Proyecto de gobierno apunta a restringir reuniones entre fiscales y parlamentarios
Propuesta de Justicia pretende que solicitudes de legisladores sean solo ante la máxima autoridad del Ministerio Público. Presidente del gremio de persecutores indica que esta medida resulta insuficiente.
A través de un documento de seis páginas, el gobierno informó al Ministerio Público los pilares que desde La Moneda se pretenden abordar en el proyecto de ley de reforma a la normativa del ente persecutor.
Durante una reunión realizada cerca del mediodía, los ministros del Interior, Andrés Chadwick, y de Justicia, Hernán Larraín, entregaron la propuesta al fiscal nacional, Jorge Abbott.
Uno de los puntos centrales apunta a la restricción en la relación entre parlamentarios y miembros del Ministerio Público. De acuerdo al documento, se propone que en los casos de gestiones o solicitudes de parlamentarios, estas deberán plantearse exclusivamente al fiscal nacional, por escrito y en un contenido que, además, será público.
La posible regulación de estos encuentros surge semanas después de que el fiscal nacional fuera cuestionado por reunirse con el senador Juan Pablo Letelier (PS), cuando se estaba desarrollando la investigación por la presunta corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Durante los últimos días de mayo, Larraín había reconocido la necesidad de regular estos encuentros, aunque sin adelantar, hasta ahora, la forma.
"Hemos pensado que lo razonable es que se circunscriban a gestiones ante el fiscal nacional, ya que este no lleva ni está a cargo de las investigaciones y, segundo, para que esa gestión no solo sea transparente, sino también hecha por escrito y así asegurar que lo que es la investigación penal no se vea interferida por acción externa de un parlamentario u otros", indicó a La Tercera.
Pese a la regulación, desde la Asociación de Fiscales la consideran insuficiente, puesto que, según opinión del presidente del gremio, Claudio Uribe, "no entiendo por qué los parlamentarios tendrían que hacer una petición a alguien del Ministerio Público, ni siquiera al fiscal nacional".
"Atendido el rol que la Constitución da a los parlamentarios, no encuentro ningún espacio para que se relacionen con el Ministerio Público. Solo se pueden relacionar en el caso de que sean intervinientes", indicó.
Chadwick consideró que es bueno restringir la comunicación entre persecutores y congresistas, asegurando que "todo lo que significa avanzar en materia de transparencia, creemos que es muy positivo".
Nombramientos
En relación a los cambios en el sistema de nombramientos de fiscales regionales y adjuntos, la propuesta entregada a Abbott aborda la creación de un Comité de Selección, cuyos integrantes estarán a cargo de elaborar las ternas para que el fiscal nacional decida finalmente el nombre. En la actualidad, esta labor está radicada en las cortes de Apelaciones.
Respecto de la composición de este equipo, el documento considera, en el caso de elección de fiscales regionales, al presidente de la respectiva Corte de Apelaciones, un representante de la Alta Dirección Pública y un académico designado entre las facultades de Derecho pertenecientes al Consejo de Rectores.
Para la elección de fiscales adjuntos, la composición del comité solo variará en el caso del magistrado del tribunal de alzada, quien sería remplazado por el fiscal regional.
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