Este martes, la coordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, dio el primer paso para terminar con el rol institucional de la primera dama: la aprobación del cambio de estatutos de la Fundación Integra Chile -una de las seis que preside-, lo que le permitirá dejar de ejercer ese cargo y que sea el ministro de Educación, hoy Marco Antonio Ávila, quien designe a una persona natural según criterio de idoneidad profesional.

Esta modificación, puntualizaron en el gobierno, refiere exclusivamente a quien nombra al presidente o presidenta del directorio y que “no existe ningún cambio asociado al estatuto laboral de las y los trabajadores de las fundaciones”, dado que no hay un traspaso de la organización a la estructura orgánica del ministerio.

De esta manera, Karamanos, pareja del Presidente Gabriel Boric, comienza a cumplir una de las promesas de campaña: en palabras del propio Mandatario, “abolir” la institución de la primera dama.

En la actualidad, Integra -dedicada a brindar educación pública y de calidad a niñas y niños entre sala cuna y kínder- es financiada por la Subsecretaría de Educación Parvularia, dependiente del Mineduc, al cual rinde cuentas. Esta cartera es la que evalúa la ejecución de sus programas.

En esa línea, las otras cinco fundaciones que forman parte de la Red de Fundaciones de la Presidencia -Chilenter, Prodemu, Artesanías de Chile, Tiempos Nuevos (Museo Interactivo Mirador) y las Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI)- seguirán el mismo camino: un cambio de estatutos que habilite al ministerio respectivo (desde el cual obtienen presupuesto) a designar la presidencia de la organización.

En específico, la presidencia de Chilenter -cuya misión es fomentar la educación y uso social de las tecnologías- también será designada por Educación. En el caso de Prodemu -dedicada a habilitar y entregar herramientas a mujeres en situación de vulnerabilidad social-, el cargo será definido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y en el de Artesanías de Chile, Tiempos Nuevos y FOJI, será elegido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Así, la idea es que el cambio de estatutos de todas las fundaciones esté concluido de aquí a fin de año.

La directora nacional de Prodemu, Marcela Sandoval (RD), comentó a La Tercera que “estamos trabajando para transmitir este cambio con la mayor transparencia y precisión posible, especialmente a los equipos de Prodemu. Hoy (martes) después del punto de prensa que dio Irina, hicimos un zoom en Prodemu con más de 250 trabajadores de todo Chile para explicarles en qué concretamente se traduce el cambio de estatutos, que no se trata de un traspaso de la fundación al Ministerio de la Mujer ni un cambio en la naturaleza legal de la fundación”.

Respecto de los estatutos, Sandoval explicó que “no tienen límite de cambios y solo se necesita una mayoría simple del directorio. Lo que se busca es mayor coordinación sectorial”.

Sin embargo, en el caso de la FOJI, la idea del traspaso ha tensionado a su directorio. “Yo, personalmente, no estoy de acuerdo. La FOJI por su historia es muy importante que siga vinculada a la Presidencia. Fue creada en este contexto por su relevancia y ha sido clave el papel que han jugado las primeras damas”, dijo Diego Matte, director del Centro de Extensión de la Universidad de Chile y tesorero del directorio, a El Mercurio.

Con la modificación de los estatutos de las seis fundaciones, terminará el cargo de coordinadora sociocultural, dado que la única función que cumple hoy en día es presidir dichas instituciones.

El traspaso de la presidencia de la Red de Fundaciones comenzó a gestarse en el primer gobierno de Sebastián Piñera, informan fuentes cercanas a la exprimera dama Cecilia Morel. La intención era modernizar el Estado y mejorar la gestión y administración pública.

Pero no fue sino hasta 2018, cuando Piñera envió un mensaje presidencial para modificar el Ministerio de Desarrollo Social, que se comenzó a concretar la primera de estas iniciativas.

Mediante una indicación -ingresada durante la tramitación del proyecto que agregaría al título de la cartera “y Familia”- se habilitó que el presidente de la Fundación de las Familias (Funfa) fuese el ministro de Desarrollo Social y Familia. Esto, finalmente, se concretó en enero de este año.

El equipo de Morel evaluó otras fórmulas para la designación de las presidencias, o incluso el traspaso de estas entidades de naturaleza privada a la estructura de los ministerios que otorgaban financiamiento, pero era necesaria una modificación legal que, luego con el estallido social y la pandemia, no encontró cabida en las prioridades legislativas del Congreso.

Se esgrimió que este proceso de cambio requería no solo la modificación de estatutos de la fundación respectiva, sino también una ley habilitante, que permitiera a cada cartera participar en la designación del cargo que hasta entonces ocupaba la primera dama.

Estos antecedentes fueron traspasados desde el equipo de Morel a Karamanos a comienzos de este año.

Jorge Barrera, abogado y académico de la Universidad de Chile y de la Universidad San Sebastián, se refiere a este punto: el plan de Karamanos “tiene dos válvulas que son distintas. Una es lo que tiene que ver con los estatutos de las fundaciones y hay que ver lo que dice cada uno de ellos”, y la otra, referida al ministerio al que entrará a formar parte la institución, “ya sea a través del nombramiento de su presidente o miembro del directorio, y ahí hay que ver la ley que regula cada uno de los servicios públicos para determinar si puede o no hacerlo. Porque si yo tengo una fundación, no puedo decir directamente ‘va a entrar el Mineduc’ u otro ministerio, porque requiero el consentimiento de esa institución”, dice Barrera.

Y para ello, explica el experto en derecho administrativo, “el servicio requiere de autorización legal expresa. Por eso es que en su momento Cecilia Morel, para aquella fundación que pasó al Ministerio de Desarrollo Social, requirió modificación legal”.

Barrera señala que si bien hay una norma marco -o paraguas- que está en el Artículo 6 de la Ley de Bases de la Administración del Estado, “disposición que habilita a los servicios públicos a formar parte de organizaciones ajenas a la administración, en algunos casos se ha entendido que ese paraguas general no es suficiente para que cada servicio público pueda llegar y a su conveniencia entrar o salir de organizaciones”.

“Mi opinión es que hay que ser cuidadoso de todos estos elementos. Cuidar que exista armonía entre las normas estatutarias”, pues “si no existe esa habilitación legal van a tener que pasar por el Congreso, a través de un mensaje presidencial. Porque hablamos de una ley que determina las atribuciones y funciones de un servicio público, lo que requiere iniciativa exclusiva del Presidente (...) Yo tengo dudas de que exista mayoría en el Congreso para aprobar una ley especial que termine con la figura de la primera dama. No están todos de acuerdo con hacerlo desaparecer. En el Senado la oposición y el oficialismo están empatados, y dudo que esta sea una agenda que la oposición comparta”.

Por su parte, Flavio Quezada, abogado y académico de derecho administrativo en la Universidad de Valparaíso, señala que el cambio anunciado hoy tiene varias aristas, entre ellas, “la modificación estatutaria de cada fundación de conformidad a las reglas establecidas en sus propios estatutos y, luego, siguiendo las exigencias propias de las fundaciones ante el Ministerio de Justicia”.

Asimismo, Quezada se refiere a las implicancias de cambiar la presidencia de las fundaciones, en términos de “una coordinación en su actuar, a fin de propender a la unidad de acción y el no entorpecimiento de sus tareas en el nuevo sector en el cual se inserten. Esto ya debería ocurrir, pero quizás se requiera algún ajuste”.