Investigación a la Iglesia: habla abogado de los maristas y de uno de los imputados

Alejandro Peña es uno de los abogados que representa a la Congregación Marista en Chile, y que por instrucción de la institución ha denunciado a una decena de religiosos (hermanos) ante la fiscalía, por eventuales abusos.

¿Cómo ha sido la relación con la fiscalía?

Nuestra oficina de abogados (Peña, Fodich & Villalobos) representa a la Congregación Marista y no a los imputados, como a veces se ha indicado erróneamente. Hemos tenido una relación directa y fluida de colaboración con la fiscalía, porque ha sido la propia Congregación, desde agosto de 2017, la que ha presentado cada caso que conoció a través de un testimonio o de un relato ante el Ministerio Público, adjuntando todos los antecedentes que se tuvieron. Prueba de lo anterior, es que la columna vertebral de la investigación que lleva la fiscalía está representada por los casos que la propia Congregación ha dado cuenta ante dicho órgano. Ignoramos si la policía ha pesquisado otros casos.

A la fecha, ¿cuántas denuncias han recibido ustedes y cuantos religiosos han denunciado a la fiscalía?

Se ha presentado una treintena de denuncias a la fiscalía, acompañando el relato de las personas que manifiestan ser víctimas, independiente del año de ocurrencia. Y lo más importante, lo hemos hecho independientemente de la voluntad del afectado. Algunas de las víctimas no querían efectuar denuncia, pero de igual forma hemos noticiado esos relatos. También se han presentado cinco autodenuncias; esto es, de miembros de la Congregación o laicos que, en conocimiento de ser sindicados, aunque sea de manera indirecta, concurren inmediatamente a la fiscalía solicitando se investigue y se esclarezcan los hechos. En todos los casos se ha actuado proactivamente. Incluso se han comunicado relatos y denuncias en contra de religiosos ya fallecidos. Los imputados alcanzan a la veintena de personas, entre sacerdotes, religiosos, algunos fallecidos y laicos que se han autodenunciado.

¿Cuál es su evaluación del reciente allanamiento de la fiscalía metropolitana sur a las tres dependencias de la congregación marista en Santiago, incluyendo el IAE?

La voluntad de la Congregación por colaborar y sobre todo por encontrar la verdad, no sólo ha quedado demostrada al poner estos antecedentes en conocimiento de la fiscalía, sino también habiendo iniciado una investigación interna, de acuerdo al derecho canónico e informado oportunamente y regularmente durante todos estos meses, a otras autoridades eclesiásticas y civiles de los pasos dados para buscar la verdad: ante el Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas, del Episcopado, ante la Defensoría Nacional de la Niñez, ante autoridades del Ministerio de Educación en Santiago y en las regiones donde hay colegios maristas, incluso ante la encargada de la comisión de escucha, instalada por monseñor Scicluna. Las diligencias realizadas por el Ministerio Público en dependencias institucionales son necesarias e indispensables en la investigación de esta categoría de delitos, tal como lo indicó el persecutor, el objetivo de la diligencia era de corroboración y complementación de antecedentes ya presentados. Habiendo sido nosotros quienes denunciamos estos hechos hace un año, nos parece que estas indagaciones deberían aportar al pronto esclarecimiento de los hechos, para tranquilidad de las víctimas, de sus familias y también de las comunidades educativas maristas.

¿Han declarado ante la fiscalía otros miembros de la congregación que no hayan sido apuntados por los denunciantes, por ejemplo en calidad de testigos?

Es una muy buena pregunta, que agradezco, porque me permite aclarar un punto sobre el cual ha existido públicamente muy poca claridad. Las querellas presentadas en marzo de 2018, después de ocho meses de las primeras denuncias hechas por la congregación, son contra personas, persiguiendo responsabilidades individuales de los acusados. En consecuencia, institucionalmente no somos parte de esas querellas y por tanto no tenemos acceso a las carpetas investigativas. Suponemos que en el marco de estas indagatorias habrán comparecido a declarar otras personas, pero no lo sabemos con certeza.

En el caso del sacerdote Jorge Laplagne, capellán marista, él fue suspendido, pero, ¿la congregación no tenía información de las denuncias en su contra por hechos de 2010, como para no haberlo puesto nunca en ese puesto? 

No, efectivamente no se tenía esta información. Recién el pasado 13 de julio se recibió un llamado telefónico desde una vicaría del Arzobispado de Santiago, para informar a las autoridades del colegio Alonso de Ercilla que se iniciaría una investigación interna a nivel de Iglesia, que afectaba al padre Jorge Laplagne, quien, según esa información, que no abundó en detalles, estaba acusado de abusos. Durante esa misma tarde al padre Laplagne, de acuerdo a los protocolos institucionales y en atención a la información recibida desde la vicaría, se le comunicó de parte de las autoridades de la Congregación y del colegio, que quedaba suspendido de todas sus labores. En ese llamado, y en otras conversaciones posteriores con personeros de la vicaría, se nos informó que dicha acusación y los hechos por los cuales se investigaría a este sacerdote, no tenían relación con el Instituto Alonso de Ercilla, sino que correspondía a una situación antigua, de hacía trece años, que ahora se repondría. Posteriormente, y conforme fueron apareciendo informaciones de prensa respecto de este caso, se envió una carta al Arzobispo de Santiago, consultándole sobre las fechas de ocurrida esta denuncia, a la cual se respondió, señalando que el 27 de junio de 2018, se recibió una denuncia, y que el 11 de julio el Arzobispo dispuso realizar una investigación previa, para "determinar la verosimilitud de los hechos denunciados".

En medio de este escenario judicial, ¿han tomado contacto con el Arzobispado de Santiago?

La Congregación Marista es una comunidad de Iglesia y como tal tiene una relación directa con las autoridades eclesiásticas. Entiendo que en estos temas ha mantenido informado regularmente a la Conferencia Episcopal y sus organismos competentes en esta materia, y en enero pasado, en días previos a la visita del Papa, se le hizo llegar al Santo Padre, un completo informe de los pasos dados por la congregación, a través del Nuncio Apostólico. Pero, yendo a la pregunta,  en particular respecto a estas últimas diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía Regional Sur, no ha habido un contacto directo con organismos o personas de la Iglesia. No era necesario, todos los antecedentes que pudiera encontrar la fiscalía en dependencias de la Iglesia o en las de la Congregación, respecto de los casos que afectan a religiosos maristas, ya habían sido entregadas con antelación al Ministerio Público.

https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-investigacion-penal-la-iglesia/285813/

El pasado 13 de julio, el excanciller del Arzobispado de Santiago, sacerdote Óscar Muñoz, fue formalizado en Rancagua por abuso sexual reiterado y estupro agravado, cometido contra menores de edad. A un mes de la comunicación de cargos, Gabriel Henríquez, su abogado defensor, se prepara no sólo para pedir rebaja de la medida cautelar, sino también para pelear la prescripción de los delitos. Henríquez asegura que tenían "contemplado tentativamente una declaración de Óscar (Muñoz)", pero que ésta no se concretó, ni tampoco hubo petición formal para hacerlo.

¿Cuándo pedirá rebaja de la prisión preventiva?

En una fecha próxima.

¿Confía en que la conseguirán?

Sí, porque, primero: hay hechos que pudiesen estar prescritos; segundo, hechos que a nuestro juicio no están acreditados en la carpeta de investigación que pudiesen ser constitutivos de delitos; y tercero, hechos que se imputaron y que -me reservaré por circunstancias de orden procesal- que derechamente no son constitutivos de delito.

¿Están dispuestos a colaborar con las investigaciones por encubrimiento de las altas cúpulas de la iglesia?

Respecto de los casos que se investigan de encubrimiento, la verdad es que nosotros no tenemos conocimiento de ninguno, no hemos sido requeridos por ninguna situación de esa naturaleza. No voy a desconocer que hay una causa en que están siendo citados otros altos personeros de la Iglesia Católica, pero en relación a esos hechos no hemos tenido ninguna información, ni tampoco un requerimiento formal de parte del Ministerio Público. Si lo hiciesen, y nosotros tuviésemos algo que manifestar al respecto, por cierto que estamos llanos a declarar, como vamos a estarlo los próximos días en relación a los delitos por los cuales ya se encuentra formalizado Muñoz.

¿Sabe si en los allanamientos realizados encontraron pruebas contra su defendido y eventuales encubrimientos?

Hasta ahora, según entiendo, no están vinculados con hechos imputados o imputables a mi defendido. Diferente será mi opinión si a raíz de esas diligencias pudiesen emanar nuevos cargos o nuevas formalizaciones contra mi representado. Ahí evidentemente que las analizaré.

¿Fue una exageración decretar la prisión preventiva?

Yo diría tal vez un tanto innecesaria, porque creemos que en la audiencia de formalización ya existían antecedentes suficientes para sostener que habían hechos inimputables que estaban prescritos y que no era necesario haberlos formalizado, más allá del legítimo derecho que tiene la fiscalía y que corresponda investigarlo.

¿Han negociado con el Ministerio Público la rebaja de cautelares?

No hemos tenido ningún acercamiento en el sentido de negociar.

¿Y están dispuestos a negociar?

Si la negociación versa sobre hechos, cosas, informaciones, situaciones que nosotros podamos aportar dentro de un marco de estricta verdad, por supuesto que sí.