Gobierno suma cinco pensiones de gracia otorgadas a condenados del estallido social

Ya son cinco los casos de condenados del estallido social de 2019 que han recibido pensiones de gracia vitalicia otorgadas por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El más mediático corresponde al caso de Andrés Fuica Fuica (42), quien fue condenado por saquear un supermercado en Viña del Mar en octubre del 2019, en medio de las manifestaciones y desmanes. Su pensión fue entregada dado a un parte policial que lo incluyó entre los heridos por perdigones en la Plaza Sucre, ubicada a metros del local comercial. Sin embargo, la sentencia del tribunal que condenó a dos carabineros por el caso, lo excluyó del listado de víctimas.

Cuando el gobierno lo incluyó entre los pensionados de gracia, Fuica había sido condenado por un robo. A fines de diciembre, una vez que se hizo público ese antecedente, el gobierno anunció el ingreso de indicaciones a proyectos de ley para buscar mejorar al sistema de entrega de ese beneficio.

Otro caso, según informó Ex-Ante, es el de Gabriel Allende Torres, sobre quien pesa una condena por lanzar una molotov a Carabineros en Curacaví, también en octubre de 2019. El origen de su pensión se remonta a una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por heridas con perdigones, una causa en que el ministerio Público formuló cargos contra un sargento de Carabineros por apremios ilegítimos.

Por su parte, Adán Castro Cifuentes fue condenado por dos delitos de maltrato de obra a Carabineros tras golpear a un cabo y a un sargento en un control de detención en Villarrica, en el marco de las protestas de octubre de 2019. Castro fue incluido en el listado para recibir la pensión de gracia porque -según la formalización por apremios ilegítimos en contra del sargento- recibió golpes que le provocaron “erosiones y contusiones en zona maxilo-mandibular derecha y erosiones en dorso de las manos”.

Eliseo Carrera Espinoza, en tanto, fue condenado por lanzar piedras a un carro de Carabineros en Iquique, en diciembre de 2019. En una protesta ocurrida el 3 de enero de 2020 resultó con una fractura expuesta de muñeca al recibir un tiro con una escopeta que lanzaba bombas lacrimógenas, lo que generó el beneficio otorgado por el Mandatario.

El quinto caso corresponde a Jonathan Parra Rebolledo, condenado por quemar una caseta de Carabineros en la Plaza de Armas de Talca, el mismo octubre de 2019. Fue sentenciado en un procedimiento abreviado, donde aceptó los hechos descritos por la fiscalía. Su nombre fue incluido en una querella presentada por el INDH por el delito de apremios ilegítimos, tras resultar con lesiones de perdigón que recibió el 20 de octubre de 2019, según el texto.

A estos cinco casos de pensiones vitalicias otorgadas a condenados del 18-O se suma un sexto caso polémico. Se trata de Juan Francisco Villalobos Prado, quien fue beneficiado cuando tenía una orden de detención por estafa, por la que sigue prófugo.

Una vez que se conoció el caso de Andrés Fuica, diputados de Renovación Nacional (RN) presentaron un proyecto de reforma constitucional para dejar sin efecto las pensiones de gracia de las víctimas del estallido social.

Entre los firmantes del proyecto del partido de Chile Vamos estaban el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, los tres integrantes de la comisión de Seguridad, Andrés Longton, Diego Schalper y José Miguel Castro, además de Hugo Rey, Bernardo Berger, Carla Morales, Sofía Cid, Juan Carlos Beltrán, Ximena Ossandón y Marcia Raphael.

La iniciativa busca “dejar sin efecto dentro del plazo de dos años” desde la publicación de la reforma -si se aprobase- “las pensiones de gracia concedidas a partir del año 2021 en base a la acreditación realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a sujetos afectados en el contexto del estallido social”.

En el caso de “sujetos que al momento de la concesión del beneficio o con posterioridad a ello, fueren condenados por delitos que merezcan pena aflictiva” se busca dejar sin efecto los decretos desde la publicación de la reforma.

El proyecto deja fuera -es decir, “no resultará aplicable” - para los “beneficiados en razón de una incapacidad permanente” acreditada ante el Servicio Médico Legal.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, también criticó duramente al Ejecutivo por el otorgamiento de estas pensiones.

“Nos dicen que los perseguirán ‘como perros’, pero al final les mueven la cola, los indultan o les dan pensiones vitalicias. Nos dicen que criticar la inseguridad es ‘ofender a la policía’, y resulta que el Presidente premia a quienes los agreden. Nada que hacer: al diablo siempre se le sale la cola debajo del poncho”, escribió en la red social X.