Más de 121 mil personas fueron absueltas o sobreseídas en 2021: cifra representa casi un tercio de las causas

En modalidad virtual, y seguido por las máximas autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público, el defensor nacional, Carlos Mora, rindió cuenta de la gestión institucional de la Defensoría Penal Pública durante 2021.

Mora entregó detalles de la labor de los defensores en todo el país y señaló que durante el año pasado ingresaron 310. 723 causas a la Defensoría Penal Pública, precisando que de ese total, hubo 15.321 personas a las que se le aplicó prisión preventiva, cifra que representa una baja del 16,4% respecto a quienes se les impuso esta medida cautelar en 2020.

Pese a ello, advirtió que “si bien la cantidad de personas en prisión preventiva disminuyó en 16,4% en relación a 2020, no podemos dejar de preocuparnos por los 121 imputados que llevan más de dos años privados de libertad, esperando un juicio, lo que supera el límite legal y evidencia que el sistema procesal antiguo que ya creíamos superado aún no ha terminado. Más grave aún, si quienes fueron afectados en sus derechos no son responsables”.

“Desde la Defensoría Seguiremos trabajando para terminar con el abuso de la aplicación de la máxima de las cautelares y llevamos varios años mejorando nuestra tasa de solicitudes de prisión preventiva”, enfatizó, especificando que la tasa de solicitudes de revisión de esta medida cautelar pasó de 40% en 2018 a 60% en 2021.

Carlos Mora afirmó que la institución “ha advertido reiteradamente que un uso excesivo de la prisión preventiva puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que -eventualmente- terminarán condenadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ninguna sanción por ser absueltas de todo cargo”.

“El desafío, entonces, es tener siempre presente que las medidas relativas a la privación de libertad no pueden resolverse en legislaciones rápidas o también llamadas agendas cortas, sino que debe obedecer a políticas públicas cautelares pensadas, diseñadas y aplicadas desde los principios, pues son estos los cimientos de cualquier normativa democrática”, argumentó.

Asimismo, planteó que “la solución más simple para la opinión pública sería aumentar las penas de los delitos en general”.

“¿No sería mejor potenciar la investigación para que la tramitación de las causas fuera más acotada y con ello las personas enfrentaran un juicio en un plazo razonable?”, inquirió.

“Durante el año 2021 se dio el número más alto, desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, de personas imputadas que terminaron sus causas manteniendo su estado de inocencia o no fueron condenadas. Se trata de 121.342 personas. Esta cifra corresponde al 30,3% del total de causas terminadas”, informó el defensor nacional.

Respecto de esta alza, Mora explicó que el 55% de las personas que resultaron ser inocentes fueron imputadas por delitos vinculados a infracciones sanitarias, mayoritariamente a las del artículo 318 del Código Penal, el que durante 2020 y 2021 se utilizó para perseguir el incumplimiento del toque de queda y de las cuarentenas por parte de la ciudadanía.

Al respecto, hizo alusión a una seguidilla de recursos interpuestos por la Defensoría Penal Pública ante la Corte Suprema en contra de la figura penal del artículo 318, que fueron acogidos por el máximo tribunal. Eso y la posterior confirmación del Tribunal Constitucional determinaron que los ingresos masivos al sistema por infracciones sanitarias se resolvieran sin una condena penal.