Maltrato, hostigamiento y violencia obstétrica: las primeras denuncias que ha recibido plan de la DPP por violencia carcelaria

Buscando avanzar en una cabal protección de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad en Chile, el pasado 16 de mayo la Defensoría Penal Pública (DPP) lanzó el Sistema de Registro, Comunicación Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (Sircaivi). Es que la idea, como dijo en ese momento el defensor nacional Carlos Mora Jano, es que los internos no sólo puedan denunciar de manera más oportuna eventuales irregularidades, sino también poder dar mayor seguimiento a esos casos de manera integral.

A dos meses de su implementación, desde la entidad aseguran que el modelo está mostrando resultados. De acuerdo con el balance al que pudo acceder La Tercera, el sistema ya registra 19 denuncias por violencia institucional carcelaria.

Del total de los denunciantes, conforme al detalle, siete corresponden a imputados que se encuentran cumpliendo prisión preventiva y 12 a personas ya condenadas.

Los casos registrados hasta ahora, según reportó la institución, se refieren a golpes y otros maltratos físicos, maltratos verbales, uso innecesario de esposas y otras contenciones físicas, no entrega de medicamentos, aislamiento, hostigamiento, violencia obstétrica. Esto, en centros de detención de Talca, Colina, Coyhaique, Victoria, Puerto Aysén, Santiago Sur, Tocopilla, Biobío, La Serena y Concepción.

La jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal, Nicole Lacrampette, hizo presente que si bien aún el sistema sigue en etapa de implementación y capacitación de los funcionarios, los casos de violencia ejercida por agentes del Estado en contexto carcelario se están evidenciando a través de las denuncias recibidas.

“Lo que esperamos de este sistema es que sea una herramienta útil para poder otorgar una respuesta integral a los casos de violencia institucional, en base a asistencia jurídica, psicosocial y de salud. Por eso el sistema también involucra una mesa de trabajo interinstitucional, para dar la respuesta integral que se requiere”, dijo Lacrampette, recordando que los organismos involucrados son el Ministerio Público, Gendarmería, INDH, la Fiscalía Jurídica de la Corte Suprema y el Servicio Médico Legal.

Como sostiene la profesional, en este tipo de materia se sabía que existía una cifra negra muy alta, “evidentemente relacionada con que las personas no siempre quieren denunciar. Ahora este sistema va a propender a que salten a la luz muchos de esos casos que, anteriormente, pudieron haber quedado invisibilizados. Lo que vemos hoy es que las denuncias son de diferentes grados, entendiendo que la violencia institucional abarca distintos aspectos de la integridad personal de las personas privadas de libertad”.

En el mismo sentido, la jefa de la unidad de DD.HH. sostuvo que este sistema está pensado “de forma que mientras más grave sea el caso, se puedan decretar medidas más intensas y que también podrían implicar la participación de las demás instituciones involucradas, para que cada una, desde su rol, pueda aportar en la reparación integral. Porque acá no sólo se busca dar asistencia judicial, sino que en los distintos aspectos que la persona vulnerada requiera”.

Hasta ahora, de las denuncias recibidas, de acuerdo con el análisis realizado por los profesionales de la DPP, ninguna sería constitutiva de delito, por cuanto no se han traducido en acusaciones ante el Ministerio Público.