Los argumentos del gobierno ante el juez Mario Carroza para que no rebaje la sentencia del "comandante Ramiro"

Un complejo ejercicio legal, que incluye sumatoria y resta de años, así como análisis de artículos jurídicos que se complementan entre sí, es lo que definirá cuánto tiempo de prisión le queda por cumplir al exjefe operativo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Mauricio Hernández Norambuena.

El exsubversivo, quien fue extraditado la semana pasada desde Brasil y era conocido como "comandante Ramiro", estaba condenado a dos cadenas perpetuas por el homicidio del senador UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. Había sido detenido en 1993 y tres años después se fugó de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) en un canasto blindado que colgaba en helicóptero. Ahí se le perdió el rastro hasta 2002, cuando fue capturado en Brasil por su participación en el secuestro al publicista Washington Olivetto.

Su presencia en Chile ha generado una serie de discusiones respecto a cuánto tiempo deberá pasar en prisión. Primero, el gobierno de Chile se comprometió con Brasil a que no cumpliría más de 30 años de presidio, ya que es el tiempo máximo que establece la legislación de ese país. En este contexto, el Ejecutivo ha asegurado que le corresponde una pena de 27 años (contando solo los tres años que estuvo preso antes de fugarse), mientras que la familia del exfrentista indica que restan 10 años por cumplir, pues se deben abonar los 17 años que estuvo detenido en Brasil.

Además de esta discusión, una nueva disputa por la sentencia de "Ramiro" se abrió el pasado 12 de agosto, poco antes que el exsubversivo llegara a Chile y luego que el abogado Alberto Espinoza presentara un escrito ante el ministro Mario Carroza solicitando que se declare una prescripción gradual de las condenas y se rebajen las penas.

Para argumentar esta solicitud, Espinoza indicó que desde la fuga de la CAS han pasado 22 años, siete meses y 12 días. En esta línea, el abogado aseguró que el artículo 97 del Código Penal dispone que la pena impuesta por sentencia ejecutoriada prescriba en 15 años y que el artículo 98 señala que el plazo de la prescripción empieza a correr desde que se quebrantó la condena. En este caso, el punto de partida debería ser el 30 de diciembre de 1996, día en que ocurrió la fuga de la CAS.

Espinoza argumenta que si bien Chile solicitó la extradición en 2002 y esta fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil en 2004, "hasta la fecha Mauricio Hernández Norambuena sigue sin cumplir sus penas, no obstante la solicitud de extradición decretada en su contra, razón por la cual el plazo de prescripción ha corrido ininterrumpidamente".

El abogado, además, aclaró que si bien el tiempo transcurrido no alcanza para que la pena prescriba, sí es suficiente "para cubrir el tiempo de la prescripción gradual o media prescripción, en atención a lo dispuesto en el artículo 103 del Código Penal".

La respuesta del gobierno a esta pretensión llegó hasta el despacho de Carroza el pasado lunes 26 de agosto. Ahí, se pide el rechazo a la solicitud de Espinoza asegurando que no se cumplen los requisitos establecidos por la ley. ¿Por qué? El escrito emanado desde el Ministerio del Interior asegura que el artículo 103 del Código Penal establece que "si el responsable se presentare o fuese habido antes de completar el tiempo de prescripción de la acción penal o la pena, pero habiendo ya transcurrido la mitad del que se exige (...) deberá el tribunal considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas", lo que implicaría disminuir la pena.

El Ejecutivo, en este sentido, asegura que el plazo mínimo sería de siete años y seis meses. Sin embargo, "Ramiro" no alcanzó a estar este tiempo inubicable, ya que fue detenido en 2002 en Brasil y con esto se conoció su paradero. Entonces, el tiempo que transcurrió fue de seis años.

Para finalizar sus argumentos, el gobierno señaló que "no podemos dejar de hacer presente que la solicitud de la defensa ya fue realizada con anterioridad el año 2017, con un rechazo de dicha solicitud por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya resolución data del 24 de julio del mismo año".

Se espera que el ministro en visita Mario Carroza dé a conocer el viernes su decisión al respecto.