Ministerio Público ajusta criterios de solicitud de prisiones preventivas ante emergencia del coronavirus en Chile

Más de 14 mil personas en Chile, según antecedentes del Poder Judicial, están privados de libertad sin haber sido aún condenados. Se trata de aquellos presos que cumplen la medida cautelar más gravosa contemplada en el sistema penal: la prisión preventiva. La emergencia sanitaria que ha generado los contagios en el país del Covid-19 mantienen en alerta a los recintos penales, hasta dónde aún no hay casos confirmados.

Con todo, el sistema penal en su conjunto está realizando acciones con miras a descongestionar en alguna medida las cárceles y así afrontar de mejor forma el control de la epidemia.

Es así como desde el Ministerio Público se ha solicitado a los fiscales ajustar sus criterios de solicitud de prisión preventiva a casos en los que está en verdadero riesgo la víctima de un delito e intentar solicitar otras medidas cautelares como el arresto domiciliario total en casos donde la necesidad de cautela se ajusta a un distanciamiento social forzado por el tribunal.

Si bien el fiscal nacional, Jorge Abbott, no puede entregar instrucciones particulares, sí ha recomendado a sus fiscales regionales actuar tomando en consideración lo extraordinario de la situación actual, pero a la vez con prudencia. Ésto último porque en casos de delitos graves, si el fiscal decide que la única forma de que esa persona enfrente el proceso penal es la prisión preventiva, se tendrá que solicitar de todas formas y quedará a criterio del tribunal que ahí suceda.

Hay casos, comentan fuentes al interior del Ministerio Público, de formalizados por violencia intrafamiliar -por ejemplo- a quienes no se les puede pedir arresto domiciliario, por lo que Abbott instó a analizar “caso a caso”, sin dejar de tener en cuenta la emergencia nacional.

Hasta el momento, según varios fiscales consultados por La Tercera, los casos en que se está evitando solicitar prisiones preventivas son: mujeres jefas de hogar, imputados que arriesguen bajas penas y que sean primerizos y adultos mayores que hayan cometido delitos de bajo compromiso delictual. “El arresto domiciliario total también puede asegurarnos la comparecencia de ese imputado a los actos del procedimiento, así las cosas se logra que el individuo se aisle y además se cumple con una cautelar que impide la libre circulación”, comenta un investigador.

Quien ha valorado este cambio de criterio es el defensor nacional, Andrés Mankhe, quien señaló a La Tercera que “ya hemos notado a contar de esta semana el cambio de criterio de racionalidad que están aplicando los fiscales e incluso se ha notado en que están pasando a control de detención una cantidad menor de detenidos, lo que significa que las otras personas están siendo citadas”.

Agregó que “en el caso de peticiones de prisión preventiva, éstas están siendo menos, porque además se está llevando esto a una discusión que nosotros siempre echamos de menos y es la necesidad de cautela o el peligro efectivo para la víctima, el éxito de la investigación o la seguridad para toda la comunidad y se está solicitando y concediendo sólo en casos absolutamente justificados y eso nos parece lo óptimo desde el punto de vista de la defensa en este escenario de emergencia sanitaria en que es necesario despejar las cárceles”.

En ese sentido anunció que la Defensoría Penal Pública está haciendo un levantamiento de cuántos de sus usuarios son adultos mayores de 65 años, embarazadas o personas con enfermedades crónicas para realizar solicitudes de revisión de prisión preventiva. “Estamos identificando cuáles son estas personas que están en un grupo de riesgo del contagio para que lo más pronto posible sea sustituida su prisión preventiva por arresto domiciliario total. Existe la voluntad de que en estos casos, según me ha manifestado el propio fiscal nacional, de que la Fiscalía no se oponga a este cambio de medida cautelar. Lo importante es que todos trabajemos para disminuir el hacinamiento en estos recintos con miras al control de esta pandemia”, afirmó.

Finalmente, el defensor nacional cuestionó la estrategia de las policías en los últimos días; la que, -según sostuvo- aprovechándose de que las personas están quedándose en sus casas, “llenaron los controles de detención de personas con órdenes de detención pendiente, por delitos de baja penalidad y que quedaron citados a audiencias. No se ve bien en tiempos en que todos estamos trabajando para evitar el contacto que se da en estos procedimientos, cumplir con el distanciamiento social, el que haya un aprovechamiento con el propósito de conseguir un éxito policial”.