“Tengo tres años y cinco meses en Chile, de los cuales hace dos años y cinco meses presenté mi trámite de residencia definitiva y aún no me llega ni la orden de pago. ¿Cuánto más deberé esperar? Mi trabajo como cajera hoy peligra, porque no tengo carné chileno; llegué a Chile por paso habilitado y con esperanzas de una vida mejor. No existe justificación para tanta demora”.

Sofía González (31, venezolana) resumió así su preocupación por la situación migratoria actual. Su caso se suma al de miles de personas que integran la inédita lista de trámites sin resolver por parte del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Y es que según la entidad, en 2019 se otorgaron más de 88 mil residencias definitivas para extranjeros que cumplían con los requisitos de residencia temporal vigente por al menos 24 meses, una cifra que durante la pandemia bajó a 74 mil en 2020 y a 20.900 en 2021.

Eso sí, el repunte se vio en 2022, cuando el servicio aumentó a 93.989 la entrega de residencias definitivas a nivel nacional: la cifra más alta desde 2002. Al desagregar los números del pasado año se evidencia que un 52% del total de los trámites aprobados corresponde a migrantes mujeres y el resto a hombres. A esto se suma que cerca del 71% de las solicitudes pertenecen a migrantes provenientes de Venezuela, 7% de Colombia, 6% de Haití, 4% de Bolivia y 4% desde Perú.

Pero tales cifras están lejos de solucionar el problema de fondo. El Servicio de Migraciones enfrenta un rezago histórico en materia de residencias y regulación, donde actualmente existen solicitudes con hasta seis años de retraso. Así lo admitió en febrero de este año el director del servicio, Luis Eduardo Thayer, quien incluso comprometió una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos para 2023 con el fin de enfrentar y solucionar este “cuello de botella”. Un retraso que, según explican, se daría producto de los procesos de regularización extraordinaria de los años 2018 y 2021 que se llevaron a cabo por el incremento del flujo migrante.

Y parece que ha dado resultado. Según informó el Sermig a La Tercera, cuando la nueva administración asumió en 2021 había más de 500 mil solicitudes pendientes de resolución, entre residencias temporales y definitivas. Durante 2022 el servició resolvió más de 93.000 definitivas y más de 250.000 temporales, lo que implicó un volumen de tramitación “casi cinco veces superior al año 2021 en definitivas y casi tres veces superior en temporales”, recalcaron desde el servicio.

Eso sí, aún quedan cerca de 50.000 trámites de residencias temporales y 270.000 solicitudes de residencia permanente por resolver.

Desde el Servicio de Migraciones también se resalta la puesta en marcha del Programa Rezago, que “permitirá resolver en torno al 60% de las residencias definitivas pendientes; esto es unas 180.000, lo que prácticamente duplicará las resoluciones de este tipo de residencias respecto del año 2022. El programa nos permitirá también evitar que se siga incrementando el cuello de botella y seguir trabajando por normalizar el Servicio de Migraciones, puesto que las nuevas solicitudes se continuarán tramitando con otro equipo dedicado exclusivamente a ello”.

Con todo, para organismos externos en materia de migración, tales cifras no representan una solución relevante en materia de flujo regular e irregular. “Los últimos años han estado entrando por sobre las 50 mil personas solo por pasos no habilitados y las que han sido identificadas a través de denuncias o autodenuncia. El universo de solicitudes seguirá por sobre los 200 mil; las residencias entregadas siguen siendo un número pequeño”, comenta Ignacio Eissmann, director del área de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Un escenario no menor si se tiene en cuenta que la proporción de migrantes en Chile ha aumentado exponencialmente en los últimos 30 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y datos administrativos de Extranjería: entre 1992 y 2020 la cifra de población migrante ascendió de un 0,8% a un 7,5%.

Pese a que expertos en la materia han aplaudido el avance significativo que ha logrado el Sermig en materia de residencias definitivas, también hacen hincapié en que existen otras dificultades que el servicio no ha logrado resolver.

Francisca Vargas, docente y directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP, menciona que una de estas falencias se da en torno al procedimiento de refugio de las personas migrantes que ingresan a Chile y lo solicitan.

“En las últimas semanas hemos tenido bastantes problemas. Es un procedimiento donde a la gente se le niega el acceso de antemano y donde se van creando trabas que impiden a las personas acceder a este recurso, porque se cuestiona la imposición «de facto» de una fase de admisibilidad”, dice.

Según Vargas, esta última no estaría contemplada en la actual legislación, sino que, al contrario, es considerada ilegal e impuesta. Pero lo más preocupante de esta fase sería la exigencia de una declaración voluntaria de ingreso clandestino (autodenuncia) como condición para el ingreso al procedimiento que iría más allá de lo exigido por la ley.

Pero no solo eso, según detallaron desde la Clínica para Migrantes y Refugiados, debido a la fase previa de admisibilidad, solo el 3% de las solicitudes han sido aceptadas, puesto que entre 2010 y 2021 se presentaron 21.841 solicitudes de reconocimiento, de las cuales se aceptaron solo 701.

“Nos cuesta mucho entender el bajo número de refugiados reconocidos en los últimos años, que son poquísimos. Dada la situación que está viviendo Venezuela, de trata, de extorsión, de secuestro de personas que se ven en la frontera, creemos que esa es otra línea que desde el gobierno se debería fortalecer e impulsar y dar respuestas que vayan en la línea de los propios tratados que tiene Chile y estándares de respeto y aseguramiento de DD.HH.”, puntualizó Eissmann.

A principios de abril, el fiscal nacional, Angel Valencia, informó que los fiscales regionales de la RM habían acordado que todos los extranjeros que no tenían cédula nacional de identidad y fueran detenidos, se solicitaría su prisión preventiva ante los jueces de garantía, hasta establecer su identidad efectiva. El comunicado provocó que varios grupos de migrantes comenzaran a salir de Chile por la frontera norte y que limita con Perú.

Pero hoy la situación se ha descontrolado y ha provocado que más de 200 personas -entre adultos y niños- estén varadas en el paso fronterizo de Chacalluta, tratando de capear las condiciones climáticas y de sobrevivencia con carpas y mantas.

Aunque las razones de la ola de migración que se vive en el norte son variadas y complejas, los expertos sostienen que una de estas puede verse relacionada con el retraso histórico que mantiene el Sermig. “Hay muchas personas que ven que no van a resolver su situación en Chile (...) Al no haber una respuesta, al no tener un futuro o ciertas cosas que crean que puedan lograr en Chile, están queriendo volver y se están topando con un cuello de botella donde tampoco pueden pasar a Perú”, recalca Eissmann.

Pero la demora no solo se remonta al retraso en residencias definitivas, sino que también en cuanto al problema de renovación de documentos (visa) o la entrega incompleta de los registros. “Es probable que haya una relación y lo veo desde este punto de vista: un porcentaje importante de la migración que se produce hacia Chile tiene que ver con migración forzada -personas que han huido de sus países de origen- y cuando acá no tienen un visado que se adapte a estas causas forzadas de la migración, las respuestas demoran, no se otorgan o se ponen trabas y, por supuesto, las personas se aburren y se van”, analizó Vargas.

Sin embargo, desde el Sermig ahondan en que la crisis del norte responde, en principio, a aquellas personas que han ingresado irregularmente al país y no han podido integrarse con formalidad. El servicio expresa que desde su vereda se han estado gestionando todas las facilidades para que las personas que quieren salir de Chile y tienen ingreso irregular, puedan hacerlo formalmente.

Pero para lograr ese cometido, desde el SJM ahondan en la importancia de la creación de la Política Nacional de Migraciones que permitiría un nuevo mecanismo de regulación, sobre todo para personas que han ingresado por paso no habilitado. “Hubo un primer anuncio para septiembre del 2022, luego para diciembre, luego para marzo de este año y todavía estamos a la espera. Mientras esa política no esté, no hay cómo generar mecanismos que permitan avanzar en esta línea”, esbozó Eissmann.