiones que se han realizado durante este año.

“En febrero de este año se evidenció un lamentable hito, se trató de la expulsión más masiva que se haya realizado en Chile hasta ese momento. Dicho hito fue celebrado por el propio ministro del Interior Rodrigo Delgado, destacando su masividad como si fuese objeto de orgullo. Se trató de una expulsión vía aérea de 86 personas y vía terrestre de otras 52 personas más, que fueron devueltas a sus países de origen”, relató Latorre, agregando operativos ocurridos el 25 de abril, el 6 de junio y el realizado durante esta jornada, de 72 migrantes.

A su turno, Galli sostuvo que “nuestra legislación migratoria acaba de ser cambiada por este Congreso y este Congreso ha dado señales muy potentes en cuanto a explicitar los derechos a que son sujetos los ciudadanos extranjeros que buscan desarrollar sus proyectos de vida en Chile”. En esa línea, agregó: “La expulsión es una medida que el Estado puede tomar respecto de aquellos ciudadanos extranjeros que incumplan gravemente la legislación migratoria”.

“Aquí pareciera que se dijera que la expulsión no es posible, entonces lo que deberíamos concordar es en qué circunstancias y bajo qué condiciones el Estado de Chile puede llevar adelante el proceso de expulsión de un ciudadano extranjero”, complementó.

“Lo que nosotros hacemos es cumplir la ley”, aseguró. Además, el subsecretario afirmó que estas penas sustitutivas para extranjeros que cometieron delitos en Chile eran “muy beneficiosas” para ellos, “porque esa persona debería haber cumplido penas privativas de libertad en Chile, pero el tribunal le sustituye su pena por ser expulsado de Chile, quedando en libertad en su país de origen con una prohibición de ingreso a Chile por 10 años”.

Respecto a los cuestionamientos por la “masividad” que conllevarían estas expulsiones, Galli dijo: “Yo asumo que esa expresión no se refiere al número de persona expulsadas, porque si lo son como consecuencias por orden de tribunales de justicia, el número es irrelevante”.

Por su parte, la senadora Isabel Allende (PS), afirmó: “Él habla de que quiere da señales, bueno, lo que podemos considerar es que estas expulsiones no han contado con el debido proceso. Qué cosa tan lamentable cuando ha visto en los medios de comunicación cómo se ha jactado el gobierno, cómo celebraba las primeras expulsiones, cómo mostraban todas las imágenes de esas personas con overoles blancos, esposadas, acompañadas de policías, cómo si esto fuera digno de celebrarse”.

En tanto, el senador UDI José Miguel Durana sostuvo que “en Chile no existen expulsiones masivas, cada expulsión obedece a un proceso unipersonal, judicial o administrativo que ha determinado la sanción”. En ese sentido cuestionó: “Dentro de las personas que han sido expulsadas, hay expulsiones judiciales. Estamos hablando de una persona traficante de un menor de ocho años, de personas con robo con violencia en Ñuñoa, estamos hablando de personas con condenas, además de robo con violencia, con intimidación, maltrato a Carabineros, tráfico de migrantes, colombianos condenados por secuestros. Al final, ¿qué estamos defendiendo?”.

Según cifras del Ministerio del Interior, en lo que va del año se han expulsado a 392 extranjeros. En el operativo registrado hoy, donde se expulsaron a 72 ciudadanos extranjeros, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, señaló que 45 de ellos son expulsados judiciales, vale decir han sido condenados por tribunales por delitos como secuestro, tráfico de armas, tráfico de armas y robo con violencia. El resto, “la gran mayoría tenía antecedentes penales en su país de origen”, afirmó. Casi en su totalidad se trata de argentinos y colombianos.