En medio de visita del TC español, Aróstica se autoasigna dos causas de condenados por el crimen de Carmelo Soria

El Tribunal Constitucional (TC) se encuentra esta semana sesionado de forma extraordinaria más temprano. Esto debido a la visita que por estos días hay de una delegación de su par español, que es liderada por el presidente del organismo de ese país, Juan José González. El anfitrión, el presidente del TC Iván Aróstica, ha organizado una serie de actividades y visitas protocolares para los jueces extranjeros que vienen a Chile para conocer la realidad nacional del organismo que procura resguardar la Constitución de 1980.

La visita de los magistrados del TC español coincide con la vista de una emblemática causa sobre violaciones a los Derechos Humanos y que, coincidentemente, involucra a Carmelo Soria, diplomático español torturado y asesinado por la DINA en julio de 1976. La semana pasada dos condenados por este crimen del régimen militar, Juan Lepe Orellana y Sergio Cea Cienfuegos, presentaron requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y solicitaron la paralización de los procesos penales -de la justicia antigua- que hoy les afectan.

Las causas -como suele suceder con aquellas materias relativas a violaciones a los DD.HH. por parte de organismo del Estado- fueron autoasignadas por Aróstica la semana pasada (quien tiene esa prerrogativa en su calidad del presidente del TC) a la Primera Sala del organismo, la que él preside y que con los ministros José Ignacio Vásquez y Juan José Romero han conformado una mayoría que -en general- vota por suspender los procesos relativos a estas materias.

Este martes a las 9:00 sesionarán las salas y hay cierta inquietud por lo que sucederá con el caso Soria teniendo en cuenta la visita de los ministros del TC español. Al interior del organismo se sostiene que podría ser muy mal visto, por parte de las visitas, el que se paralice una causa emblemática que afectó al miembro de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y en la que aún no existe una sentencia definitiva y ejecutoriada, pese a que ya han pasado más de 43 años.