La primera gran investigación penal que se abrió por platas políticas fue el llamado caso Penta a fines de 2014 (primero se inició Corpesca, pero con menos políticos involucrados). Los principales imputados de esta causa fueron los dueños del holding Carlos Délano y Carlos Lavín, junto al exgerente general Hugo Bravo. Los tres fueron formalizados en marzo de 2015 por soborno y delitos tributarios, ligados al financiamiento ilegal de campañas políticas. Esa vez el tribunal de garantía dictaminó su prisión preventiva y cumplieron esta medida cautelar por más de un mes en Capitán Yáber. En cambio, Bravo alcanzó a estar solo una semana en la cárcel. Entre los políticos implicados estuvo el exsenador Jovino Novoa (condenado en 2015 en un procedimiento abreviado a tres años por delitos tributarios) y el exsubsecretario de Minería Pablo Wagner (condenado en 2018 en un procedimiento abreviado a cuatro años por delitos tributarios y enriquecimiento ilícito).

El caso se precipitó luego de que La Tercera revelara un audio que grabó Bravo de una conversación con Lavín (sin el conocimiento de este último), en la que el exejecutivo mencionó la entrega de dinero a políticos que en su mayoría lograron una suspensión condicional del procedimiento por delitos tributarios. Estos fueron los casos de Laurence Golborne, Pablo Zalaquett e Iván Moreira. También se mencionó a la senadora UDI Ena von Baer, pero su caso terminó en archivo provisional. Al final, a los dueños de Penta se les recalificó el delito de soborno y fueron condenados por delitos tributarios a una pena de cuatro años, una multa de $ 857 millones a cada uno y clases de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez. Bravo falleció en febrero de 2017 por problemas de salud, por lo que fue sobreseído. Para el 4 de noviembre está fijada la audiencia de preparación de juicio oral y los acusados son ejecutivos de Penta, por penas que varían entre dos a cinco años (no de cárcel), y cuatro empresas ligadas a Penta y Bravo por responsabilidad penal de la persona jurídica. Ningún político llegó a juicio. En total, hubo cinco procedimientos abreviados, 15 suspensiones condicionales del procedimiento 35 decisiones de no perseverar, seis sobreseimientos y 26 archivos provisionales.

“Penta puso de manifiesto una realidad absolutamente normalizada respecto del financiamiento, que de manera transversal existía de las campañas políticas. Hoy tengo la claridad de que la persecución penal que se inició con Penta no fue igualitaria y que no se investigó a todos los sectores con el mismo celo ni ímpetu. La voluntad de erradicar las conductas nació y murió en Penta y sus afines”, dijo la abogada de Bravo, Catherine Lathrop.

Se convirtió en la investigación por platas políticas más grande que registra la fiscalía. El caso comenzó a partir de una declaración entregada en el marco del caso Penta. Se trató del testimonio de la cuñada del exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, quien reconoció haber emitido a SQM una boleta en julio 2009, que según su propia declaración, tenía como objetivo destinar fondos a campañas políticas.

Esto abrió la puerta para que se comenzara a investigar a la minera no metálica. Así, en 2015 los fiscales fueron a las oficinas de SQM -previa orden judicial- e incautaron su información contable. A raíz de esta diligencia, comenzaron a detectar centenares de personas que habían emitido boletas ideológicamente falsas a la empresa y -según sus declaraciones- el dinero iba a parar, presuntamente, a campañas políticas de personas de partidos tanto de derecha como de izquierda.

Después de cinco años desde el inicio de las pesquisas, el 19 de octubre está fijado el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral del caso. Y solo llegarán a esta instancia ocho personas. Uno de ellos es el exgerente general de la empresa Patricio Contesse, para quien piden siete años por soborno y delitos tributarios. También está acusado el exsenador UDI Pablo Longueira, por cohecho ligado a la ley de royalty minero. La fiscalía le pide 818 días. A él se suman el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y su exasesor Cristián Wagner. Para ambos el Ministerio Público pidió cuatro años por delitos tributarios.

Hay 10 personas a las que se les aplicó un procedimiento abreviado, entre ellos, al operador político Giorgio Martelli, quien pagó entre 2012 y 2013 más de $ 300 millones de pesos a 26 personas, la mayoría de las cuales más tarde participaron en el comando de la campaña presidencial de Michelle Bachelet. El geógrafo aceptó haber emitido facturas falsas desde su empresa Asesorías y Negocios a SQM Salar y que en total, entre 2012 y 2013, facturó 23 documentos tributarios por un total de $ 246 millones.

Además, fueron sobreseídas más de 60 personas por delitos tributarios, entre ellas, el senador DC Jorge Pizarro y el exparlamentario Fulvio Rossi.

“Seis años de investigación y aún no comenzar la etapa de preparación de juicio oral es un plazo excesivo, desde esa perspectiva llama la atención que en este tipo de causas se inician de manera bombástica pero finalmente los resultados se dilatan y no cumplen con las expectativas que se generan en un principio”, dijo el abogado de ME-O, Octavio Sufán.

En rigor, Corpesca fue el primer caso por platas políticas en el país. Comenzó en 2013 con la exdiputada UDI Marta Isasi como imputada. Dos años después apareció un nuevo político involucrado: el exsenador UDI Jaime Orpis. Ambos son acusados por la fiscalía de recibir dinero a través de la emisión de boletas ideológicamente falsas por parte de terceros a la pesquera. También la fiscalía detectó la simulación de contratos falsos entre Orpis y el Senado para defraudar al Fisco a través de asignaciones parlamentarias. Por este ilícito Orpis ya está confeso. El exparlamentario fue desaforado por cohecho, delitos tributarios y fraude al Fisco, sin embargo, la Corte Suprema desestimó la imputación por lavado de activos.

“Han tenido la calidad de imputados la empresa, los parlamentarios, los particulares que emitieron boletas y aquellos que firmaron contratos falsos. Los distintos delitos investigados son cohecho y soborno, fraude al Fisco, estafa al Fisco, lavado de activos, delitos tributarios y responsabilidad penal de persona jurídica en caso de la empresa”, detalla un informe del Ministerio Público. El juicio oral empezó el 25 de marzo de 2019 y hoy se encuentra en su etapa final, con alegatos de clausura (entremedio se paralizó por cerca de cinco meses por la emergencia sanitaria). Llegaron a esta instancia Orpis, su exasesor Raúl Lobos e Isasi. Para el primero la fiscalía pide seis años por cohecho, tres años por fraude al Fisco y 12 años por delitos tributarios reiterados. Si lo condenan por todos los delitos, Orpis podría ir a la cárcel. En tanto, para Isasi el Ministerio Público pide cuatro años por cohecho y para Lobos tres años por fraude al Fisco. También está como imputada la empresa Corpesca por su responsabilidad penal de la persona jurídica y se pide de pena 20.000 UTM de multa y prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Ocho personas, muchos de ellos emisores de boletas falsas a la pesquera, lograron un procedimiento abreviado con penas que variaron entre los 61 días y tres años, entre ellos, el exgerente de la pesquera Francisco Mujica. Además, se aplicó la decisión de no perseverar “por no contarse con antecedentes suficientes para fundar una acusación” en contra de 11 imputados. Entre ellos, los exsenadores Fulvio Rossi y Hosain Sabag y los parlamentarios Carlos Bianchi y Alejandro García Huidobro.

“Luego de casi un año y medio de juicio, estimamos que tendremos veredicto a comienzo de noviembre. Todo este tiempo ha sido muy complejo para nuestro cliente, como persona y familia”, dijo el abogado de Orpis, Sergio Rodríguez.

Fue el último caso vinculado a platas políticas que se abrió en el Ministerio Público. Comenzó en 2017, luego de que en medio de las diligencias por la causa Corpesca se incautaran correos electrónicos del exgerente general de la pesquera Francisco Mujica, que daban cuenta de una presunta coordinación con ejecutivos de la Asociación de Pesqueras del Sur (Asipes) para “marcar” a parlamentarios.

Según el informe de la fiscalía respecto de estas indagatorias, Asipes “agrupa a varias pesqueras que presuntamente habrían financiado a parlamentarios de la Región del Biobío, mientras se tramitaba la Ley de Pesca”.

Luego de tres años sin pedir formalización de imputados, el 3 de septiembre pasado la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, pidió una audiencia para comunicar el cierre de la investigación. La instancia quedó fijada para hoy 6 de octubre, donde el Ministerio Público ya dijo que no perseverará y aplicará el sobreseimiento definitivo a todas las personas que han sido investigadas en la causa.

“Se adoptará la decisión de no perseverar respecto de las siguientes personas, principalmente porque se determinó que existen sólo algunos elementos que permitirían tener por configurado un delito, pero no se han podido acreditar otros, sin que se pueda descartar totalmente la participación en hecho delictual, ni tampoco comprobarla por completo”, detalla el documento de la fiscalía. Entre esas personas para las que se aplicará la decisión de no perseverar están la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe y el diputado RN Frank Sauerbaum, por los delitos de cohecho.

Además, en 2019 la fiscalía sobreseyó al exsenador UDI Pablo Longueira también por cohecho y ahora tomó la misma decisión respecto del senador Carlos Bianchi por cohecho y otras 13 personas, la mayoría por soborno.

“Es una señal de fracaso en el marco de las distintas investigaciones de corrupción, particularmente con Asipes se da cuenta de la red de corrupción que hubo por parte de las empresas pesqueras en la tramitación de la ley de pesca y en las leyes misceláneas que se discutieron. Los antecedentes (...) eran contundentes al dar señales claras de que existía una red entre la industria y diversos actores políticos que les permitía incidir de manera directa en la tramitación de distintos proyectos de ley que eran promulgados a favor de los intereses de la industria”, explicó el querellante en el caso, Matías Ramírez.