Inédito en Chile: acogen querellas contra responsables de muerte de ballenas en la Patagonia
De acuerdo con la organización Greenpeace, se trata de la primera vez que tribunales nacionales acceden a investigar y perseguir penalmente a responsables de delitos medioambientales ocurridos al interior de áreas protegidas, tras las modificaciones hechas en septiembre a la Ley 21.595.
En septiembre pasado, se introdujeron modificaciones a la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales que permiten presentar querellas por posibles infracciones al medioambiente ocurridas al interior de áreas protegidas.
Y utilizando este cuerpo legal, Greenpeace Chile, junto a una comunidad Kawésqar, presentaron dos de estas acciones judiciales contra quienes resulten responsables de la muerte en la Patagonia de dos ballenas jorobadas, especie en estado de conservación vulnerable, según la calificación del Ministerio de Medio Ambiente.
La organización ambientalista destaca que “esta acción legal representa un hito en materia de persecución de delitos contra la naturaleza, al utilizar la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, y su modificación al Código Penal para sancionar este tipo de infracciones al interior de áreas protegidas”.
En la señalada ley, se menciona que las penas serán aplicables a quienes afecten gravemente “uno o más de los componentes ambientales de una reserva de región virgen, un parque nacional, un monumento natural, una reserva nacional o un humedal de importancia internacional”, por lo que los responsables podrían ser sancionados con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, lo que podría equivaler a una pena privativa de libertad desde 5 años y 1 día, hasta 10 años más multa.
Las querellas fueron presentadas contra quienes resulten responsables de la muerte de las ballenas jorobadas, dadas a conocer entre los días 29 y 30 de octubre, al interior del Parque Nacional San Rafael y de la Reserva Nacional Kawésqar, ambas áreas protegidas.
“Debido a la gravedad de ambos casos, consideramos de suma importancia utilizar las herramientas de protección ambiental disponibles en nuestra legislación, con el objetivo de conocer las causas y responsables de estas muertes y que hechos de esta naturaleza nunca vuelvan a ocurrir en nuestros mares, y mucho menos en nuestras áreas protegidas”, explicó Roxana Núñez, abogada y especialista en Incidencia de Campañas de Greenpeace Andino.
La primera querella, se interpuso por la muerte de una ballena jorobada en las inmediaciones de uno de los centros de engorda de salmones de la compañía Cooke Aquaculture, ubicado al interior del Parque Nacional San Rafael, en la Región de Aysén; mientras que la segunda acción legal se refiere a la muerte de otro ejemplar de la misma especie, esta vez en las instalaciones de la compañía salmonera Australis Mar, al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, Región de Magallanes, donde, junto a Greenpeace Chile, se está querellando la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómadas del Mar.
Según informaron desde Greenpeace, las querellas fueron declaradas admisibles por los juzgados de Garantía de Aysén y de Punta Arenas, respectivamente.
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