Obispado de San Felipe ratifica en su puesto a cura condenado por abusos

El pasado martes 27 de noviembre, el administrador apostólico de la diócesis de San Felipe, Jaime Ortiz de Lazcano, informó a la comunidad los cambios de párrocos que se iban a implementar dentro del obispado. El objetivo era que los sacerdotes puedan "cumplir la misión de evangelizar entre el pueblo".

De los nombramientos llamó la atención el del sacerdote Juan Carlos Orellana, quien fue designado vicario parroquial de la parroquia Santa Ana de Longotoma. Entre sus tareas, Orellana debiese colaborar en las labores del párroco, como en la administración de los sacramentos y la atención pastoral, así como también reemplazarlo en caso de ser necesario.

Su caso, sin embargo, levantó polémica. ¿Por qué? En 2006 el presbítero fue condenado por el delito de abuso sexual de una menor de 17 años. En el ámbito penal recibió una sanción de cuatro años de prisión remitida, mientras que en el aspecto canónico se le instruyó la suspensión durante tres años del ejercicio público del ministerio sacerdotal. Cumplidas ambas condenas, en 2010, el sacerdote no tuvo ningún encargo pastoral específico. Hasta principios de este año.

En febrero fue nombrado vicario parroquial de la parroquia Santa Ana de Longotoma, el mismo cargo en que fue ratificado la semana pasada. Sin embargo, en agosto, tras la emisión de un reportaje de televisión en que se evidenciaba la división de la pequeña localidad rural de Longotoma, de poco más de mil habitantes, el exobispo Cristián Contreras Molina decidió endurecer las medidas aplicadas al religioso: lo sacó del cargo, le prohibió el contacto pastoral con menores de 25 años, le revocó la facultad de confesar a menores de edad, le fijó una residencia permanente y estableció que sólo podría ejercer públicamente su ministerio en los límites de la parroquia. Además, le dio un "consejo": solicitar al Papa Francisco la dimisión de su estado clerical.

El pasado 21 de septiembre, el Pontífice le aceptó la renuncia al exobispo de San Felipe y depositó la confianza del cargo en Jaime Ortiz de Lazcano, vicario judicial del Arzobispado de Santiago.

Ahora, sin embargo, Ortiz de Lazcano, al ratificar a Orellana en su cargo, encendió las alarmas entre los laicos. En general, la impresión es de extrañeza y de duda respecto de la decisión.

Para el vocero de los laicos de Santiago, Roberto Sánchez, "no se entiende": "No se sabe si hubo un proceso de por medio, o si realmente era inocente. No ha habido una aclaración de parte del administrador apostólico. O él no está informado, o no le hizo caso a esta sanción que había impuesto el obispo emérito". Agregó que "no se logra entender la decisión del administrador apostólico, que el Papa nombró para poder limpiar la diócesis de San Felipe".

Alejandro Álvarez, vocero de la Fundación Voces Católicas, señaló que "en la Iglesia no hay lugar para los abusadores. El Papa Francisco ha sido enfático en esto, implementando una política de tolerancia cero en casos de esta connotación", pero señaló desconocer y "no tener todos los elementos de juicio considerado por el administrador apostólico" para emitir un juicio al respecto.

El obispado de San Felipe fue consultado por La Tercera respecto del sacerdote Orellana, y se emitió la siguiente declaración: "Finalizados los procesos civiles y canónicos, además de tomar en cuenta la buena acogida de la comunidad de Longotoma, especialmente del sector de Trapiche, el administrador apostólico, con el parecer favorable del consejo de gobierno de la diócesis, ha decidido nombrar nuevamente como vicario parroquial al padre Juan Carlos Orellana".