Más de 50 querellas por violaciones a los DDHH y un “aumento significativo” de la población penal: Cordero entrega balance de su gestión en Justicia

Desde el Museo de la Memoria a las 10.30 de este martes y con la entonación del himno nacional, se dio inicio a la cuenta pública participativa del Ministerio de Justicia, donde el titular de la cartera, Luis Cordero, entregó un balance del primer año de gestión bajo la administración del Presidente Gabriel Boric.

La instancia contó con la presencia de diferentes autoridades, como el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el contralor general de la República y representantes de las policías.

Antes de iniciar el balance de la cartera, el ministro Cordero agradeció la gestión de su antecesora Marcela Ríos y de la otrora subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter.

Precisamente, uno de los primeros puntos que abordó el ministro, fue el trabajo realizado en torno a la búsqueda de detenidos desaparecidos y a las acciones tomadas por denuncias vinculadas a la violación de derechos humanos (DDHH).

Esa arista, explicó Cordero, “es, en nuestra opinión, uno de los aspectos claves de la agenda del sector Justicia para el año 2023, que tiene que ver con la que está vinculada a DD.HH”, ello, a propósito de que el próximo 11 de septiembre se conmemoran 50 años del golpe de Estado.

En relación a los procesos judiciales vigentes, en el caso de víctimas detenidas desaparecidas, el secretario de Estado aclaró que, actualmente el programa de DDHH participa en 599 causas.

En esa línea, destacó que durante el 2022 se presentaron 53 querellas para investigar a 61 víctimas en el marco del proyecto 355, cuyo nombre, explicó Cordero, “corresponde al trabajo vinculado con víctimas de desaparición forzada y de ejecución política respecto de la cuales el Estado no había iniciado acciones judiciales destinadas a indagar acerca de las circunstancia de su desaparición o muerte y la determinación para los responsables de esos crímenes”.

En ese contexto, se refirió los avances del Plan Nacional de Búsqueda, que contempla “el esclarecimiento de las circunstancias de la desaparición, reconstruyendo el recorrido de las víctimas hasta su última ubicación, así como también la posibilidad de identificación y restitución digna”.

Según precisó el secretario de Estado, dicho plan “se encuentra en la parte final de consolidación”, adelantando que la intención es “contar con una propuesta para finales del mes de julio”. “En este sentido, se encuentra previsto dar a conocer  el contenido del mismo en agosto de este año, con motivo del día internacional de las víctimas de desaparición forzada”.

Otro de los puntos abordados por el ministro tiene relación con la política penitenciaria. En ese sentido, manifestó que “la situación ha sido extremadamente compleja”, puesto que, según indicó, “como en pocas atenciones, hemos tenido un aumento significativo de la población penal en muy pocos meses”.

Las razones de dicho aumento, se estarían documentando, mientras el secretario de Estado adelantó que “el sistema penitenciarios chileno no estaba preparado para un aumento tan significativo como ese”.

Respecto a las acciones en la materia, enfatizó en que se ha puesto especial foco en la reinserción, ya que, según explicó, “es la única manera en largo plazo, que las demandas de seguridad sean relativamente consistentes”.

En ese sentido, detalló que las ofertas laborales han ido “aumentando y variando”. “Tenemos 21.176 ofertas laborales, 2.029 centros de educación y trabajo, 1.340 apoyos en el sistema post penitenciario y 637 que podrían ser calificadas de colocación laboral”.

Asimismo, señaló que uno de los aspectos “claves de este último periodo” ha sido mejorar las condiciones de los centros penitenciarios. Mientras, por su parte, la Escuela de Gendarmería se encuentra en proceso de transformación, “mejorando progresivamente la formación” de sus miembros.

En el caso de centros penitenciarios femeninos, Cordero destacó que el ministerio ha tomado acciones de corto, mediano y largo plazo con el fin de “resolver cuestiones claves en atención de salud, reinserción y procedimientos penitenciarios específicos asociados a las mujeres privadas de libertad, específicamente a embarazas y con hijos menores de dos años”.

En esa línea, destacó que uno de los temas de “mayor complejidad” que han abordado, tiene que ver con la situación de las madres privadas de libertad extranjeras, que se encuentran mayoritariamente en los centros penitenciarios del norte del país.