Jueza Rutherford advierte al TC excesivas demoras y trabas por parte del Ejército para entregar información

El Tribunal Constitucional (TC) aclaró ayer la resolución que tomó el pasado 4 de enero, sobre la paralización total de la causa en contra del excomandante en jefe del Ejército, general (r) Humberto Oviedo. Un día antes, el 2 de julio, la ministra en visita Romy Rutherford -quien el sábado pasado procesó a Oviedo por la presunta malversación de caudales públicos por cerca de $ 4.500 millones-, envió a este tribunal un informe en que da cuenta sobre las dificultades con las que se ha enfrentando por parte de la entidad castrense para obtener información.

Este documento fue requerido por el TC luego de que el abogado de Oviedo, Gonzalo Rodríguez, alegara ante esta instancia que Rutherford continuó realizando diligencias en contra de su representado, pese a que se había suspendido en enero toda la investigación y no solo la arista "empresas de turismo", en que se investigan devoluciones de dinero a raíz de las comisiones de servicio al extranjero de oficiales.

Así, en este escrito Rutherford explicó al TC en qué cuaderno (existen 30 aristas o cuerdas sobre el caso del fraude en el Ejército) hizo la diligencia en que se requirió a la institución castrense la información sobre los programas de viajes (itinerarios de los militares en las comisiones de servicio al extranjero) de los últimos cuatro excomandantes en jefe de esta rama de las Fuerzas Armada, periodo en el que está incluido Oviedo.

"En la cuerda denominada F-A (sobre el excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, procesado por malversación de caudales públicos), esta instructora el 13 de marzo dispuso se oficiara al Ejército a fin que se remitiera, dentro del término de 15 días, todos los programas de oficiales de los viajes realizados por los comandantes en jefe desde el 2006 a la fecha", explicó la ministra en visita.

La jueza detalló que "ante tal requerimiento, el general de división, jefe del Estado Mayor Schafik Nazal Lázaro, respondió dos meses y medio después, el 29 de mayo pasado, señalando que aún no contaba con los antecedentes, por lo que solicitaba una prórroga. Esta instructora el día 30 del mismo mes reiteró la solicitud otorgándole un plazo perentorio de 10 días adicionales, haciéndole presente que carecer de la documentación relativa a las comisiones de servicio no era óbice para remitir los programas".

Luego, señaló que el 6 de junio el general Nazal cumplió "parcialmente con lo requerido, remitiendo los programas correspondientes a los años 2010 a 2019. En cuanto a la restante documentación solicitada por este tribunal y no remitida, adujo que se carecía de ella según un certificado de búsqueda firmado por el general de brigada, director de operaciones del Ejército, Cristóbal de la Cerda Rodríguez, señalando que no había encontrado los antecedentes relativos a los programas entre 2006 y 2009".

Un día después, el 7 de junio, Rutherford dijo que le pidió al general Nazal que "indicara derechamente si los documentos faltantes se encontraban o no en su poder, si estos se extraviaron, perdido, destruido o nunca habían existido, debiendo indicar en su caso si se había incoado una investigación sumario o sumario administrativo por tal motivo y, de ser así, el estado en que encontraría, y para el evento que se hubieran destruido y/o incinerado procedieran a remitir el respectivo certificado indicando el motivo y fecha que daría cuenta de ello".

Explicó también que el 24 de junio Nazal le contestó que "habiendo agotado las instancias de búsqueda fue posible encontrar únicamente los antecedentes relativos a las comisiones de servicio del periodo 2006 a 2009, sin que conste extravío, ni destrucción, ni sumario, ni investigación alguna en relación con la ausencia de los programas solicitados".

De esta forma, Rutherford da cuenta de que pese a sus insistencias, el Ejército no le entregó los programas de viajes entre 2006 y 2009 para saber qué supuestamente hacían los comandantes en jefe cuando se iban al extranjero con dinero fiscal.

Además, ayer la ministra Rutherford también envió un informe a la Corte Marcial, luego de que el abogado de Oviedo también recurriera a este tribunal para que se analizara la suspensión de la causa en contra de su representado.

En el documento, la jueza dijo que "la defensa del señor Oviedo viene a discutir recién ahora y por primera vez la separación de la causa en cuadernos independientes, no obstante haber constituido patrocinio y poder por su representado el 28 de diciembre de 2018. En efecto, no obstante haber tenido pleno conocimiento desde hace mucho, jamás cuestionó tal circunstancia, ni siquiera cuando en diciembre del año pasado su parte fue llamado a prestar declaración indagatoria en la cuerda empresas de turismo. De manera que una vez más debe entenderse que convalidó lo actuado".

Aseguró que de aceptarse la tesis del Oviedo, en el sentido que un proceso no puede ser objeto de tramitaciones separadas e independientes, y que lo pedido por él al Tribunal Constitucional fue la suspensión del procedimiento en toda la causa, "resultaría que habría que entender que la causa en su totalidad, respecto de todas las indagaciones y de todos los investigados se encuentra suspendida".

Esto, según Rutherford, "carecería de toda lógica y se transformaría, además, en un absurdo, desde que por la negativa de conocimiento de sumario dispuesta en su oportunidad respecto de uno de los inculpados -haciendo presente que a estas alturas la mayoría de ellos han accedido al sumario- se provocaría la paralización en relación con todos los involucrados y respecto de todos los ilícitos investigados con el consecuente retardo innecesario que ello conllevaría, perjudicando incluso a quienes solo desean que esta investigación sea conducida lo más rápido posible a su fin".