Justicia dicta la condena más alta por el delito de trata de personas

La Fiscalía de Osorno, en conjunto con la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de la Policía de Investigaciones (PDI), consiguieron la condena más alta en materia de trata de personas, es decir, explotar o someter a esclavitud a otro.

Los sentenciados, una pareja de ecuatorianos, fueron condenados a 15 años de presidio efectivo y multas por trata de personas y tráfico de migrantes.

Invierno de 2015. Rosa Tambaco y César Cabascango viajaron a su natal Ecuador, a la ciudad de Otávalo. Allí contactaron a Javier, de 17 años, además de John y Jonathan, de 18 años, a quienes les ofrecieron viajar a Chile, donde ambos condenados ya estaban radicados con residencia permanente, para trabajar, a cambio de 150 dólares mensuales, que serían enviados a sus familias en Ecuador una vez que regresaran.

Sus connacionales asintieron amparados en lo que conocen como "mingala", asociada a la cultura histórica otavaleña, respecto del migrante exitoso que mejora sus condiciones de vida.

"Se aprovecharon de la vulnerabilidad de estas personas y del bajo nivel socioeconómico y escolar de sus familias", advierte la comisaria Karen Hernández, jefa de la Bitrap.

Pero el sueño se esfumó rápido. El 28 de agosto de 2015, los tres jóvenes y los dos imputados ingresaron a Chile por el paso fronterizo de Colchane, en el norte. Las víctimas lo hicieron como turistas y portando mil dólares cada uno, proporcionados por la pareja.

Cruzada la frontera, les quitaron el dinero, sus pasaportes y los llevaron a Concepción. Allí, según los antecedentes de la Bitrap, dormían los tres en una cama y debían trabajar en carpintería y albañilería, reparando el puesto de artesanías de los imputados. El 9 de septiembre, al ver que las condiciones prometidas no eran tales y con ayuda de su familia, Jonathan logró regresar a su país.

Pero John y Javier no corrieron la misma suerte y fueron separados para trabajar en puestos de artesanos, instalados en distintas plazas del sur de Chile. La jornada era de 8 a 22 horas, debían cocinar, comer, bañarse y dormir dentro del mismo puesto. No hubo sueldo, solo podían quedarse con $ 3.000 diarios, con lo que debían alimentarse. Tampoco hubo remesas a sus familias.

La PDI los descubrió en Osorno, denunció los hechos y comenzó la investigación, que culminó el 14 de junio pasado con la primera sentencia por trata de personas. Condena cuestionada por la defensa mediante un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, que será revisado el 9 de agosto.

"Esperamos que la sentencia quede firme", dijo la comisaria Hernández, agregando que se está en presencia de "delitos emergentes, que nos vamos a tener que acostumbrar a investigar. Hablamos de un ilícito transnacional, que no respeta fronteras", aseguró.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., 45,8 millones de personas sufren esclavitud moderna en 167 países. En Chile, los registros de la PDI indican que al 31 de diciembre pasado había 214 víctimas de trata y 33 investigaciones formalizadas por este ilícito.

La ONU señala que Chile cumple con todos los requisitos para combatir la trata de personas. El tema preocupa al gobierno, que trabaja en dos instancias paralelas: una encabezada por el Ministerio de Justicia, donde se trabaja intersectorialmente en prevención, y otra liderada por Interior, en la que la perspectiva es la seguridad pública.