Gobierno calcula en US$ 256 millones gasto fiscal anual por migración

Ayer ingresaron al Congreso las indicaciones sustitutivas con que el gobierno pretende reactivar el proyecto de ley de migraciones presentado por el Presidente Sebastián Piñera en 2013, durante su primer mandato.

El documento incluye como anexo un informe financiero que estima el costo que actualmente le significa al Estado la inmigración, así como la implementación del proyecto de ley que iniciará su discusión en la Cámara de Diputados.

"La casa estaba muy desordenada y era urgente y necesario ordenar nuestra casa en materia de migraciones", indicó el Presidente Piñera ayer a través de un video en redes sociales, en relación al proyecto anunciado el lunes.

Según el reporte, en la actualidad el Fisco cuantifica de $ 154.358 millones el costo anual asociado a la inmigración. El cálculo que realizó la Dirección de Presupuestos (Dipres) surgió a partir de las estimaciones del Departamento de Extranjería y Migración, que cifra en 966.363 el número de extranjeros asentados en Chile.

El desglose de esta cifra, según la Dipres, considera que a 2018 se ha realizado un gasto asociado a institucionalidad de $ 12.874 millones. Esto incluye dinero utilizado para remuneraciones, operación y funcionamiento de personal que realiza labores directamente asociadas con inmigrantes.

A este número, se suman 68 mil millones de pesos relacionados a gastos de salud asociados al gasto que el Estado destina a cada inmigrante que se atiende en el sistema público.

Para educación, en tanto, se considera a la fecha un gasto de 72 mil millones de pesos. El informe estima un universo de 71.465 niños, niñas y adolescentes de origen extranjero matriculados en 2017 en el sistema educacional público.

Nuevo proyecto

El estudio financiero establece que, de aprobarse la nueva legislación, el gasto público en este ítems crecerá en $ 2.415 millones, equivalentes a más de US$ 4 millones al año.

"El mayor gasto fiscal que demanda la aplicación de esta ley durante su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto de la Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la Partida del Tesoro Público", indica la Dipres en el documento.

A partir del segundo año, estima, el aumento de gastos se financiará con cargo a los recursos que disponga la Ley de Presupuestos.

Los recursos que adicionará la nueva ley, se distribuirán en tres nuevas medidas. La primera es la creación del Registro de Chilenos en el Exterior, cuyo costo significará un gasto de $ 80 millones anuales.

Además, la Policía de Investigaciones (PDI) recibirá en el primer año de aprobada la ley $ 38 millones. Con este dinero la policía civil deberá arrendar dos inmuebles para ser utilizados como casa de acogida en el Norte Grande.

El proyecto de ley contempla la creación del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), con el objetivo de reemplazar al actual Departamento de Extranjería y Migración.

"Un servicio descentralizado nos da la posibilidad de generar una sinergia con las regiones y, así, conocer la opinión de la ciudadanía en beneficio de la realización de políticas públicas en temas migratorios", señaló Mijail Bonito, asesor legislativo en temas de migración del Ministerio del Interior (ver secundaria).

Según los cálculos del gobierno, la implementación de la nueva implementación, que se proyecta en tres años, tendrá un gasto fiscal en régimen de $ 2.300 millones. Estos recursos consideran la contratación de 528 funcionarios, de los cuales 477 "laboran actualmente" en el Departamento de Extranjería y gobernaciones.

El Sermig considera la creación de 17 direcciones regionales en tres años, además de 22 oficinas provinciales en el mismo periodo. Durante el primer año se instalarán las direcciones regionales de las regiones Metropolitana, Valparaíso, Tarapacá, Arica y Parinacota y Antofagasta.

La legislación actualmente en trámite otorga un rol fundamental a los consulados de Chile en el extranjero, oficinas desde donde se tramitarán las nuevas visas de oportunidades, así como las visas humanitarias de reunificación familiar para haitianos o de Responsabilidad Democrática para venezolanos.

Según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, "las medidas anunciadas pueden provocar mayores requerimientos en algunos de nuestros consulados, por lo que la Cancillería viene trabajando y preparando el reforzamiento de los consulados de Haití y Venezuela desde hace un tiempo".

En este sentido, la secretaría informó que para el consulado en Puerto Príncipe "ya se gestionó la llegada de dos ciudadanos haitianos, que hablan español, créole y francés".

Desde Cancillería, agregan que "se viene conversando con la Organización Internacional de Migraciones, vinculada a Naciones Unidas, para que nos colabore en la gestión de las nuevas solicitudes de visa en Haití".

En tanto, para el caso de Venezuela se advierte que la situación es distinta, al existir dos consulados: Caracas y Puerto Ordaz. No obstante, se destaca que estos fueron reforzados recientemente. Consultados por La Tercera, desde la oficina chilena en Venezuela afirmaron que hasta el momento "no hemos recibido ninguna información ni instrucción por parte de Cancillería".

El proyecto de ley contempla nueve artículos transitorios que regulan la puesta en funcionamiento tanto del Sermig como la creación del reglamento de migraciones.

Allí se establece que una vez publicada la ley, el Ministerio del Interior cuenta con un año para la dictación del reglamento.

En tanto, el Presidente tendrá un año desde la publicación de la norma, para dictar los decretos que crean al Sermig.