Tras caso Democracia Viva: Ministerio de Justicia pedirá al CDE disolución de al menos otras 10 fundaciones que se investigan

El ministro de Justicia, Luis Cordero, informó este jueves que su cartera solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) -tal como lo hizo con la fundación Democracia Viva- la disolución de al menos otras diez entidades de ese tipo, debido a que no cumplirían con el propósito de su giro.

“En el caso Democracia Viva hay distintos tipos de acciones. Una está vinculada a la querella que interpuso el Consejo de Defensa del Estado a requerimiento de los antecedentes que entregó el Ministerio de Vivienda en su oportunidad; lo segundo son las acciones civiles que se han interpuesto también por el Consejo; y lo tercero es que el Ministerio de Justicia solicitó en ejercicio de sus atribuciones al Consejo de Defensa del Estado iniciar el procedimiento de disolución de Democracia Viva como entidad sin fines de lucro”, indicó el secretario de Estado.

Cordero explicó que “la razón que ha esgrimido el Ministerio de Justicia es que los fines para los cuales ha sido constituida esa entidad no se cumplen y, por lo tanto, ha actuado al margen de aquello que se encuentra en el estatuto que le permite la ley”.

Asimismo, precisó que la cartera está desarrollando “paralelamente, como resultado de esto, una investigación más amplia a un conjunto de fundaciones que son cerca de cuarenta y en los próximos días el Ministerio de Justicia va a requerir al Consejo de Defensa del Estado una solicitud de disolución de entre ocho y diez corporaciones y fundaciones que se encuentran en una situación similar”.

Se trata de 48 entidades investigadas, entre corporaciones y fundaciones.

“El requerimiento de disolución no es solo de Democracia Viva sino que también de otras entidades que, estando en una situación similar, han hecho abuso de la posición jurídica que les otorga la ley para ser entidades sin fines de lucro”, dijo el titular de Justicia.

En septiembre pasado el ministro había anunciado el envío de una solicitud al CDE para que el organismo recurriera a tribunales civiles para perseguir la disolución de Democracia Viva. Se trata de la primera fundación que comenzó a ser investigada -caso cero de los líos de platas políticas- tras un convenio por más de $ 426 millones entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta -visados por Carlos Contreras- y la entidad, cuyo representante legal es Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez y expulsado de Revolución Democrática al igual que Contreras.

Esta semana, en tanto, la Corte Suprema había confirmado una resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó el recurso de protección presentado por Democracia Viva para poner “correcto término” al convenio de la fundación con la seremi.

La fundación había acusado “ilegalidad y arbitrariedad” en la resolución de la repartición estatal en la que se dispuso el término al convenio y se ordenaba la restitución de los dineros y la liquidación del contrato.

El pronunciamiento fue valorado el miércoles por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien destacó que el pronunciamiento del máximo tribunal “confirma que la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta actuó dentro de sus atribuciones al poner término anticipado de los convenios con Democracia Viva y ordenar la restitución de los recursos transferidos”.

“Es importante precisar que el fisco ya ha resguardado $294 millones, que fueron embargados por la justicia desde la cuenta bancaria de Democracia Viva, y el Consejo de Defensa del Estado nos representa en la demanda que solicita la restitución de los $97 millones restantes, además de la querella en contra de los responsables por el delito de fraude al fisco en este caso”, explicó, indicando que insistirán para que los dineros sean devueltos “no importa cuánto tiempo demore este proceso”.