"Los terroristas llegaron a Chile": los tres llamados por avisos de bomba que afectaron a siete vuelos y 1.700 pasajeros

"Los terroristas llegaron a Chile. En la cinta 9 a la 12 habrían instalado un artefacto explosivo". Esta fue la primera alerta que ingresó el jueves, a las 13.50, al centro de atención al cliente de la Concesionaria Nueva Pudahuel, en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. La comunicación advertía sobre la presencia de una bomba en un avión comercial. La misma llamada se repetiría dos veces más, dejando un saldo de siete vuelos con alertas de presuntas bombas en su interior, 22 servicios modificados, 235 maletas revisadas y 1.700 pasajeros afectados.

Carabineros movilizó personal del Gope, la DGAC activó protocolos de seguridad, y las aerolíneas reprogramaron vuelos. En pocos minutos, eso sí, se despejaron las primeras dudas: los llamados fueron falsas alertas de bombas, nadie estaba en peligro y todo respondía a una "broma de mal gusto", como lo catalogó Carabineros.

La Fiscalía Occidente asumió las pesquisas en conjunto con el OS-9 de Carabineros, que comenzaron un proceso de análisis de los números telefónicos asociados a los llamados que ingresaron por el aeropuerto, e incluso, según antecedentes policiales, uno llegó por la Embajada de Colombia en Chile, donde a las 17.55 de la tarde una persona anónima alertaba de la presencia de artefactos explosivos en el vuelo Latam 433 que aterrizaba en Santiago, proveniente desde Mendoza.

Una hora más tarde llegó la última alerta por un vuelo que viajaba desde Santiago hacia Antofagasta. La ciudad nortina resultaría clave en la investigación, al igual que el vuelo Latam 324 que presuntamente tenía una bomba a bordo.

Los primeros peritajes en Santiago dieron cuenta de que uno de los llamados que se recibió en el aeropuerto provino desde un número telefónico asociado a Ricardo San Martín Muñoz. Sin embargo, esta identidad resultaría ser falsa, pues las alertas se emitieron desde llamadas de prepago.

El siguiente paso fue la identificación del IMEI -el número que identifica al aparato telefónico que emitió la llamada-, y así la ruta hacia la identificación del sospechoso, quien habría simulado un acento argentino y otro español al momento de hacer los llamados, comenzaba a tomar forma.

El OS-9 de Carabineros detectó que en ese teléfono había otra tarjeta "simcard", también de prepago, la que emitió una señal desde Antofagasta. Con este dato, la policía pidió al Primer Juzgado de Garantía de Santiago una orden para obtener el tráfico telefónico de este número, el que tenía una llamada a la empresa Transvip del día anterior, para ir desde el aeropuerto de Antofagasta a su casa.

Transvip entregó a Carabineros la identidad de Franco Sepúlveda Robles (29) como la persona que pidió el servicio de transporte desde el aeropuerto nortino hacia su domicilio. Con este dato, el oficial a cargo del procedimiento llegó hasta las oficinas de Latam para pedir si existían registros de esta persona como pasajero.

Las sospechas de la policía resultaron ser ciertas. Sepúlveda figuraba como pasajero del vuelo Latam 324, el mismo que supuestamente tenía una bomba, que llegó a Antofagasta a las 18.31 desde Santiago. Este llamado lo habría hecho una vez que terminó el vuelo, ya en territorio nortino, a las 18.53 de la tarde.

Con parte de las interrogantes despejadas, los carabineros fueron por Sepúlveda, funcionario de una empresa de telecomunicaciones, soltero, sin antecedentes penales y con residencia en la calle Uribe, en Antofagasta.

Carabineros, al tener contacto visual con el sospechoso, lo siguieron mientras paseaba a su perro junto a su pareja. Así, a la 1.30 de la madrugada, los policías procedieron y los detuvieron cuando entraba a su casa.

El OS-9 allanó su domicilio, donde encontró un celular marca Apple, modelo iPhone X, las dos tarjetas "simcard" y el boleto Latam 324.

Por su parte, la PDI también realizó algunas pesquisas en el caso. Según fuentes de la institución, tras las primeras amenazas, a las aerolíneas les sorprendió el manejo de los sospechosos sobre los códigos aeronáuticos, estableciendo que Sepúlveda tenía una cercanía con el aeropuerto de Santiago, pues habría trabajado ahí como vendedor. "La PDI actúo en base a hechos acontecidos, la alarma que se generó y para dar tranquilidad a la ciudadanía", explicó el subdirector operativo de la PDI, prefecto general Darío Ortega.

De vuelta a Santiago

El imputado debió ser trasladado desde Antofagasta hacia Santiago para ser formalizado. Se le presentaron cargos por amenazas, falsa alarma de emergencia e infracción a la Ley de Seguridad del Estado.

Además, el Ministerio Público contó con tres querellantes: el Ministerio del Interior y las empresa afectadas, Latam y Sky, quienes estimaron en 1.700 los clientes afectados.

Según los antecedentes que la fiscalía entregó ante el tribunal, Sepúlveda hizo tres llamadas alertando sobre la presencia de explosivos en siete vuelos. Sin embargo, las estimaciones de las empresas acotaron en 22 los vuelos que se vieron afectados, pues de manera preventiva se revisaron los equipajes de otros aviones, algunos con destino internacional como México y Estados Unidos.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, advirtió que las llamadas "pusieron en una situación de inseguridad a pasajeros que venían en vuelos (...) Son situaciones que no se pueden permitir. Vamos a pedir el máximo de sanción para este tipo de conductas".

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total para Sepúlveda y un plazo de investigación de 90 días. Además, se fijó la prohibición de acercarse al aeropuerto.

La fiscal María Teresa Herrera explicó que el imputado no llamó de forma aleatoria para alertar sobre la presencia de explosivos. Toda la información la habría entregado detalladamente. "Primero dio matrículas de los aviones y luego los números de vuelos concretos. Se cruzaron los datos. Es materia de investigación cómo supo los datos técnicos. Pero en concreto se alteró no solo los vuelos, sino que prácticamente todo el tráfico aéreo de ese día", explicó.

En tanto, el defensor del imputado, Ignacio Moya, dijo que su cliente no sufría de algún trastorno mental y dijo que desconoce el motivo por el cual este realizó esta acción. "Creemos que las medidas tomadas por el tribunal son desproporcionadas. No estamos de acuerdo con que sea un delito contra la seguridad interior del Estado, por lo tanto veremos qué recursos se puedan interponer", indicó.

Ahora, una de las aristas que se debe aclarar es qué motivación tuvo Sepúlveda para realizar estos llamados. Aún no presta declaración.

La DGAC también hizo sus reparos y dijo que "afinarán" sus procedimientos. Ricardo Gutiérrez, secretario general de Aeronáutica Civil, manifestó que "el director de la dirección realizó una reunión con Carabineros, la PDI y las aerolíneas, con el propósito de revisar la exactitud de los protocolos, porque como esto se está haciendo habitual, seguramente va a obedecer a una conducta que hay que investigar, pero no es la DGAC la que investiga".