La tarde de este miércoles, en un hecho poco común, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, convocó a un punto de prensa para leer un comunicado donde se refirió a la actual disputa existente entre el Ejecutivo y el Congreso debido a los reparos de la admisibilidad de proyectos de ley planteados por el Presidente Sebastián Piñera.

En el edificio institucional del TC, la ministra dio lectura a un documento, de una página de extensión, llamado “Respeto integral a la Constitución”.

Al respecto afirmó que “creemos necesario salir de nuestro habitual silencio institucional y dejar de ser leídos a través de nuestras sentencias. Son momentos en que es necesario decir algo sobre la Constitución que nos rige y respecto de la cual se nos ha encomendado su control”.

“La Constitución, reflejada en su texto y sus 47 leyes de reforma constitucional, han sido la base para el desarrollo de nuestro Estado democrático”, sentenció la magistrada.

Posteriormente añadió que “en tiempos de normalidad los dilemas constitucionales son menos importantes, pero en las encrucijadas, los textos fundamentales sirven para guiar y prevenir los conflictos sentando las bases de su solución”.

“Hoy en la Constitución están las reglas que permiten guiar el futuro. Si se debilitan, no se respetan o se declaran muertas, dicho futuro se ensombrece. Este es el momento en que debe regir más que nunca el orden constitucional que nos hemos dado”, aseguró Brahm.

Finalmente, sentenció que “respetar la Constitución no es solo función de un Tribunal. Es obra colectiva de convivencia sobre la cual construimos un Chile mejor. Por eso aspiramos a una obligación sencilla: respetemos integralmente la Constitución. A eso convocamos a todos los poderes del Estado y a todos los habitantes de nuestro país”.

Una hora antes de salir a entregar esta declaración, Brahm le avisó al pleno de lo que haría y le envió el texto. Fue entonces que sus detractores manifestaron lo “inoportuno” de la declaración.

Juan José Romero escribió en un correo electrónico que estimaba “inconveniente” una declaración como la planteada y junto a eso criticó “el procedimiento inconsulto para llevarlo a cabo”. Agregó que no existía una urgencia para hacerlo y si ella lo estimaba así debería haber citado a un pleno extraordinario. “Si se tiene presente que mañana hay pleno administrativo, esto definitivamente me parece un despropósito. Este es un nuevo paso atrás de cara a nuestras relaciones internas”, advirtió Romero.

Otro que se opuso fue el ministro José Ignacio Vásquez quien dijo que esperaba que mañana se hable en el pleno de esta situación. “Cualquier declaración a nombre del TC, debe ser materia del pleno de ministros. Por muy urgente que sea lo que se va a decir, no me parece enviar un borrador a minutos de que se declarará. Espero que se trate en el Pleno de mañana”, escribió.

Quien no quiso confrontar, pero sí dejó claro que si se trataba de una posición personal Brahm podía hacerlo, fue su predecesor en la presidencia, Iván Aróstica. “Si usted estima hacer esta declaración a título personal, no hay nada que observar. Si los sres. Ministros han de hacer observaciones, el asunto reviste una trascendencia tal, que amerita tratarlo en Pleno, meditados que sean cada uno de los puntos”, le respondió.

El ministro Rodrigo Pica, cuentan fuentes del pleno, fue quien lanzó la más dura crítica a la performance de la presidenta del TC, exponiendo que dicha declaración excedía el rol del tribunal. Comenzó diciendo que entendía las buenas intenciones que podía tener Brahm, pero que él rechazaba la declaración. “En el texto se habla en términos globales e institucionales por el Tribunal, esto no fue propuesto, discutido ni menos informado al pleno, ni tampoco a los ministros, al menos a mí y a varios más”, señaló.

Además cuestionó haber sido informados incluso después que se convocara a la prensa. “Es grave y particularmente anómalo enterarse a las 2 pm que hay una conferencia de prensa en el tribunal por parte de la Presidencia y que los Ministros y la secretaria no hayan sabido antes que la prensa y que menos hayan conocido el motivo”, dijo.

Pica agregó que “me parece absolutamente impropio entrar a terciar por los medios entre un posible conflicto o divergencia entre el ejecutivo y el legislativo (a eso parece referirse), por fuera del ejercicio de las atribuciones que el artículo 93 de la Constitución contempla, por una vía que no sean los procesos que tenemos que resolver. Los poderes colegisladores, dotados de legitimidad democrática directa, son los que deben ejercer sus roles propios de un sistema democrático, no pudiendo nosotros entrar a intervenir ni dirigir al medio de ellos en esa esfera, ni menos en favor de uno de ellos, pues no es nuestra función la de asesoría política ni menos en erigirnos en un supuesto rol de pretendida reserva moral de los órganos colegisladores, además de lo cual no somos uno de ellos”.

Apuntó a que la declaración excede el rol del TC que “ha de ser un tercero imparcial que resolverá conflictos cumpliendo con normas de competencia, procedimiento y las formalidades establecidas por la Constitución y la ley. Aún más impropio es respecto del rol de un tribunal como el nuestro, y recalco: la declaración no ha sido sometida al Pleno ni siquiera la idea de su emisión, justamente es este tipo de cuestiones las que fueron referidas a propósito del Comité de crisis como tensionantes, divisionistas y perturbadoras del funcionamiento y del clima de nuestra Magistratura. Además de lo cual integrando el comité de comunicaciones ni siquiera supimos de ésto ni menos fuimos consultados, omisión que también afecta al Pleno y al Comité de crisis”.

Pica finalizó expresando que “espero sopesen lo que una declaración de ese tipo significa, al igual que la sensación que deja instalada y el hecho de dar por sentada una sensación de ilegitimidad del ejercicio de poderes públicos, que solamente contribuye a hacer daño a nuestro sistema constitucional”.

Pocos minutos antes de que Brahm saliera a hablar, los ministros Miguel Ángel Fernández, Gonzalo García, Pía Silva y Cristián Letelier apoyaron la declaración, mientras que el ministro Nelson Pozo guardó silencio.