El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, confirmó este domingo que el gobierno rechazó una nueva solicitud de indulto que fue ingresada y que correspondía a un detenido en el marco del estallido social. La instancia se da luego de que el pasado 21 de marzo el Tribunal Constitucional rechazara el requerimiento de senadores de oposición para impugnar siete de los indultos ortorgados por el Presidente Gabriel Boric.

“Esa solicitud ya la resolví. El solicitante fue notificado el día viernes y esa solicitud de indulto fue rechazada”, afirmó el ministro Cordero en conversación con CNN Prime.

Entre los argumentos mencionados por el titular de Justicia para impugnar el beneficio, señaló que “responde a los criterios de política que me indicó el Presidente de la República, los indultos asociados al estallido tenían un contexto y un momento, ese contexto y momento no es el que está vigente. Y además de eso, yo analicé el resto de los antecedentes en conciencia y no se daba ninguna de las hipótesis excepcionales que permitiría otorgar un indulto al margen de ese criterio de política que me definió el Presidente”.

Así las cosas, el secretario de Estado afirmó que la persona que fue detenida durante el estallido social, y que solicitó el indulto al Jefe de Estado, no presentaba antecedentes previos.

Asimismo, detalló que no se iba a continuar con la concesión de indultos presidenciales. “Hay un criterio de política que definió el Presidente de la República, que había transmitido en su oportunidad también la ministra Vallejo y Tohá, en términos de que no se iban a continuar con los indultos. Yo conversé con el Presidente, al final él definió un criterio de política, ese criterio tenía que ver con momentos que estaban vinculados a los indultos del estallido y dejó a mi evaluación si existirían otros antecedentes que yo pudiera ponderar como excepcionales, no existe ningún otro antecedente que me permita a mí ponderar en términos excepcionales”, acotó.

El ministro Cordero también explicó que analizará cada una de las solicitudes que se puedan presentar a futuro, bajo el mérito que corresponda. Sin embargo, con los casos relacionados al estallido social, aseveró que el “criterio de política pública definido por el Presidente para el contexto del estallido ya me lo transmitió”.

El titular de Justicia y DD.HH. también se refirió al número de personas privadas de libertad que se han fugado de centros penitenciarios, luego de que se conociera que uno de los responsables en el crimen de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, -quien fue baleada en la cabeza en un procedimiento por en Quilpué-, se fugó de la Cárcel de Valparaíso en el año 2021.

En aquella instancia, se escaparon otros seis sujetos del recinto carcelario, donde uno fue capturado a los pocos días. Así las cosas, el titular de Justicia enfatizó en que tras el incidente “se instruyó un sumario al interior de Gendarmería, hubo destitución y alrededor de 15 personas sancionadas adicionalmente”.

Tras ser consultado por el número de presos que se mantienen profugos, el ministro indicó que “entre el año 2021 y lo que va del 2023, entre fugas internas y externas, son 32, de las cuales en el año 2021 se produjeron 13. De ese total de personas (32), ocho han sido capturados hasta la fecha”.

Tras la muerte de la sargento Olivares, el Presidente Gabriel Boric afirmó en su cuenta de Twitter que “movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia”. Sin embargo, al ser abordado por si las personas aprehendidas por el crimen contra la uniformada podrán optar a beneficios carcelarios, dado que aún la Ley Naín no ha sido aprobada, Cordero afirmó que “la obtención de beneficios va a ser más limitada, sin embargo, el gobierno lo anunció y la ministra del Interior lo hizo. Las indicaciones vinculadas a ese proyecto de ley, que entre otras cosas lo que busca es limitar los estándares para acceder a libertad condicional, en el caso particular de quien cometa hechos y delitos contra funcionarios de Carabineros o la policía”.

Por otro lado, se anunició la suspensión de la semana distrital en el Congreso Nacional, con el fin de aprobar una serie de proyectos que den garantías y protección a las policías.

En relación con lo anterior, y al ser consultado si era necesario que muriera otro funcionario de Carabineros para agilizar la discusión legislativa, el ministro Cordero afirmó que “no era necesario llegar a esto, sin embargo, es mejor tarde que nunca. En materia de seguridad, la única manera de que los países pueden razonablemente avanzar es que convengamos en una agenda común y propósito común, de lo contrario los principales beneficiados, cuando esa agenda no tiene ese propósito común, son precisamente quienes delinquen y quienes se benefician de regulaciones. Me parece que ese acuerdo, que el lugar natural es el Congreso, no solo es inevitable, sino razonable para buscar ese propósito común”.

En otra materia, el titular del Ministerio de Justicia enfatizó en que Carabineros sigue siendo una de las instituciones que genera más confianza en los chilenos y que cumple un rol central.

“Yo creo que Carabineros sigue cumpliendo un rol central, porque Carabineros cumple un rol no solamente de orden. Carabineros no solo era un lugar donde estaba la polícia, también era un lugar donde las personas asisten por razones sociales, es decir, cumple un rol comunitario bastante más grande. Y eso explica, entre otras cosas, que nosotros deberíamos ser bastante más estricos en las normas de protección hacía la policía”, concluyó el ministro.