Marcela Cubillos, ministra de Educación: "Hay que mejorar la equidad del sistema de admisión para nuestros jóvenes"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, anuncia un 2019 marcado por una intensa agenda legislativa, que espera iniciar en enero con la presentación de dos nuevos proyectos de ley. Sin embargo, sabe que parte importante de la discusión del próximo año se concentrará en los cambios al sistema de educación superior y a la construcción del modelo que reemplazará al actual sistema de admisión vía PSU.

La próxima semana, muchas familias estarán atentas a los resultados de la PSU y sus postulaciones a la educación superior. La nueva ley establece que el control de este sistema va a emigrar de las universidades a la futura subsecretaría. ¿Cómo visualiza el futuro de este sistema de admisión, al que hoy se acusa de perpetuar las brechas socioeconómicas?

Así es. La ley establece que en mayo de 2019 tiene que estar el decreto que genera la Subsecretaría de Educación Superior, y en ese decreto se establece la fecha en que inicia sus funciones. Por lo tanto, probablemente la subsecretaría la tengamos en funcionamiento para el segundo semestre. También, para el sistema de admisión de educación superior, la ley establece que tienen que generarse dos comités técnicos: uno para el sistema universitario y otro para el técnico-profesional. Esos son dos comités técnicos que los queremos tener funcionando en marzo o abril, y son los que tendrán que resolver el nuevo sistema de admisión. Ahora, en términos de opinión, yo quisiera que aquí se diera un debate serio, profundo y con mucho conocimiento técnico, con el objetivo de mejorar la equidad en el sistema de acceso a la educación superior. Me tocó, como diputada, el debate con el que se cambió la Prueba de Aptitud Académica (PAA) por la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Y no tengo un buen recuerdo de ese debate.

¿No tiene una buena evaluación de la PSU?

Lo que digo es que se tomaron decisiones con mucha precipitación. Se daban conclusiones zanjadas, sin conocimientos técnicos, de decir que la PAA era discriminatoria y que la nueva prueba sí iba a corregir todas las discriminaciones. Se pasó por distintos sistemas. Me acuerdo de que en algún momento iba a haber otro, pero se termina en la PSU, que es una prueba de conocimientos y que, obviamente, los colegios con alumnos más vulnerables no alcanzan ni siquiera a terminar de pasar el currículum. Ahora tenemos la oportunidad de hacer un debate profundo. Creo que hay que ver distintas cosas: de qué manera se aumenta la equidad en los sistemas de ingreso a la universidad, de qué manera se mide también la propensión que tenga el estudiante a poder sacar adelante la carrera técnica o universitaria en la que se va a iniciar, y de qué manera se comparte responsabilidad con las instituciones en la selección de esos alumnos.

¿A qué se refiere?

Estoy diciendo que se arme un debate con mucho conocimiento técnico para lograr mayor equidad y que, obviamente, la forma en que se estructura el sistema de ingreso les dé también responsabilidad o podamos compartir responsabilidad con las instituciones de educación superior para, ojalá, decirles que si ese alumno fue seleccionado y se esfuerza durante su carrera, va a poder titularse oportunamente, porque en el fondo entró a la institución y carrera apropiada para él. Por decirlo de una manera sencilla, hacer a las instituciones corresponsables de la titulación oportuna de sus estudiantes. Hoy esos porcentajes son muy bajos.

Hoy el sistema está basado en una prueba estandarizada y en el mérito académico que cumplió el alumno durante la educación media. ¿A eso habría que sumar más elementos, por lo que dice usted, como la participación de las universidades directamente?

No quiero adelantar la discusión técnica, pero quizás habrá que darles un cierto porcentaje, como se les da hoy día a las notas por ranking académico. Hoy día se producen, por decirlo de manera muy rápida, dos factores que obviamente están distorsionando el sistema. Uno es lo que plantean apoderados de los liceos emblemáticos, de cómo los perjudica, por ejemplo, el ranking de notas.

Ellos mismos dicen "que un hijo nuestro tenga estas notas o este ranking en este colegio, de mayor exigencia, le pone inmediatamente una dificultad frente a otros". Entonces, de qué manera mantenemos los incentivos para que los alumnos se mantengan en colegios muy exigentes y no deserten de ellos. Y en segundo lugar, con aquellos que están en enseñanza media técnico-profesional y que, obviamente, enfrentan la PSU con desventaja, porque en tercero y cuarto medio tienen una enseñanza diferenciada. Esas cosas hay que corregirlas.

Usted es partidaria de revisar todo el sistema.

La ley nos obliga, y eso abre una tremenda oportunidad para hacer cambios. Hay que mejorar la equidad del sistema de admisión para nuestros jóvenes.

La nueva ley ordena también profundos cambios en materia de aseguramiento de la calidad, que podrían significar el cierre de muchas instituciones. ¿Cómo esperan afrontar situaciones como la que hoy vive la Universidad del Pacífico?

Creo que lo hemos abordado en concreto.

¿Pero no cree que están llegando a los casos cuando ya están declarados?

En el fondo, abordarlo en concreto implica, por una parte, que la primera decisión como ministra de Educación fue apurar el nombramiento del superintendente de Educación Superior y tener la Superintendencia funcionando en mayo, que es bastante antes que el plazo que la ley exigía. ¿Por qué era tan importante en mayo? Porque entonces vence el plazo de un año desde la promulgación de la entrada en vigencia de la ley de educación superior y, por lo tanto, van a entrar a regir también todas aquellas normas que exigían a las universidades adecuar y acomodar los contratos. Entonces, queríamos tener la Superintendencia funcionando lo antes posible y no al vencimiento de los plazos que nos exige tenerla en funcionamiento.

¿Qué va a pasar con la Universidad del Pacífico?

Apenas tomamos conocimiento de sus estados financieros, lo que ocurrió en octubre, se inició una investigación sin que ni siquiera hubiera denuncia formal. Porque aquí uno ha visto que la administración anterior dijo que no iniciaron investigación porque no habían tenido una denuncia formal. Bueno, sin denuncia formal iniciamos una investigación, porque nos parecía que era razonable hacerla. Esa investigación esta cerrándose en estos días.

¿Cuándo se conocerá?

En estos días, literalmente. Con ese cierre de investigación, si hay antecedentes, lo que permite es formular cargos a la universidad, designar un administrador de cierre y solicitar, en el fondo, la pérdida de reconocimiento oficial y poder, como Estado, hacernos cargo del cierre de esa universidad. Además, hicimos otra cosa como ministerio: oficiamos a todas las universidades a que publiquen en sus páginas web, en un lugar destacado, la información financiera, académica y de empleabilidad de sus carreras.

Usted ha sido crítica con el nuevo sistema de admisión escolar, conocido como "la tómbola", y habla de hacerle cambios. ¿Por dónde parten esas modificaciones y cuándo pretende hacerlas?

Este es un ministerio en que yo siento que las cifras y porcentajes no bastan, y hay que ir a atender historias concretas...

¿Lo dice porque 82% de los alumnos ha quedado en sus primeras preferencias?

Pero por Dios que es fuerte cuando vienen acá papás de hijos que postularon a primero medio con notas 6,7 y 6,9 que no quedaron en ninguna de sus preferencias, y terminan en colegios muy distintos a los que ellos habían querido toda la vida. Una niñita que vino me dijo "de qué me sirvió el esfuerzo durante todos estos años", y un papá, que vino sin su hija, porque ella estaba con depresión, me contó que la hermana más chica le decía "para qué te esfuerzas si al final da lo mismo". Es el típico ejemplo en el que los porcentajes esconden problemas que afectan de manera muy determinante la vida de un joven o una joven que se esforzó durante toda su vida.

¿Es necesario valorar el mérito académico? ¿Cómo se lograría eso?

Hay tres cambios que nos gustaría impulsar. Uno es que para efectos de postular a la enseñanza media, sí debiera considerarse de alguna manera el mérito académico y el esfuerzo. En segundo lugar, hay un problema muy humano, pero muy urgente de solucionar, que consiste en que no se considera en la priorización como hermanos a los que viven dentro de una misma casa, aunque no tengan vínculos consanguíneos, aunque es lógico que sí son hermanos y, por lo tanto, pueden tener la misma priorización. Y hay un tercer aspecto que en principio me gustaría corregir, y que hemos visto en concreto: hay colegios con muy buenos resultados, que se instalan con un proyecto de querer educar a los más vulnerables entre los vulnerables. Lo hemos visto, por ejemplo, en proyectos en Bajos de Mena, y ellos dicen "nosotros tenemos buenos resultados", y nos empiezan a llegar postulantes menos vulnerables que aquellos a los que apuntamos. Entonces, cómo no va a ser posible que ese proyecto, que tiene buenos resultados académicos, que quiere educar a los más vulnerables de los vulnerables, les aseguren solo 15%, cuando quisieran tener, quizás, un porcentaje más alto. Estamos trabajando en ellos, porque la idea es ingresar en enero algún proyecto de ley para poder introducir más justicia al sistema de admisión escolar. Estamos agendando una bilateral con el Presidente para los primeros días de enero, para poder llevarle un anteproyecto y así estar en condiciones de ingresarlo al Congreso.

¿Cuáles serán las prioridades en la agenda legislativa para 2019?

Es bastante intensa. Entre los que están en tramitación está el proyecto de gratuidad de educación técnico-profesional, el proyecto del reemplazo del CAE, y trataremos de ingresar en enero el proyecto de subvención de educación parvularia, el proyecto para reformar el sistema de admisión escolar que ya mencioné.

Durante el primer semestre estaremos con dos cosas que nos interesan bastante: una reforma a la Ley SEP, a la de subvención escolar preferencial, sobre la base de las propuestas que se hicieron en la comisión de Todos al Aula, y otra que es de reingreso escolar, que nos permita generar una nueva modalidad de reinserción escolar para jóvenes y niños que llevan mucho tiempo desvinculados del sistema formal. Mientras tanto, estamos terminando la ley de kínder obligatorio en el Congreso y estamos apoyando unas mociones en materia de ciberacoso escolar a las que también queremos dar urgencia.