Las familias detrás del "rompe-paga"

"Es una ridiculez. Más que una ridiculez, es un paso de cuentas a personas que no tenemos nada que ver con el tema. Es derechamente impagable", dice preocupado Danilo Rifo, al enterarse de que es uno de los apoderados del Liceo Miguel Luis Amunátegui demandados por el "rompe-paga", política que está aplicando la Municipalidad de Santiago para responsabilizar a los padres por los destrozos o daños que provocan sus hijos en tomas de colegios. Esta medida podría significar que él y otras cinco familias de alumnos del liceo paguen $ 48 millones cada una por los daños.

Los hechos de la demanda, que asciende a $ 336 millones, ocurrieron la madrugada del 16 de junio, cuando vecinos del barrio Yungay alertaron a Carabineros del humo que emanaba desde el Liceo Amunátegui. El recinto llevaba 10 días en toma y la noche anterior se había realizado un evento de beneficencia, por lo que en su interior se encontraban cerca de 50 personas, entre ellos alumnos y gente externa al liceo.

El incendio se había originado en la sala de profesores y a medida que llegaba personal de Bomberos y Carabineros para controlar el caos, muchos de los jóvenes que ocupaban el establecimiento comenzaron a escapar. Ese día fueron detenidas siete personas, y de ellas solo tres eran alumnos.

Tras el incendio, personal del municipio ingresó a evaluar los daños: salas de clases en las que se habían prendido fogatas, destrozos en el casino, vidrios y puertas rotas, rayados en todo el colegio.

La reacción del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, no se hizo esperar y junto a la decisión de cerrar el semestre, también se anunció que los padres de quienes fueran responsables se harían cargo de pagar los daños.

Karem Toro, Danilo Rifo, Elizabeth Garrido, Omar Ureta, Antonio Smith y Patricio Monda son los seis apoderados que hoy están demandados por el municipio. En la demanda también se incluye al alumno Antonio Silva, quien es mayor de edad. Los padres califican la situación como injusta, pero además como un tema que les genera angustia.

El Liceo Amunátegui, uno de los más antiguos de Santiago, tiene una población escolar con altos índices de vulnerabilidad, la que se estima en un 80%. "Hay que partir de la base de que los padres tenemos a nuestros hijos estudiando en liceos municipales gratuitos porque no tenemos los medios económicos para que estudien en otro lado", dice Rifo.

I.C.G.G., hija de uno de los demandados, dijo que "nuestro liceo siempre ha sido muy vulnerable, es injusto que hagan pagar a personas de bajos recursos una deuda que no existe. Los daños del incendio no superan los 30 millones". En esa misma línea, Elizabeth Garrido, apoderada que también desconocía que era una de las demandadas, asegura que es "una locura, no entiendo por qué están aplicando esta política ahora si en ninguna otra administración se había hecho", dice.

Pero el Amunátegui no es el único colegio en el que se ha aplicado el "rompe-paga": la Municipalidad de Santiago también demandó a cuatro apoderados del Instituto Nacional por daños ocurridos en el liceo durante los días 18 y 31 de mayo, por montos que ascienden a $ 822.500 y $ 1.915.900 respectivamente.

Sandra Palma, Karim Escobedo, Lucía San Martín y Héctor Salinas son los padres de los cuatro alumnos a quienes se les atribuye la responsabilidad de los hechos.

En ambos casos las demandas se sustentan en el artículo 2.320 del Código Civil, que señala que "toda persona es responsable no solo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que tuviera a su cuidado. Así el padre, y a falta de este la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa".

Este mismo artículo fue el que consideró la sentencia que, la semana pasada, dictó la Corte Suprema y en la cual condenó a que los padres de un menor pagaran $ 3 millones como indemnización, luego de que el joven difundiera fotos íntimas de su expareja.

Una de las críticas que ha surgido desde los apoderados y alumnos afectados es que, pese a que el rompe-paga busca responsabilizar a quienes realizan daños, todos los demandados son padres de jóvenes pertenecientes a los centros de alumnos o que han sido voceros durante las tomas estudiantiles, pero que no necesariamente estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos.

En los argumentos de las causas, el municipio les atribuye la responsabilidad a los centros de alumnos por su rol como organizadores de las tomas y protestas, pese a que se reconoce que en la provocación de los daños participaron varias decenas de jóvenes. Específicamente se señala que los alumnos pertenecientes al centro de alumnos infringieron "el deber de cuidado al haber llamado a votar, aprobar y ejecutar un acto de fuerza como es una toma (...) la cual terminó con daños, destrozos e incendio".

Pero los padres demandados como sus hijos aseguran que hay una persecución. "Si se tienen pruebas de que un niño estuvo haciendo destrozos corresponde que se haga responsable, pero esto que se está haciendo con el centro de alumnos es un amedrentamiento, se busca acallar a los alumnos", dijo la apoderada del Instituto Nacional, Lucía San Martín. "No me parece que se responsabilice a los dirigentes, son inexpertos y ellos no pueden tener control de lo que hacen cientos o miles de otros alumnos", opinó Héctor Salinas.

Frente a las críticas, el alcalde Alessandri explicó que "les hemos dicho a los centros de alumnos que si están organizando por redes sociales, llamando a impedir las clases, llamando a la toma, están avalando y actuando como el organizador de la toma y frente a eso tienen una responsabilidad". Añadió que "si yo hago una fiesta y la fiesta se desbanda y queda la grande, el responsable de la fiesta es quien responde".

Desde el municipio ya se ha anunciado que en las demandas no se echará pie atrás. "Tenemos que decir basta ya. No solo se trata de exigir derechos, sino que como sostenedor tengo que hacerles ver que los actos tienen consecuencias. La inmensa mayoría de los padres está porque sus hijos estudien, y yo estoy con ellos".