Nueva Educación Pública: senadores de oposición acusan a Piñera y Cubillos de querer hacer "fracasar" proyecto de Bachelet

A través de un documento difundido este miércoles, los 24 senadores de oposición, acusaron al gobierno del Presidente de Sebastián Piñera de querer hacer "fracasar" la Ley de Educación Pública, normativa más conocida como "Desmunicipalización" y que fue aprobada durante el mandato de Michelle Bachelet.

Dicha ley estableció la creación de la Dirección de Educación Pública (DEP), dependiente del Ministerio de Educación, además de 70 Servicios Locales de Educación (SLE). Estos, por su parte, corresponden a servicios descentralizados y dirigidos por un Director Ejecutivo. Lo estipulado definía que cuatro de ellos comenzarán a funcionar en 2018.

Junto con aquello, la Desmunicipalización contemplaba aumentar recursos y otorgar facultades resolutivas a los Consejos Escolares en materia de programación anual y reglamento interno.

Teniendo en cuenta estos principios, los legisladores- que se unieron para denunciar este hecho- manifiestan que la actual administración, "en particular la ministra de Educación y sus autoridades, se encuentran empeñados en hacer fracasar la reforma aprobada en el periodo anterior, para  justificar así una contrareforma destinada a seguir fortaleciendo la oferta privada en desmedro de la educación pública".

Según explican los parlamentarios, a pesar de que el citado cuerpo legal fue aprobado en 2017, iniciado 2019 "no existe claridad sobre la situación de los servicios en funcionamiento de la Nueva Educación Pública, siendo, entre otros, los encargados de asegurar la continuidad y mejora del servicio educativo público que acoge a más de 57 mil estudiantes en 300 establecimientos distribuidos en 14 comunas del país".

En abril de 2018, sostienen, se advirtió que el retiro de los reglamentos de la ley generaría retraso en la puesta en marcha del sistema. Eso ocurrió y finalmente en 2018 no se pudieron realizar los concursos para elegir a los directores de los cuatro primeros SLE.

Asimismo, manifestaron que en noviembre del mismo año el gobierno rechazó patrocinar una indicación que facultaba al Presidente a prorrogar a los directores de los SLE, hasta que los cursos por ADP permitieran nombrar uno nuevo. A esto se sumaría que el Ejecutivo declaró desierto el concurso de Alta Dirección Pública (ADP) que el gobierno había impulsado en 2018 para designar al Director Nacional de Educación Pública.

"Como resultado de estas (in)acciones, los cinco servicios señalados (la Dirección de Educación Pública-DEP- y los cuatro SLE) han quedado descabezados, iniciándose en casa uno de ellos un ciclo de subrogancias que arriesga una adecuada gestión", subrayaron los senadores.

Ante este escenario, reconocen una "incógnita" referente a qué se hará para continuar con la preparación de la propuesta de Estrategia Nacional de Educación Pública. Tampoco, dicen, tienen claridad respecto al trabajo del Consejo de Evaluación de la Implementación de la ley, cuyo primer informe debería ser evacuado el primer semestre.

"Existe total incertidumbre con respecto a la continuidad de numerosas iniciativas educativas que se estaban llevando a cabo por los SLE y la DEP orientadas al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, la convivencia escolar, el liderazgo directivo, o el carácter integral de la educación pública, entre otros", remarcaron.

Es por ello que los senadores hicieron presente que es imperioso que tanto el Gobierno como el Mineduc rindan cuenta y "develen los fundamentos y propósitos de las decisiones y omisiones que hasta ahora han adoptado. Exigimos que la ministra de cuenta ante el Congreso antes del fin del periodo legislativo 2018".

"Si la calidad de la educación parvularia y escolar es realmente una prioridad para el gobierno, la implementación de la Nueva Educación Pública debiera realizarse con el máximo cuidado y con una visión amplia y de Estado", sentenciaron.