Gendarmería reporta que durante 2022 se invirtieron más de $2 mil millones para fortalecer la seguridad penitenciaria y el refuerzo contra el crimen organizado

Este miércoles, el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, encabezó la Cuenta Pública Participativa 2023 de la institución penitenciaria, dando a conocer que en el marco de la seguridad penitenciaria se aumentó el presupuesto asignado en dicha materia. Además de las reparaciones para la reapertura del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), que habilitará una capacidad de reclusión de 296 personas.

Durante 2022, según dijo, “se invirtieron más de 2 mil millones de pesos en equipamientos e implementos para fortalecer la seguridad penitenciaria y con ello reforzar el combate al crimen organizado. A ello se sumó el alza presupuestaria en vehículos para transporte del personal y población penal, en donde se contaba inicialmente con 617 millones de pesos y a los que se adicionaron 1387 millones más”.

Asimismo, explicó que durante el año pasado se totalizaron más de 4 mil millones de pesos destinados a seguridad y combate del crimen organizado, “lo que demuestra la prioridad entregada en este tema pues parte del gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como también de nuestra institución”.

En relación al fortalecimiento de recursos en el ámbito de la seguridad, dio a conocer que desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se entregó apoyo a los gobiernos regionales de Arica y Parinacota y de La Araucanía, logrando entregar 1.647 y 776 millones de pesos respectivamente.

“Este financiamiento nos permitió adquirir diversos elementos como vehículos de traslado, destacando 2 blindados adquiridos para La Araucanía, implementos de seguridad para nuestro personal que trata directamente en este caso con la población penal, nuevos equipamientos de tecnología anti dron y de registro para el ingreso de personas a unidades penales, entre otros”, comentó Urra.

Por otro lado, y a partir del denominado Plan de Seguridad Penitenciaria contra el Crimen Organizado, aseguró que “este marco de trabajo nos ha permitido mejorar la coordinación interinstitucional, generando estrategias de investigación para enfrentar la comisión de delitos desde y hacia los recintos penitenciarios”.

Y que durante el 2022, en el contexto de dicho plan y sumado al desarrollo habitual de procedimientos de registros que se realizan en todas las unidades penales, se ejecutaron 10 operativos de allanamientos simultáneos a nivel nacional. “Este trabajo demuestra la voluntad institucional de profundizar el combate contra aquellos que buscan articularse criminalmente al interior de los establecimientos penales de todo el país”, aseveró el director de la institución penitenciaria.

En ese sentido, dijo que en los operativos involucraron un amplio despliegue de funcionarios, lo que permitió una cobertura de la población penal de 42 mil internos.

“Este trabajo generó la incautación de aproximadamente 5.200 armas blancas, 2.700 celulares, 1.800 litros de licor artesanal y más de 17 kilos de sustancias ilícitas. Con el retiro de elementos prohibidos de los recintos carcelarios se generan mejores condiciones para la seguridad de la población penal, los funcionarios y por cierto para la comunidad en general”.

Asimismo, y también en el contexto del Plan Nacional de Seguridad Penitenciaria contra el Crimen Organizado, dio a conocer que “con el objeto de descentralizar las funciones del actual departamento de investigación criminal (DICRIM)”, se crearon las denominadas oficinas regionales de investigación criminal.

Durante el 2022 se implementaron dichas oficinas en las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Biobío. Con ellas se busca “tener más coordinación con el intercambio de antecedentes con el Ministerio Público y prevenir delitos intra penitenciarios que impacten a la ciudadanía”.

Por otro lado, el director de Gendarmería también señaló que se realizaron reparaciones para la reapertura del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), que permitirá “custodiar a sujetos de alto compromiso delictual”. La inversión para habilitarlo fue de 3.756 millones de pesos.

“Ello permitió mejorar las condiciones de habitabilidad del lugar y reforzar los sistemas de seguridad y vigilancia, habilitándose una capacidad de reclusión de 296 personas”, aseguró.

La inversión en el REPAS se suma a otros 586 proyectos infraestructurales que se desarrollaron durante el 2022, con una inversión total que supera los 7.560 millones de pesos. Según Urra, este esfuerzo de inversión “ha permitido mejorar las condiciones de las unidades penales y la recuperación de plazas en los penales de Valparaíso, Colina 2 y Santiago Sur”.

En relación al Plan de Infraestructura Carcelaria, se refirió a la inauguración durante el segundo semestre del 2022 del Complejo Penitenciario en Biobío. Con él se incorporarán 1.608 nuevas plazas al sistema.

Mientras, el Complejo Penitenciario de Talca proveerá 2.320 plazas adicionales.

Asimismo, comunicó que en el mediano plazo se espera avanzar en los proyectos de los centros penitenciarios de Copiapó y Calama.