Lissette Villa: Fiscalía pide penas de 7 y 3 años para las cuatro imputadas acusadas como autoras de apremios ilegítimos

Siete años de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo fue la pena que pidieron los fiscales Marcos Emilfork y Erica Vargas en contra de dos de las cuatro imputadas en el caso de la muerte de Lissette Villa quien falleció el 11 de abril de 2016.

Se trata de las imputadas Thiare Oyarce García y Conne Fritz Castillo - educadoras de trato directo del Cread Galvarino que el 11 de abril de 2016 estaban a cargo de las niñas del establecimiento- a quienes el Ministerio Público les atribuye haber participado directamente en la muerte de la menor. A ambas se les acusó como autoras del delito consumado de apremios ilegítimos.

Según quedó acreditado en los hechos de la causa, tanto Oyarce como Fritz apremiaron a Lissette Villa "ilegítimamente, poniéndola boca abajo contra el suelo y reduciéndola violentamente por medio de maniobras físicas".

La acusación del Ministerio Público además incluye la solicitud de la pena tres años y un día de presidio o reclusión menor en su grado máximo para Jessica Figueroa Olivos, quien ejercía como coordinadora de turno de las educadoras de trato directo, y también para Mónica Monje Lutjens quien ejercía como directora del Centro Cread Galvarino.

En los casos de Figueroa y Monje, la fiscalía también las acusa como autoras del delito consumado de apremios ilegítimos. Con todo, el Ministerio Público solicita que se condene a las cuatro acusadas al pago de las costas de la causa.

Además de presentar la acusación contra las cuatro imputadas por la muerte de Villa, los fiscales comunicaron su decisión de no perseverar respecto de la exdirectora del Sename, Marcela Labraña. Según se lee en el escrito que ingresaron los persecutores la razón se funda en que no se lograron reunir "antecedentes suficientes para fundar una acusación en su contra". Sin embargo, Labraña está incluida en el listado de testigos de la fiscalía.

Pese a la presentación de la acusación, el caso aún está lejos de terminarse. Esto debido a que uno de los querellantes, quien representa al papá de Lissette Villa, solicitó la reapertura de la investigación la cual fue cerrada el pasado 23 de abril. La razón de la solicitud se sustenta en que aún habrían diligencias pendientes por realizarse. Ante esta petición, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago fijó audiencia para el 29 de mayo.