Narcocasas: las reacciones de protagonistas, gobierno y alcaldes

Uno de los que han sido más duros con la medida impulsada desde el municipio de La Florida ha sido el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS).

El subsecretario la semana pasada defendió el proyecto que busca modificar la ley de drogas -impulsado en el gobierno de Piñera-, que requiere, entre otras cosas, entregar más herramientas a las policías, fiscalías o la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

A raíz de ello, Monsalve dijo que la modificación al proyecto de ley “permite no demoler una casa, sino demoler el patrimonio de las organizaciones criminales”.

“Demoler una casa es muy significativo para quienes viven en el barrio, porque es sinónimo de delito y temor, y resuelve esa sensación de temor; pero esa organización criminal va a comprar otra casa. Por lo tanto, la pregunta es si resuelve el problema. Yo diría que es más efectista que efectivo (...)” (Radio Cooperativa, 13 de marzo).

La jefa de la cartera de Interior no ha mostrado una opinión categórica sobre la idea. Por ejemplo, el 23 de febrero, cuando se llevaba a cabo la segunda demolición de estas “narcocasas”, dijo que “nosotros, por el momento, lo que hacemos es mirar con atención y tratar de ver también la evolución de los casos” (Radio ADN, 23 de febrero).

En esa oportunidad también mencionó que en el Congreso se encontraba un proyecto de ley contra el crimen organizado, el cual fue aprobado el día martes en la Cámara de Diputados y se convirtió en ley. En este se contempla la reestructuración de la asociación ilícita, cambios en las técnicas de investigación, entre otras medidas.

“Con el alcalde Carter tenemos estilos de trabajo distintos. A nosotros nos gusta hacer las cosas con más sobriedad, pero estamos apuntando en una dirección, la misma, se supone. Entonces, en lugar de dispararnos entre nosotros, apuntemos al objetivo. (…) En polémicas estériles no vamos a estar” (24 Horas, 22 de marzo).

“Lo que el alcalde está utilizando son atribuciones que le entrega la ley general de urbanismo y construcción para demoler edificaciones que no están regularizadas o que no tienen permiso de edificación (...) Encontraron una manera ingeniosa de abordar este tema” (Meganoticias, 5 de marzo).

Lo que se veía como una valoración favorable a lo realizado por el alcalde de La Florida desde el titular de Justicia, Luis Cordero, terminó ayer en una suerte de un reproche hacia las formas en las que se generó la identificación de las “narcocasas”. Pues, para eso, el edil de La Florida contempló, además de la notificación de construcciones irregulares entregadas al director de obras municipales de la comuna, informes de fiscalía que identificaban la actividad relacionada al narcotráfico en aquellos inmuebles.

Lo último llevó a que Cordero pusiera el foco en cómo se gestionó la acción de demolición.

“Es bien relevante si esa información se transmitió estando pendientes las investigaciones (...) Miraría la orden del sumario administrativo, porque para el Ministerio Público es bien sensible que antecedentes que forman parte de una investigación circulen con normalidad, por razones obvias” (T13Radio, 23 de marzo).

“Aprovechamos una oportunidad que da la ley para golpear a aquellos que construyen ilegalmente (...) No se trata de notificar a personas comunes y corrientes, se trata de notificar a personas que durante décadas se han adueñado de las poblaciones”. (Biobío, 13 de enero)

Así, el 13 de enero, el edil de La Florida -que no ha ocultado sus ganas de ser presidenciable- confirmaba que en las próximas semanas se llevaría a cabo el proceso de demolición de 20 casas que contasen con ampliaciones irregulares, no autorizadas por el municipio y calificadas de casas con dueños narcotraficantes por el Ministerio Público. La primera demolición fue el 9 de febrero, en plena temporada de incendios en el centro-sur del país. Pese a ello, la maniobra del alcalde se tomó la pantalla en matinales.

Hasta ahora, son cuatro las narcocasas demolidas con la presencia de Carter. La última, realizada el miércoles, contó con protestas y detenidos. Allí, Carter aprovechó de responder al subsecretario Monsalve que llamó su acción de demolición más “efectista que efectiva”.

“A un tipo que tiene una casa narco habrá que demolerlo todas las veces que sea necesario”, respondió el alcalde. (Emol, 22 de marzo).

“Creo que no hay ninguna autoridad pública en el Estado que pueda sostener que una medida como esa puede ser la solución única, pero siempre se valoran las iniciativas de los distintos agentes del Estado que ayudan a combatir eficazmente al narcotráfico” (CNN Chile, 22 de marzo).

Hasta la mañana del miércoles, mientras se realizaba la demolición de la cuarta “narcocasa”, la postura del fiscal nacional -asumido en enero- era favorable a la medida del edil, pues añadía a lo anterior que “todos los esfuerzos que apunten en esa dirección son positivos”.

Pero, mientras transcurría el miércoles de esta semana, el Ministerio Público, a cargo de Valencia, inició un sumario contra quienes proporcionaron “de manera no oficial un listado de casas a la Municipalidad de La Florida que se encuentran vinculadas a investigaciones penales vigentes”, según indica un documento difundido desde el organismo.

Ello llevó a que Carter, a las horas, reaccionase, diciendo que “esperábamos un tiro de los narcotraficantes, no del fiscal nacional” (Radio Agricultura, 22 de marzo).

“Trataría de seguir la ruta del dinero, porque creo que en Chile nosotros no hemos usado suficientemente bien la ruta del dinero en el caso del narcotráfico y del crimen organizado” (Radio Infinita, 15 de marzo).

Esa fue la resolución que dio la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI) -diferenciándose de su símil de La Florida- hace unas semanas.

La edil -también carta presidenciable para la derecha- no ha calificado ni positiva ni negativamente las acciones de Carter, aunque dio su perspectiva -en conversación con Radio Imagina- de qué haría de encontrarse en la situación del alcalde de La Florida.

“Yo, por lo menos, lo que haría sería, en ese caso, es decir ‘mmm, aquí se mueve mucha plata. ¿De dónde viene la plata? ¿Habrá lavado de dinero? ¿Habrá narcotráfico’. Me acercaría a la fiscalía y le daría los datos de dónde están construyendo una casa que claramente está exhibiendo mucho dinero (...)”.

“No sé qué irá a pasar ahora, no sé si esto siga. Ojalá no se frene” (Emol, 23 de marzo).

A raíz del sumario que inició la fiscalía, el vecino comunal de Carter, Germán Codina (RN), reveló el día jueves -en Emol-, que él también solicitó información sobre presuntas “narcocasas” en su comuna al fiscal Héctor Barros, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur.

Aunque precisó que en su búsqueda de información también está el eje de ser objetivo y lograr determinar si es que este movimiento es “realmente efectivo” contra el narcotráfico.

Sin embargo, lejos de estar en contra de la medida -y dándole un pequeño espaldarazo al edil vecino-, criticó al gobierno, diciendo que “el enemigo no es el alcalde Carter, el enemigo es el narcotráfico”. Codina también aparece en la lista corta de personajes mejores evaluados de la derecha.

La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), hasta ahora ha sido escéptica de los efectos que puedan traer las acciones realizadas por Carter.

“Yo no podría decir que es una mala política, pero sí es una política que tiene más impacto comunicacional”, dijo Leitao el 7 de marzo a radio ADN.

A ello se suman sus críticas más recientes, en las que, por ejemplo, habló sobre el rol de la fiscalía y la efectividad que brinda consigo el proceso concretado con la institución.

“Yo prefiero lo que nosotros hemos hecho con fiscalía, que es más profundo. La fiscalía ha llegado hasta el final de una causa, ha decomisado casas y nos las ha entregado a nosotros para la administración” (Radio ADN, 22 de marzo).