La nueva realidad de los profesores del I. Nacional: robos, amenazas y molotov

Cerca de dos horas duró la extensa reunión que sostuvo el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, con 125 profesores, directivos y asistentes de la educación pertenecientes al Instituto Nacional. El motivo: transmitirles las medidas que se han planteado al Ministerio de Educación, a propósito de los hechos ocurridos el sábado pasado, cuando cerca de una veintena de encapuchados ingresó al establecimiento y terminó rociando con bencina al rector y a cuatro funcionarios.

"Fui a la reunión de profesores que tenían programada para agradecerles el compromiso, la dedicación y el esmero que ponen en su trabajo, porque no han sido días fáciles para ellos", sostuvo el edil tras el encuentro.

Con esta última frase, Alessandri no se equivoca, pues durante el último año la violencia al interior del Instituto Nacional ha ido en aumento. "Los profesores con justa medida sienten miedo (...), ellos me comentaban que adentro encapuchados les han robado más de una vez sus celulares, que los han amenazado dentro del colegio, porque hoy día las puertas se abren y no hay ningún control", señaló el edil.

Frente a este tipo de situaciones y pese a que se trata de grupos minoritarios, desde el municipio solicitaron mayor presencia policial en el sector. Además, están postulando a fondos de la Intendencia Metropolitana para conseguir cámaras de seguridad.

Sin embargo, para el alcalde la solución efectiva es otra: modificar los manuales de convivencia escolar para que cualquier alumno que sea sorprendido cometiendo algún acto tipificado como delito en el Código Penal sea expulsado inmediatamente y reubicado por la Seremi de Educación en un colegio de otra comuna. Ese es uno de los requerimientos que le han hecho llegar a la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

"El propio rector del Instituto Nacional dijo que los manuales de convivencia son demasiado garantistas. 'Imagínate si como profesora un alumno que amenaza con el gollete de una botella y tú lo tienes plenamente identificado, pero el lunes tienes que ir a clases y está allí. Así puede pasar un mes y medio hasta que se decrete una sanción, que nunca llega a la expulsión", planteó Alessandri.

Desde el gremio también ven la situación del Instituto Nacional con preocupación. A través de un comunicado, el Colegio de Profesores expresó que "las agresiones perpetradas por encapuchados a profesores y funcionarios en el recinto escolar durante jornadas de recuperación de clases son un retroceso inaceptable. Eventuales luchas o acciones que violentan o se vuelven en contra de la propia comunidad escolar son estériles, contraproducentes y funcionales al modelo educativo que debemos cambiar".

Asimismo, ofrecieron apoyo gremial y jurídico a los docentes y alumnos afectados por estos hechos.

Sin embargo, la desprotección que sienten los docentes del Instituto Nacional no es ajena en el resto del país. Según cifras de la Superintendencia de Educación, las denuncias por maltrato de alumnos a docentes han ido en aumento.

El superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, explicó que "en comparación con el primer semestre del 2017, donde recibimos 40 denuncias de maltrato de alumno a docente y/o asistente de la educación a nivel nacional, hemos observado un aumento de casi 28% en el mismo período de 2018, llegando a 51".

A propósito de los hechos de violencia, que también afectaron al Liceo de Aplicación (ver secundaria), durante las últimas horas, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Mario Venegas, presentó un proyecto de ley que establece una protección especial penal para los profesores y profesionales de la educación, así como para los funcionarios de la salud, castigando con pena de cárcel -de hasta 15 años- a quienes agredan, golpeen y maltraten a estas personas. Respecto de la iniciativa, el parlamentario dijo que " como diputado y profesor no puedo dejar pasar estos hechos de violencia que han sufrido mis colegas. ".