Ante la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados llegó la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien -en una sesión especial por la Macrozona Sur- defendió el otorgamiento de beneficios penitenciarios, tras la ola de críticas que surgieron desde la oposición por la salida dominical y trimestral que se le otorgó a los condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.

La resolución adoptada en marzo pasado por el Consejo Técnico de Gendarmería permitió que José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, condenados a 18 años de presidio por el crimen del matrimonio -ocurrido en enero de 2013- recibieron desde el 27 de marzo los beneficios de salida dominical y salida trimestral, lo que generó fuertes críticas desde la centroderecha, que en la oportunidad anunciaron un oficio al Presidente Gabriel Boric.

Durante esta tarde, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, dio respuesta a esas críticas, al afirmar que los beneficios carcelarios están regulados por varios cuerpos legales, siendo el más importante el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que data desde 1998. En el texto, explicó la autoridad, se “establece también, quiénes son las autoridades que están a cargo de la concesión de estos derechos, suspensión o revocación de estos beneficios y dicha potestad recae en el jefe del establecimiento penitenciario en el que se encuentra cada persona recluida”.

Asimismo, destacó que quienes reciben un beneficio “continúan cumpliendo su condena, en una modalidad diferente, sin que esto implique el término anticipado de la condena impuesta por los Tribunales de Justicia”.

Según la ministra Ríos, la actividades de reinserción encomendadas a Gendarmería con la población penal, “va en directo beneficio de la paz social y la seguridad” y destacó cuál será el rol del Gobierno que la nombró en el cargo al respecto. “La reinserción social está en el corazón de las políticas públicas que el Gobierno quiere abordar y es importante en dos ámbitos: tanto a nivel de Derechos humanos como también en la formulación de políticas públicas efectivas en seguridad”, afirmó la secretaria de Estado.

A su vez, también entregó cifras respecto a los beneficios otorgados en años anteriores, ya que afirmó que “Gendarmería de Chile tiene a su cargo el trabajo que regula los beneficios independiente de las autoridades de turno”.

En su detalle afirmó que durante 2019 se concedieron 1.588 salidas dominicales; mientras que el 2020 fueron 2.368 y el 2021,1.253 personas recibieron el beneficio. La ministra Ríos defendió la medida, asegurando que “es decir, en los últimos tres años se han concedido 5.209 salidas dominicales en el marco de la ley y creemos que es nuestro deber impulsar las medidas que apunten a la reinserción social y a la reincorporación de las personas a la vida en sociedad”.

“Es por eso que nuestro compromiso es continuar cumpliendo con la ley en el marco de nuestro mandato y dejar que las instituciones realicen su trabajo con estricto apego a las normas y por tanto, no hacer distinciones donde la ley no las hace”, afirmó Ríos quien estaba en compañía de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.

Luego del detalle hecho por la ministra de Justicia, los diputados y diputadas presentes procedieron a votar diversos proyectos de resolución presentados por los legisladores.

Uno de ellos fue el Proyecto de Resolución N°50, el que establece que la Cámara Baja “manifiesta su rechazo a la concesión de beneficios carcelarios en favor de José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, condenados por su participación en la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay”.

El escrito presentado por los diputados de Renovación Nacional (RN) Miguel Mellado, Jorge Rathgeb, Miguel Ángel Becker, Bernardo Berger, Francesca Muñoz, Juan Carlos Beltrán, más el UDI Álvaro Carter, plantea que “este hecho implica un cambio radical en la aplicación del Reglamento Penitenciario y de la legislación que faculta a Gendarmería para regular el otorgamiento de estos beneficios, de manera particular y excesiva respecto de ambos condenados en razón de su carácter indígena (...)”.

El texto fue aprobado por 62 votos a favor, mientras que obtuvo 46 en contra y ocho abstenciones.