Líos de plata: Gore de Antofagasta pone fin a convenio con Fundación Procultura y exige restitución de recursos
El Gobierno Regional terminó el contrato que mantenía con la institución liderada por el psiquiatra Alberto Larraín y exige la restitución de $373 millones, debido a que se constataron retrasos significativos en la ejecución del proyecto.
A través de un comunicado, el Gobierno Regional (Gore) de Antofagasta anunció que puso término de manera anticipada al convenio que mantenía con la Fundación Procultura, suscrito en el marco de un proyecto para la recuperación de fachadas en la zona de conservación histórica de la región.
La organización cofundada por el psiquiatra Alberto Larraín -cercano al Presidente Gabriel Boric- está siendo investigada por el Ministerio Público en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Aysén y Magallanes, por al menos seis convenios que suman en total $ 3.149.671.689.
En el marco de las indagatorias que lleva adelante la Fiscalía por presuntos delitos de corrupción en el traspaso de recursos desde el Estado a privados, la Fundación ProCultura es la ONG que mantiene más convenios con entidades públicas.
Los cuestionamientos a la organización surgen por las múltiples transferencias que recibió por labores muy diversas que debía realizar, pasando de pintar fachadas a realizar “turismo creativo” y hasta organizando programas para la prevención del suicidio.
En el caso de Antofagasta -convenio al cual se puso término-, la fundación debía ejecutar la iniciativa denominada “Programa recuperación de fachadas zona de conservación histórica”, que contemplaba un presupuesto de $629 millones para la fundación.
Sin embargo, el proyecto no se ha podido desarrollar por la negativa de propietarios de inmuebles a permitir la intervención. A raíz de ello, el Gobierno Regional constató un retraso significativo en la iniciativa, dando cuenta que de 19 inmuebles propuestos, 14 no se ajustaban al criterio de no selección antes indicado, mientras que los otros cinco solo reúnen 1.271 metros cuadrados de los más de 2.400 metros cuadrados que contempla el convenio.
A raíz de ello, la gobernación puso fin al contrato de manera unilateral y anticipada, sin derecho a indemnización para la fundación, ya que ésta no cumplió con los objetivos y actividades establecidas en el convenio original.
Además, se le exige a Procultura que restituya parte de los fondos que fueron entregados en el marco del proyecto, que ascienden a $373 millones, para el cual se establece un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación por carta certificada.
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