Mayor vigilancia en las rutas y apoyo económico para víctimas: Gobierno firma acuerdo con camioneros en La Moneda

Esta mañana, el ministro del Interior, Víctor Pérez, encabezó una ceremonia donde se realizó la firma del acuerdo logrado entre el gobierno y el gremio de camioneros, a comienzos de este mes.

Los transportistas comenzaron una movilización el 27 de agosto, y se extendió hasta el 2 de septiembre, demandando mayores medidas de seguridad en la zona sur del país, luego de ataques incendiarios a algunos de sus camiones.

El paro de los transportistas llevó a los trabajadores a bloquear algunas rutas y cortar las cadenas de suministros en algunas zonas -en época de pandemia-, lo que fue criticado por diversos sectores.

Con estos antecedentes, los trabajadores de los camiones llegaron hasta La Moneda para participar de la concreción de este acuerdo. “Junto con la ministra de Trasportes, Gloria Hutt y los subsecretarios que aquí nos acompañan recibimos en La Moneda a los dirigentes de la federación de camioneros de Chile, encabezados por su presidente Sergio Pérez”, dijo el ministro Pérez.

“Lo hacemos para rubricar un protocolo que hemos construido con las organizaciones. Un protocolo que busca asumir un compromiso de todos por la paz de Chile. Nadie discute ni está puesto en duda que esto nace por el nacimiento, por los daños y los perjuicios que han sufrido los hombres y mujeres de trabajo, empresarios transportistas, pequeños, medianos y grandes que han visto en muchas ocasiones, con impotencia e incertidumbre, cómo su capital de trabajo es destruida, cómo su actividad es dañada y perjudicada y que tuvo su máxima expresión con el asesinato de Juan Barrios este año”, continuó expresando Pérez.

El secretario de Estado explicó que el acuerdo comprende “seguir luchando para que las leyes que le dan instrumentos al Estado, no a este gobierno, al Estado de Chile para combatir a los violentos verdaderamente se hagan realidad”.

“Segundo, tomar todas las medidas en nuestras carreteras que le garanticen a esos conductores que puedan trabajar y llevar adelante su actividad de la manera más tranquila posible. Y asumir que aquellas victimas, hombres y mujeres, que fallecieron, que perdieron su capital trabajo, establecer un mecanismo de apoyo, de reparación para que el estado cumple su tarea de garantizar la tranquilidad ciudadana", agregó.

En esa línea, explicó que se establecerá una mesa de trabajo permanente (hasta marzo de 2021) con los dirigentes de los camioneros y con representantes de los distintos ministerios.

“No fue un acuerdo sencillo ni fácil, debiéramos recordar esos días, porque el compromiso de movilizarse por la paz sin alterar la vida de los chilenos era un compromiso complejo y difícil. Y nos alegramos que no haya pasado a mayores y no haya sido necesario aplicar los instrumentos que el Estado tiene frente a estas situaciones. Porque esta es una batalla por la tranquilidad de los chilenos”, afirmó.

“Quienes queman camiones, quienes asesinaron a Juan Barrios, quienes dispararon a la hija de un transportista, como es Montserrat de solo 9 años, lo que buscan es generar terror y nosotros tenemos la obligación, todos los chilenos, de enfrentar eso con la máxima de las decisiones”, subrayó el ministro del Interior.

Por su parte, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, hizo un llamado al Parlamento a que “se produzcan las leyes necesarias. Porque hemos pedido la ley Juan Barríos, pero esa ley sin una ley de inteligencia y otras normativas legales no es fácil de implementar”.

“Agradecemos esta oportunidad histórica que tenemos”, añadió el dirigente.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), indicó que el acuerdo “es un buen comienzo que esperamos traiga tranquilidad laboral al gremio y contribuya a la paz en nuestra región de La Araucanía”.

Según se desprende en el texto del acuerdo, el gobierno ha implementado una inversión de $5.600 millones en infraestructura policial, aumento de medios aéreos en la zona la macrozona sur, establecimiento de coordinación especial de información de inteligencia, establecimiento de la prefectura macrozonal sur de la PDI y un programa especial de manutención y reposición de los vehículos policiales.

Además, se señala que el Ejecutivo ha presentado 13 proyectos de ley ante el Congreso relacionados a seguridad de esa zona. 11 cuentan con urgencia para “impulsar su pronta tramitación”.

Un punto que comprende el acuerdo es la vigilancia en la ruta. En el tramo Collipulli-Temuco hay 45 cámaras de vigilancia y el gobierno espera aumentar la vigilancia en dicha zona con 36 cámaras adicionales, entre los kilómetros 560 y 682 de la Ruta 5 Sur, 24 cámaras térmicas, 53 lectores de patente en los peajes troncales de la ruta.

Además, dice el acuerdo, se avanzará en la iluminación de 31 nuevas zonas, llegando a un total de 503 nuevas luminarias y garantizando las luminarias en la ruta 78.

Asimismo, el gobierno señala que apoyará a las familias de conductores que fallezcan o resulten con invalidez total o parcial superior al 70% producto de atentados terroristas. Se otorgará pensiones de gracia vitalicias para los afectados y becas de estudio a sus hijos

En tanto, el gobierno considera “esencial prestar apoyo económico a las víctimas de la violencia rural”. En particular para la reposición de las máquinas de trabajo de los camioneros"

“El gobierno fortalecerá los subsidios directos que entrega actualmente Sertotec, a través del programa de apoyo a víctimas de la violencia rural”.

Esto, se señala, se llevará a cabo a través de un Programa Especial solo para aquellos dueños o conductores de vehículos motorizados que sean víctimas de delitos terroristas, otorgándoles un subsidios no reembolsable que cubra todos los costos de los vehículos motorizados destruidos y que no sean cubiertos por las pólizas de seguro respectivas.

En esa línea el Ejecutivo solicitará al banco Estado las posibilidades de otorgar créditos especiales para la reposición de máquinas destruidas.

También se indica que este año el gobierno presentará un proyecto de ley que permitirá establecer un fondo de reparación para las víctimas de la violencia en la macrozona sur, junto con una comisión permanente que informe anualmente sobre los hechos de violencia en la zona y la situación de las víctimas.

La mesa de trabajo, entre el gobierno y los camioneros, será la encargada de monitorear el cumplimiento de los acuerdos.