Marcela Cubillos, ministra de Educación: "Si la Cámara rechaza el proyecto Admisión Justa, lo volveremos a presentar en un año más"

Esta semana, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, retomó sus funciones luego de unas breves vacaciones para visitar a su hijo en EE.UU. durante Semana Santa. Su agenda no le deja mucho espacio para descansar: en febrero realizó una gira por el país para promover su proyecto Admisión Justa, con el cual busca reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) de la Ley de Inclusión. Pero esa propuesta podría sufrir un revés, pues la oposición anunció que el 13 de mayo votará contra la idea de legislar. En esta entrevista, Cubillos profundiza en ese tema, aborda los nuevos hechos de violencia en los liceos, anuncia cambios al proyecto que reemplaza al CAE y se pronuncia sobre la desmunicipalización.

La Ley Aula Segura, la primera de su gestión, ya está siendo aplicada para expulsar a algunos alumnos. Sin embargo, en Concepción la justicia ordenó reintegrar a esos escolares. ¿La ley quedó mal hecha?

Siempre las leyes son interpretadas en los tribunales y, en este caso, el recurso de protección es una garantía que existe para todos. La justicia determinará si el procedimiento se hizo conforme a Aula Segura. Esta ley busca dar seguridad a la comunidad educativa, el derecho a la educación del joven expulsado y el debido proceso, pero hay que insistir en que la violencia no tiene cabida en los colegios. Además, según la experiencia que estamos teniendo desde el año pasado, cuando un alumno expulsado es reubicado en otro colegio, deja de cometer hechos de violencia. Pero cuando alumnos lanzan molotov o rocían con bencina a una asistente de la educación, eso nos demuestra que está bien que esos alumnos sean expulsados, porque la seguridad de los docentes debe estar en primer lugar.

Pero si la violencia continúa, ¿la ley no está siendo efectiva?

Aquí hay un conjunto de aspectos y uno de ellos es que esa asistente educacional agredida no tenga que convivir con el estudiante agresor mientras dure el proceso de expulsión, y que el estudiante agresor entienda que lo que hizo es una causal de expulsión. Eso es distinto del trabajo que hay que hacer en convivencia escolar, para que ese joven abandone el camino de la violencia. Por eso, lanzaremos una actualización de la Política de Convivencia Escolar, que enviaremos a los colegios en los próximos días, que incluirá recomendaciones para mejorar la convivencia, la participación y el respeto, trabajar con niños migrantes y resolver conflictos de manera pacífica.

Respecto al proyecto Admisión Justa, la oposición en la Cámara tomó la decisión de rechazar la idea de legislar, con lo cual ese proyecto podría ser presentado de nuevo recién en un año. ¿Qué harán?

Desde el día siguiente en que anunciamos este proyecto, la oposición dijo que lo iban a votar en contra. Pero tenemos la convicción de que es justo impulsarlo, porque eliminar el mérito académico como criterio en la admisión escolar produce una injusticia muy grande para muchos estudiantes. Si la Cámara rechaza el proyecto Admisión Justa, lo volveremos a presentar en un año más, porque esto es parte de nuestro programa de gobierno. Y si insisten, entonces será un tema de discusión electoral, no solo de la elección presidencial, sino que también para elegir a parlamentarios que estén dispuestos a recuperar el derecho a elegir y valorizar el mérito.

¿Qué consecuencias cree que tendrá el rechazo del proyecto?

Los únicos beneficiados con el rechazo que está anunciando la izquierda, serán los alumnos de los colegios particulares pagados con menos mérito, porque estos liceos de alta exigencia (a los que apunta Admisión Justa) son los que han permitido a los estudiantes más vulnerables, con mucho mérito, acceder a mejores instituciones de educación superior. También entendemos que hay que ayudar a aquellos que niños que están atrás en materia educacional, pero al eliminar el mérito se produce una injusticia grande.

Un estudio del Centro de Justicia Educacional, de la UC, dice que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) no perjudica a alumnos de buenas notas, ¿no está de acuerdo?

Ese estudio nos parece delicado, porque ahí también se reconoce que el SAE no tiene un impacto en combatir la segregación socioeconómica y eso es serio, porque la gran promesa de la Ley de Inclusión era combatir la segregación. Entonces, ¿a quién está beneficiando este sistema? Si los resultados demuestran que no incide en la segregación, ¿a qué costo se está haciendo este cambio, si ni siquiera se producen los beneficios prometidos?

¿Entonces no hay espacio para ceder, por ejemplo, en el porcentaje de alumnos que serían seleccionados?

Cuando dividimos el proyecto en dos, dejando en uno de ellos la selección en liceos de alta exigencia, lo hicimos porque entendíamos que había parlamentarios que no quieren tocar el resto del sistema de admisión. Pero la oposición lo está rechazando sin siquiera escuchar a los apoderados. El SAE no lo usa ningún parlamentario para sus hijos, entonces, me parece que lo lógico es que se escuche a los apoderados en el Congreso.

Las universidades piden que, así como está corrigiendo la Ley de Inclusión que heredó, haga lo mismo con la Ley de Educación Superior, para solucionar las brechas financieras. ¿Hay alguna fórmula para abordar eso?

El cambio a la Ley de Inclusión está en nuestro programa, pero el reclamo por el diseño de la gratuidad no lo levantó el gobierno, sino que los mismos rectores, quienes se adscribieron al sistema conociendo las condiciones que tenía. Nosotros creamos un consejo asesor de rectores, donde estamos discutiendo varios temas, y uno de ellos es el financiamiento. Llevamos una sesión en esa discusión y los rectores dijeron que muchas de las cosas que plantearon en la discusión legislativa no fueron escuchadas por el gobierno anterior. Así que les dijimos que si tienen un problema con el diseño de la ley, para la sesión de este lunes lleven sus propuestas de mejora.

Otro proyecto de su agenda es el que crea el Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS), un crédito que reemplaza al CAE. Pero en el Senado, le quitaron la urgencia. ¿Van a introducirle cambios?

Nos juntamos con el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Ignacio Latorre (RD), y le llevamos propuestas que tenemos para mejorar el proyecto, después de escuchar las audiencias en la comisión. Tenemos muchos aportes, que analizamos con el Presidente Piñera, y vimos ciertos aspectos para mejorar el proyecto, porque si bien la gratuidad beneficia al 30% de los alumnos de pregrado, hay estudiantes que requieren un crédito con mejores condiciones que las del CAE, y que permita a los morosos del CAE cambiarse a este crédito. Así que esperamos acercar posiciones.

¿Qué cambios introducirán?

Queremos que quede claro que este sistema es complementario a la gratuidad y no su competencia. Así que, si el proyecto original dice que el SIFS cubrirá hasta 1,5 veces el arancel regulado, proponemos a que la cobertura sea de hasta 1,2 aranceles regulados, al igual que la gratuidad. También se nos pidió que la ley diga expresamente que el alumno que extiende su carrera y quede sin gratuidad, puede acceder a este crédito para financiar el 50% del arancel que se le cobrará. También propondremos ampliar del SIFS a las carreras semipresenciales y flexibilizar los criterios de mérito académico de acceso al crédito para los estudiantes técnicos-profesionales.

Otra reforma que debe implementar es la Nueva Educación Pública, que desmunicipalizará a los colegios. Pero la oposición acusa que usted abandonó esa labor, ¿se abre un nuevo conflicto?

Hay muchos terrenos donde las disputas son legítimas y válidas, como el financiamiento a la educación superior y en el valor del mérito escolar. Pero creemos que la implementación de la reforma a la educación pública debiera ser una zona libre de disputas políticas, porque tenemos el desafío ético de transformar al Estado en el mejor sostenedor. Estamos nombrando a los primeros directores en régimen, que duran seis años, por lo que trascienden a los gobiernos. Y próximamente presentaremos la Estrategia Nacional de Educación Pública, que durará ocho años y que se hizo con comisiones de expertos, se presentará al Congreso y será aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Por eso al nuevo director del SLE de Barrancas (el primero de la RM) le pedimos que haya más gestión y menos política, que sea una zona libre de disputas políticas y que esta reforma la hagamos con sentido país.

A diferencia del gobierno anterior, no tienen una gran reforma insigne en educación. ¿Cuál será el sello educacional del gobierno?

Poner la calidad como una prioridad. Se hicieron muchas reformas, pero no una de las más importantes, que es la calidad de los aprendizajes. Con el programa Escuelas Arriba estamos apuntando a niños que llevan más de tres años en escuelas de bajo resultado. Cuando te encuentras con un niño de 4° básico que solo aprendió lo que debía aprender en 1° básico y no más, es porque tenemos una situación de gravedad extrema. Se habla mucho de las escuelas con malos resultados, pero no de cómo condenan a los niños a tener brechas de aprendizaje difíciles de remontar.

Y en materia política, ¿ve espacio para que su marido, el senador Andrés Allamand (RN), sea candidato presidencial?

Con Andrés hemos hecho vidas políticas paralelas. Por lo tanto, las preguntas por la vida política de Andrés se las tienen que hacer a él.

¿Y usted se ve como una posible candidata presidencial?

No, nunca he actuado considerando la política como una carrera. Sé que lo dice mucha gente, pero en mi caso es verdad. Fui diputada ocho años y decidí no repostularme. Privilegio la libertad para ejercer un cargo, y cuando uno está pensando en carreras políticas, se pierde esa libertad, que la tuve cuando no dudé ni un segundo en asumir en Educación, y creo que el día en que pierda esa libertad, no podré hacer la gestión que quiero en este ministerio.