Irregularidades, negligencias y eventuales delitos: Cámara aprueba lapidario informe de comisión investigadora por incendios en Valparaíso

Durante la tarde de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe especial que realizó la comisión investigadora encargada de fiscalizar los actos de gobierno realizados por los ministerios, servicios públicos y la Delegación Presidencial de Valparaíso, relativos a los incendios forestales que afectaron en febrero pasado a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

El documento fue evacuado luego de 24 sesiones en las que se escucharon opiniones y declaraciones de al menos 70 personas, entre autoridades y otros invitados, y donde se despacharon 97 oficios respectivamente.

Previamente, en julio pasado se había dado a conocer un preinforme en el que se acusaron negligencias por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y un ocultamiento de información por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Sin embargo, en esta jornada, se entregó detalle cada una de las irregularidades y situaciones que afectaron en la toma de decisiones durante los siniestros.

En esta ocasión, fue el diputado Tomás Lagomarsino (IND) quien rindió el informe, detallando las conclusiones y recomendaciones de la comisión en torno a la emergencia que dejó a 137 personas fallecidas.

En torno a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se detalló que hubo graves errores en la preparación, planificación y operatividad del combate al incendio forestal en subestimar durante el transcurso del incendio el comportamiento de éste en condiciones meteorológicas extremadamente adversas y previamente conocidas.

“Hay negligencias graves e inexcusables que podrían eventualmente constituir delitos, como no haber monitoreado aéreamente su avance posteriormente a las 15.50 horas y hasta las 17.25 horas que despega un avión con misión de observación, no haber entregado información sobre la prognosis cuando le fue requerido por el mando de autoridad, no haber interpretado la gravedad del cambio de dirección a Viña del Mar y rápido avance alertado por la torre de las 17.25 horas en adelante, y haber postergado la entrega de información cuando se tomó conocimiento de que el fuego estaba a un kilómetro de Pompeya Sur a las 17.40 horas para iniciar los procesos de evacuación”, se detalla.

En torno a la Delegación Presidencial Regional, se indicó que no era idóneo que la titular, Sofía González, no estuviera disponible y fuera subrogada en el contexto de la alerta temprana preventiva, reprochando que fuese nombrada una seremi momentáneamente hasta que la delegada, tras enterarse de la magnitud del hecho, retomara sus funciones.

“Hay errores claros e inexcusables en la Delegación Presidencial Regional en cuanto a no acudir oportunamente al puesto de mando unificado, su exclusiva constitución ya exige por principio de escalabilidad la presencia de la Delegación Presidencial como mando de autoridad, requerir el desplazamiento de recursos aéreos sin contar con la proyección de Conaf del incendio y movilizarse para establecer un puesto de mando en un lugar que estaba siendo evacuado poniendo en riesgo el ejercicio de su función como máximo mando de autoridad de la región y de la provincia de Valparaíso en aquel momento”, se indicó.

En torno al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el reporte detalló que los instrumentos nacionales y regionales de respuesta ante emergencias “carecen de información práctica y concreta para la toma de decisión y coordinación de los procesos de evacuación”.

Se señaló que el 2 de febrero, el mando de coordinación “actuó como una central telefónica, de forma pasiva y expectante, siendo que debió jugar un rol de coordinación real de la emergencia”. Sumado a ello, se acusó que –al menos ese día- el organismo “no tuvo un rol real”, en la coordinación de los procesos de evacuación, más allá de la mera entrega de información.

“El sistema de registro de Senapred es arcaico y no cumple el estándar de una institución de emergencia. La institución envió tardíamente información requerida por la comisión y no fueron grabados los Cogrid regionales realizados”, dice.

A la vez, la comisión constató con información proporcionada por las autoridades del gobierno, de Bomberos y los testimonios de las víctimas, que las alertas SAE se evacuaron al menos 20 minutos después de que el fuego ya había alcanzado numerosas viviendas en algunos sectores de las comunas de Quilpué y Viña del Mar.

“Se puede concluir que las alertas de emergencia no tuvieron ninguna utilidad para los vecinos de dichas comunas. Es necesario revisar el sistema de alertas de emergencia a fin de perfeccionar los protocolos para el caso de incendios forestales”, se subraya.

Ante la simultaneidad de incendios en la zona, y las solicitudes de apoyo realizadas por los cuerpos de Bomberos de Valparaíso y Villa Alemana, se detalló que los voluntarios de Quilpué y de Viña del Mar quedaron al límite de la capacidad operativa dentro de su jurisdicción para la atención de otros eventos.

Asimismo, se señaló que la institución no tuvo “todo el apoyo del Estado”, aludiendo a que la glosa mipara Bomberos en la Ley de Presupuesto de 2024 se mantuvo inalterable y la ley de Acreencias Bancarias se ejecutó tardíamente.

“Es por ello, por lo que fue un error no haber aumentado el presupuesto de Bomberos mediante su glosa respectiva para el año 2024″, se extrae.

Respecto a las empresas sanitarias, se informó que, dada la magnitud de este siniestro, el número de grifos abiertos fue muy superior al establecido en la normativa. Por consecuencia de lo anterior, “no existió la suficiente cantidad de agua y presión requerida” en la zona de los incendios.

“Además, dado que esta situación se extendió en el tiempo, los estanques perdieron acumulación, afectándose la continuidad de los servicios en algunos sectores de Viña del Mar y Quilpué”, enfatiza.

El informe concluye que el Plan Comunal de Emergencias del municipio de Viña del Mar tenía falencias sobre los roles, funciones y coordinación en el proceso de evacuación.

Asimismo, se indicó que falta fortalecer el modelo de Plan Comunal de Emergencias de Senapred, así como los Planes Comunales de Emergencias de los demás municipios revisados, en cuanto a la descripción del proceso mismo de evacuación, como son la utilización de perifoneo y sirenas de emergencia en las zonas a evacuar.

Se alertó además que “hubo un retraso en la decisión de evacuar a la población en riesgo por Senapred, que llevó a que los municipios no pudieran encabezar oportunamente los procesos de evacuación dado el riesgo que significaba destinar a los equipos municipales y de apoyo, Carabineros y PDI a los sectores que ya habían sido alcanzados por el fuego”.

El informe detalló además que, dada la falta de herramientas propias del Estado al licitar servicios para efectos de la reconstrucción, implementación de ayudas técnicas o desarrollo de planes de prevención, existió un desacople entre la oferta privada y las necesidades de interés público, lo que ralentizó la ejecución de las ayudas, que llegaron “de manera inoportuna y con poca efectividad”.

“En función del principio de eficiencia de la actuación de la administración del Estado, es preciso robustecer las capacidades instaladas del Estado para responder de manera responsable, eficiente y oportuna y servicial”, expresa el informe.

En la instancia, se hizo énfasis además en la urgencia que existe para que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) agilice el proceso de reconstrucción, sin perjuicio de la calendarización informada sobre cada sector de la zona siniestrada.

“Es urgente agilizar los procesos de demolición suscritos ante la opinión pública y la urgencia de los damnificados. Todas las catástrofes que nuestro país ha enfrentado han dado origen a distintas experiencias que indican que es necesario fortalecer la institucionalidad en materia de reconstrucción, en vista que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no puede responder en los procesos de reconstrucción en sectores siniestrados con los mismos tiempos que se realizan en la política habitacional habitual”, se sostiene.

En la novena conclusión, el documento especifica que existe un “cierto grado de certeza” en que no se han realizado todas las obras de mitigación, tanto por entidades públicas en terrenos fiscales como de privados en sus propiedades.

“Si bien la realización de cortafuegos no hubiera evitado la propagación del incendio, dado el fuerte componente de pavesas que genera focos secundarios, sí la gestión de combustible como microbasurales, incluyendo en la autopista Troncal Sur y vegetación inflamable, sobre todo en la reserva Lago Peñuelas y los sectores urbanos de Quilpué y Viña del Mar hubiera sido vital para disminuir la cantidad de energía con la cual avanzó el incendio. Hay tareas pendientes que debe realizar el Estado en asentamientos precarios y barrios consolidados a fin de prevenir incendios y su propagación”, se recalca.

Finalmente, se consideró como relevante que el Ministerio Público investigue las eventuales responsabilidades reales que surgieron de la actuación de los organismos del Estado en el manejo de la emergencia.