OIT: Chile sólo podrá renunciar al convenio 169 a partir de 2021

Fue la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) quien salió a aclarar cuál es el plazo que tendría Chile para una eventual denuncia o renuncia al Convenio 169, tratado internacional suscrito por nuestro país en 2008, y por tanto con carácter de ley.

Según una nota técnica publicada el 30 de enero en su web, la OIT precisa que el convenio -que establece obligaciones a los estados en favor de los pueblos originarios, entre ellas realizar consultas indígenas- sólo podrá ser denunciado en Chile "llegada la fecha del 5 de septiembre de 2021 y hasta el 5 de septiembre de 2022, no antes", dice textual el documento.

Sebastián Donoso, académico de la Facultad de Derecho de la UC y experto en legislación indígena, cree que "la OIT se sintió en la necesidad de hacer la declaración porque estaban circulando ya demasiadas versiones sobre cómo era el régimen de denuncia del convenio, y muchas de ellas no estaban en lo correcto. Lo que hizo fue dar más certeza y aclarar técnicamente cuáles eran los plazos".

La institución publicó el documento tras la polémica surgida hace un mes, cuando el diputado electo por Evópoli en La Araucanía y ex intendente de esa región, Andrés Molina, planteó públicamente la necesidad de salirse del convenio a partir de 2018. Esta idea sería compartida, según Molina, por el presidente electo, Sebastián Piñera, quien "no estaría conforme con su aplicación". Lo mismo han señalado empresarios de la Región de La Araucanía, que ven en las consultas indígenas un freno al desarrollo económico local.

Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de La Araucanía, plantea que, independientemente del plazo correcto para renunciar, el convenio 169 no da respuesta a las necesidades de la población y estaría siendo usado para presionar al sector productivo privado, mediante las consultas indígenas que establece.

"Hemos visto la utilización ideológica del convenio y nos preocupa la incerteza jurídica y de inversión que genera en zonas con población indígena. Al final son las propias comunidades indígenas las que quedan sin proyección productiva, laboral o capacitación. Por eso mantenemos nuestra postura que el convenio debe evaluarse y con esos resultados denunciarlo cuando corresponda", insiste Rivas.

La sola idea de una eventual denuncia de Chile al Convenio 169 generó inquietud en el mundo indígena, e hizo reaccionar al gobierno actual. "Es una interpretación apresurada y errónea que ha hecho un sector de la derecha. Renunciar al convenio sería un retroceso en materia de derechos humanos", dijo el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

Si bien la idea de terminar el convenio es una prerrogativa del Ejecutivo, a la cual puede optar cada diez años desde la entrada en vigencia del tratado, el 2018 no es el año correcto para hacerlo. El error de las nuevas autoridades fue contar una década a partir de 2008, fecha en que Chile suscribe el convenio, en el primer gobierno de Bachelet. Sin embargo, la OIT aclara que la fecha inicial que debe considerarse es el 5 de septiembre de 1991, momento en que el convenio entró en vigencia en términos generales. Por tanto, Chile sólo podría denunciar en 2001, 2011 y en 2021.

"Chile tenía la posibilidad de haber denunciado el convenio el 2011, pero no lo hizo porque obviamente se entiende que hay un deseo de ir avanzando en materia de derechos indígenas", señala el abogado Richard Caifal, director de la Corporación de Profesionales Mapuche Enama, quien recomendó a las nuevas autoridades asesorarse por instituciones especializadas en la dinámica indígena.

Andrés Molina, en tanto, señaló que "no es malo tener más tiempo para diseñar otro sistema de participación en la ejecución de proyectos. En mi opinión, sigue siendo un convenio que no ha dado los resultados esperados y del cual mucha gente vive".

De salirse del convenio en 2021, Chile sería el primero país en hacerlo de los 22 países firmante. "Yo le recomiendo al nuevo presidente que se vaya sacando esa idea de la cabeza. Querer quitarles a los pueblos originarios la única herramienta jurídica que tienen para defenderse es ganarse el odio en Chile, y también en el mundo", plantea Pedro Edmunds, alcalde de Isla de Pascua y miembro permanente del Concejo de Ancianos de Rapa Nui.