Gobierno cuestiona planes comunales: victimización subió 66%

A un mes de instalado el actual gobierno, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito realizaron un crítico diagnóstico de lo que por cuatro años fue uno de los pilares en materia de seguridad: los planes comunales antidelincuencia.

Estas estrategias de seguridad pública transfirieron cerca de $ 60 mil millones a 72 comunas del país, las cuales elaboraron más de 500 programas locales. Entre sus objetivos estaba contribuir con la prevención de delitos, disminuir la violencia y mejorar la percepción de seguridad en los barrios.

No obstante la repercusión que pretendía alcanzar la medida, a fines de 2017 la Dirección de Presupuestos (Dipres) criticó esta política, a la cual consideró con "desempeño ineficiente". Con este antecedente, el nuevo gobierno elaboró un diagnóstico de estas medidas.

Katherine Martorell, actual subsecretaria de Prevención del Delito, aseguró que a la fecha sólo el 51,5% del presupuesto destinado a esta materia fue ejecutado, lo que "significa que nunca se logró instalar la capacidad dentro de los municipios, pese a toda la inversión que se hizo. No cumplió con el objetivo, fue un despropósito", sentencia.

Incluso, advirtió Martorell, "en un 66% de las comunas en que se elaboraron estos planes aumentó la victimización".

Los programas contemplaban cinco tipos de proyectos: alarmas comunitarias, cámaras de televigilancia, equipamiento (construcción de multicanchas, plazas, sedes sociales y red de salud primaria), iluminación peatonal y recuperación de espacios públicos. Según un informe de la subsecretaría, en tres de estas cuatro medidas aumentó la frecuencia de casos policiales, es decir, las denuncias y detenciones de los delitos de mayor connotación social.

El estudio refleja que en aquellos lugares en que se dispusieron alarmas comunitarias los casos policiales aumentaron un 29,1% y en las zonas con cámaras de vigilancia, un 4,2%. En tanto, el aumento más drástico ocurrió en los lugares donde se instalaron equipamientos, donde se percibe un crecimiento del 46,4%.

Caso contrario ocurrió tras la instalación de iluminación peatonal y recuperación de espacios públicos. Aquí los casos policiales bajaron un 6,2% y 18,9%, respectivamente. Según Martorell, el problema se debe a que "no existió una forma coherente para desarrollar los proyectos. Primero se elaboraron los planes y después se hicieron los diagnósticos, y muchas veces estos no reflejaban ni coincidían, dado que las situaciones locales son totalmente distintas entre sí".

Óscar Carrasco, ex subsecretario de Prevención del Delito del gobierno de Michelle Bachelet, descarta las críticas a los planes comunales y enfatizó la importancia de adoptar medidas desde el plano local.

"Obviamente, es perfectible, pero es un camino y una buena práctica avalada internacionalmente que, con apoyo transversal de parlamentarios, municipios y otros, permite abordar las complejidades, causas y efectos de los fenómenos delictivos", aseguró Carrasco, quien destacó el reciente anuncio de la Subdere de financiar programas comunales de seguridad ciudadana.

David Rozowski, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro, dijo que existen deficiencias en la ejecución de los recursos durante la gestión anterior. Apunta a la necesidad de "mirar hacia adelante" y centrar la atención en continuar con medidas que apunten a lo local. "De nada sirve tener cámaras si dependemos de que alguien las esté viendo en el momento preciso. Se requieren tecnologías de reconocimiento facial y de vehículos, así como alarmas comunitarias conectadas a las policías. Además de fomentar aún más la recuperación de espacios públicos con tal de dar mayores alternativas a los niños y así prevenir que ingresen al mundo delictivo".