Gobierno niega retraso de reforma de las policías y defiende que el proceso “está avanzando en forma consistente”

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública descartó que hubiera un retraso en la reforma a las policías.

La aclaración de Interior ocurre luego de que distintos integrantes de la Unidad Consultiva para la Reforma -un grupo de expertos encargados de analizar y dar su mirada sobre el proyecto- criticaran el avance de la iniciativa.

A través de un comunicado, la cartera comandada por Carolina Tohá (PPD) declaró: “Por el contrario, la reforma a las policías es un proceso que está avanzando en forma consistente en sus tres dimensiones: eficacia de la función policial, buen ejercicio de la función policial y mecanismos de probidad y transparencia”.

“El avance de la reforma a las policías es continuo. De hecho, sólo esta semana el Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó la ley que aumenta los agentes policiales de la PDI de 950 a más de 4 mil, lo que -a su vez- incrementa la dotación total de dicha institución en 50%”, reafirmaron.

Junto con ello, ejemplificaron el avance del proyecto en distintas áreas. En cuanto a eficacia de la función policial, destacaron que “en enero pasado se envió al Congreso el proyecto de ley de Nueva Modalidad de Ingreso a PDI, que fortalecerá la profesionalización de dicha institución al crear el escalafón de Oficiales Policiales Investigadores. Y está próximo a su envío, en el marco del proyecto sobre Carrera Policial de Carabineros de Chile, el establecimiento de un sistema moderno de incentivos al desempeño de los funcionarios”.

Entre otros aspectos, mencionaron que se ha “reforzado el control civil en cuanto a las estrategias de Carabineros de Chile y la PDI, ejerciendo por primera vez la facultad legal de aprobar, en 2023, los Planes Estratégicos de Desarrollo Policial (PEDP) -que guían el desarrollo y modernización de ambas fuerzas en un período de 6 años- y en 2024 los Planes de Gestión Operativa y Administrativa (PGOA) -que se hacen cargo de los desafíos en contexto de nueva criminalidad e incorporan los compromisos de reforma a las mismas instituciones”.

Respecto del eje “buen ejercicio de la función policial”, aseveraron, entre otros aspectos, que “en marzo entrará en vigencia el nuevo Reglamento de Cámaras Corporales (...) esto, a partir de la aprobación de la ley que establece el deber de efectuar registros audiovisuales de la actuaciones policiales”.

Asimismo, resaltaron que “se han actualizado los protocolos de Control de Orden Público. Estos serán implementados tras su aprobación administrativa en Carabineros de Chile” y añadieron que las Reglas del Uso de la Fuerza están en tramitación.

En relación al tercer eje -“mecanismos de probidad y transparencia”- consignaron que “se ejecutaron las primeras acciones de auditorías externas en ambas policías, en el marco del funcionamiento de los Comités de Auditoría Policial” y que “ambas policías cuentan con una unidad a cargo de la política de control interno y probidad funcionaria, dedicada exclusivamente a la detección prematura de casos vinculados al crimen organizado”.

Sumado a ello, recalcaron que “se encuentran en funcionamiento los Sistema de Reclamos de la Ciudadanía en ambas policías”.

“La reforma de Carabineros comenzó en la administración anterior como respuesta a la crisis de probidad y la posterior crisis de derechos humanos, evolucionando luego hacia una reforma más amplia, que considera a ambas policías, y con un enfoque en el fortalecimiento institucional frente a los desafíos de la nueva criminalidad”, argumentaron para luego reiterar que la ministra Tohá creo un equipo coordinador para perfeccionar la reforma a las policías.

“Esta decisión -explicaron- respondió a recomendaciones de organismos técnicos y permitió redistribuir el peso e impulso de la reforma dentro de las instancias existentes”.

Hacia el final de la misiva, la cartera relevó la creación del Ministerio de Seguridad como “una transformación estructural del sistema de seguridad, que no solo responde a los desafíos actuales en materia de criminalidad, sino que también marca un cambio institucional de largo plazo, asegurando una reforma continua y estructurada, y consolida mecanismos de control sobre la eficacia de función policial, su buen ejercicio y probidad”.