Gendarmería ingresa querella por Ley de Seguridad del Estado en contra de 18 imputados por destrucción de Cárcel de Alta Seguridad

La tarde de este jueves y ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Gendarmería estampó una querella en contra de 18 internos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) -la antes llamada Cárcel de alta Seguridad-, invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto, luego de que el grupo de reclusos, que se encuentra en dicho lugar debido a sus complejas características y peligrosidad, provocaran una serie de incidentes para destruir y atacar a los funcionarios de gendarmería.

La acción judicial ingresada por la directora regional de Gendarmería fue presentada en contra de 18 reos de nacionalidad venezolanos y quienes se encuentran imputados por delitos graves, tales como trata de persona, homicidio de funcionario de Carabineros, secuestro, homicidios, tráfico de drogas, entre otros ilícitos vinculados a la criminalidad organizada. Están ligados, de hecho, a bandas como Los Gallegos y otras células del Tren de Aragua.

Así, la arremetida en cuestión se dirige en contra de Francisco Rasiel, Nestor Mojica, Hernán Landaeta, José Candurín, Bryan Sánchez, Leonardo Vásquez, David Fuentes, Edwars Nava, Ovicmarlixon Garcés, Angelo Cerdeño, Wilken Rondón, Javier González, Luis Dafa, Danyerson Cipriano, Wuilberth Olivares, Jorkenidy Torres, Lermi Albarran, Carlos González, y contra todos quienes resulten responsables.

Como se describe en la acción, los reclusos han generado graves enfrentamientos con los funcionarios del recinto, pero también han destruido parte de la infraestructura de las celdas. Daños que han sido avaluados en más de $197 millones, según el texto.

La acción judicial ingresada este jueves, da cuenta de una serie de incidentes realizados por estos 18 reclusos. El primero de estos hechos ocurrió el 6 de junio pasado, cuando durante la noche y tras un corte de luz, tres de los imputados comenzó a insultar y a amenazar a los gendarmes que a esa hora los custodiaban. Agresiones verbales que se repitieron al día siguiente.

Ese mismo día, también Gendarmería detectó a través de las cámaras de televigilancia que todos esos imputados desarmaron una mesa de ping pong, para fabricar elementos contundentes que posteriormente usaron en contra de los funcionarios. Esto, mientras los gendarmes intentaban ingresar al patio pese a que los sujetos cerraron las puertas a esa zona.

En ese incidente, 12 funcionarios de Gendarmería resultaron heridos debido a que fueron atacados por los presos de la Cárcel de Alta Seguridad. Además, se tuvo que usar gas lacrimógeno e incluso una escopeta. Los daños en la cárcel han incluido, sostiene la querella, destrucción de la infraestructura, mobiliario fiscal, amenazas a los funcionarios, daños a la red de agua potable y ataques a las cámaras de seguridad.

La querella, sostiene que los 18 reclusos han realizado acciones que han causado “grave conmoción pública, toda vez que afectan el normal funcionamiento de las actividades penitenciarias y, han sido protagonizados por internos que son considerados de alta peligrosidad, vinculados a delitos graves y bandas transnacionales”. Lo anterior, según el texto, con el fin de “imponer su ilegítima autoridad al interior del establecimiento penitenciario de Alta Seguridad, desconociendo la autoridad y dirección que el personal de Gendarmería ostenta sobre los centros penitenciarios del país”.

Invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, la acción judicial también da cuenta que el 18 de junio, el interno Carlos González -alias “Estrella” del Tren de Aragua- amenazó a un gendarme, señalando que lo mataría con un cuchillo que tiene en su celda y que lo colgarían en el patio.

La querella de Gendarmería afirma que “estos hechos son atribuibles a todas aquellas personas que han realizado, incitado, promovido y fomentado directamente al resto de la población penal a impedir el uso y acceso a los bienes de uso público, y en particular al orden al interior de la unidad penal”.

Por lo mismo, concluye que “el gobierno no puede dejar de utilizar las herramientas que le provee el ordenamiento jurídico para cumplir con el mandato legal de resguardar el orden y la seguridad pública”.