La disputa que levantó el supuesto tesoro de Juan Fernández

El investigador Bernard Keiser lleva más de 20 años buscando un hipotético tesoro oculto en el Archipiélago Juan Fernández. Cuando el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, visitó la zona en junio, el buscador pensó en pedirle ayuda para recibir las autorizaciones necesarias y continuar sus rastreos.

Así fue como el 9 de julio pasado, según el registro de audiencias de la Ley del Lobby, el empresario se reunió con el titular de la cartera durante una hora, en compañía de dos miembros del estudio Urrutia y Compañía Abogados. Tras esto, Ward sostuvo otras reuniones para abordar el tema, que culminaron con la firma de un protocolo entre Conaf y Keiser el pasado 26 de agosto.

El abogado del empresario, José Antonio Urrutia, explica que dicha cita fue "para contar en qué estaba la búsqueda del tesoro, transmitir el optimismo de mi cliente de que lo va a encontrar y describir las actividades que se van a hacer".

Las operaciones de búsqueda en la isla Robinson Crusoe han requerido varios pasos, algunos polémicos. En noviembre de 2012, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó "la ampliación de sondajes exploratorios de restos en Puerto Inglés". En 2018, Keiser pidió una "solicitud de pertinencia" al SEA, trámite aprobado por el organismo y que buscaba ingresar maquinaria para perforar roca madre al lugar donde están permitidas las excavaciones, espacio que -según el proyecto- alcanza una superficie de 30 por 70 metros (2.100 m2).

No obstante, de acuerdo con un comunicado emitido por Bienes Nacionales, el área de intervención, considerando las 9.571 hectáreas del Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, "corresponde a 400 metros cuadrados, equivalentes al 0,0004 por ciento respecto del total".

La autorización ha generado polémica porque fue vinculada a la abrupta salida de su cargo del director regional de Conaf de Valparaíso, Pablo Mira, quien se habría opuesto a entregar el permiso para realizar las obras. La situación fue desestimada durante el fin de semana por Conaf y Bienes Nacionales, pero el exfuncionario aún no había entregado su versión de los hechos hasta hoy en la tarde.

En tanto, el Consejo Nacional de Guardaparques de Chile, el Sindicato de Trabajadores Forestales y el Colegio de Ingenieros Forestales han criticado la decisión de autorizar los trabajos, debido al cuidado que, según recalcan, debiese recibir un área protegida por el Estado y que ha sido declarada Reserva de la Biósfera por la Unesco.

Mientras tanto, un informe técnico emitido en marzo pasado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) recomendó "rechazar la solicitud de ampliación de sondajes exploratorios". En este plano, alertó que se producirían "distorsiones irreparables" en la morfología superficial y la secuencia geológica estratigráfica representativa de un sector con "potencial de ser referido como un geositio con fines educacionales y/o turísticos". Y los coletazos continúan.

Hoy, el diputado Diego Ibáñez, integrante de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para solicitar su pronunciamiento sobre la legalidad del protocolo que dio luz verde a los trabajos. Entre los argumentos se cuenta el plan de manejo del parque, en el que,  de acuerdo al artículo 25 de la Ley N° 18.362, se prohíbe "remover o extraer suelo, hojarasca, humus, turba, arena, ripio, rocas o tierra".

Al respecto, el ministro Ward señaló que "es pertinente aclarar que el Ministerio de Bienes Nacionales no autoriza, evalúa, aprueba ni rechaza documentos para los trabajos en el área del Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández, ni en ninguna zona declarada SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado)".

En cuanto a las regulaciones vigentes para casos como este, el ingeniero forestal y académico de la U. de Concepción Eduardo Peña hace notar que dentro de la legislación sobre áreas silvestres protegidas del Estado, y en cuanto a las disposiciones que facultan al Ministerio de Agricultura para modificar algunas acciones, "estas deben ser fundadas en razones de interés nacional".