Óscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile: la propuesta de Constitución “reconoce un sistema que es público”

Óscar Arteaga, médico cirujano y magíster en Administración en Salud de la Universidad de Chile, asumió el 15 de diciembre de 2021 como director de la Escuela de Salud Pública en la misma casa de estudio. Además de ser académico, el especialista integra la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica que asesora al Ministerio de Salud respecto al Covid-19.

Frente a la propuesta constitucional en salud, Arteaga no tiene ningún reparo de fondo y explica que en términos prácticos el sistema ya es en gran medida público. Al mismo tiempo destaca que la cooperación entre el el mundo público y el privado es fundamental para afrontar las necesidades de la población. En ese contexto, el médico respalda a la ya disuelta Convención y confirma que va por el Apruebo.

El artículo 44 aprobado por la Convención establece un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado. ¿Cuáles son los puntos que destaca de este hito?

Lo que hace la propuesta de la Convención es reconocer lo que existe. Nosotros tenemos un sistema de salud que es público, en términos de los recursos que existen. Por ejemplo, alrededor de 40 mil camas hospitalarias, menos de un quinto, son privadas. Desde el punto de vista de las prestaciones de salud, como país generamos alrededor de 110 millones de atenciones al año y de esas 80 millones son producidas por prestadores públicos. Y de los 30 millones hechas por privados, la mitad son financiadas por Fonasa. Entonces, en términos estrictos tenemos un sistema que se dice que es mixto y es real que hay actores públicos y privados, pero en términos prácticos el sistema es preferentemente público, tanto en aseguramiento como en las prestaciones. Lo que hace la propuesta es reconocer eso. Además, me parece valioso que reconozca que es un sistema integrado, es decir, hay actores públicos y privados, articulados en función de resolver los problemas de salud de la población.

¿Es funcional lo que está aprobado hasta ahora en la Convención en cuanto a salud?

Desde el punto de vista de la prestación, ya lo estamos haciendo. Yo creo que es importante distinguir dos ámbitos cuando uno analiza el sistema de salud. Uno es cómo se juntan los recursos para brindar la salud, y eso es la función de aseguramiento y financiamiento. Otra cosa distinta es como se entregan las prestaciones. Durante toda la discusión que hemos tenido este año se suelen vincular las dos funciones. Cuando las isapres han defendido su posición asocian en su discurso que ellos son los que permiten el acceso a los prestadores privados. En rigor, el seguro sea Fonasa o una isapre, es un mecanismo por el cual las personas pueden acceder a lo que realmente les importa que es la atención entregada por prestadores públicos y privados. Y eso se hace. Lo que hace la propuesta de la Convención es responder una pregunta en torno al financiamiento que es una pregunta que hemos arrastrado por más de 40 años que es si las isapres son o no son parte de la seguridad social. Las isapres se benefician de la captación de esta cotización obligatoria y pueden hacerlo, pero lo que no es parte de la seguridad social es que ellas discriminen, pues si los beneficiarios son más viejos o si las mujeres están en un periodo fértil, tienen que pagar más. Esto ha sido permitido por la ley desde que las isapres fueron creadas, eso hace que el sistema que tenemos sea una anomalía en el contexto internacional. Lo que hizo la Convención fue decir que se van a mancomunar las cotizaciones para generar un sistema que descansa en la solidaridad, es decir, las personas más pudientes financian a los que son menos. Las personas sanas financian a los enfermos.

¿Cree que un fondo único resolvería los problemas en el sistema de salud?

El principal problema que tenemos en el país, en el sistema de salud, está en el financiamiento, pero eso también condiciona el cómo se entrega la prestación de salud y es que tenemos un sistema socialmente segregado, en el cual el nivel de ingreso de las personas condiciona el acceso a la atención de salud. Esto ocurre porque en el tema del financiamiento del aseguramiento tenemos una convivencia entre un seguro público y otros que son entidades privadas que administran este seguro obligatorio, pero que están autorizadas a discriminar por riesgo individual. Las isapres recaudan la cotización obligatoria y además cobran un adicional para brindarle un plan de salud y eso hace que exista una segregación social. Lo que propone la Convención es mancomunar las cotizaciones y así termina con la segregación social y permite que se pueda construir un sistema solidario. Entonces, la entidad que habrá que conformar para administrar el seguro podrá establecer relaciones con los prestadores públicos y privados, lo que permite optimizar la relación entre los actores en beneficio de la población.

Según las cifras, las personas de Fonasa igual acceden al sistema privado. ¿Por qué?

Hay mucha historia con la libertad de elegir prestador. Existe desde 1968, cuando mediante una ley se permitió que el Servicio Nacional de Empleados pudiera entregar prestaciones curativas a través de este arreglo en el cual los prestadores se inscribían en Fonasa y los empleados beneficiarios podían elegir un prestador y hacer los copagos. Ese sistema se hereda con el actual Fonasa y sigue existiendo. Entonces, hay una cultura de uso de la modalidad de libre elección que habrá que considerar en el rediseño del sistema. Es importante que las personas tengan posibilidad de elegir prestador. Lo que uno espera es que ese modo de relación entre quien financia y quien paga sea usando un mecanismo de compra más inteligente.

¿Un sistema público sería capaz de absorber las necesidades de toda la población?

Aquí subyace un error conceptual. No es que el sistema público vaya a absorber. Lo que propone la nueva Constitución es un modo de organizar el financiamiento y un modo de organizar la prestación y deja a las futuras leyes la forma en las que se organizará. La consecuencia más evidente es que al organizar el financiamiento a través de la mancomunión de las cotizaciones, lo que se logra es un sistema de financiamiento que es único para todos, por eso salen las isapres. Ahora, desde el punto de vista de las atenciones de salud, la Constitución reconoce prestadores públicos y privados y señala que bajo la conducción del Estado se definirán las condiciones en las que los privados participan. A mí me parece que todos los comentarios que se hacen sobre si el sistema público no va ser capaz de absorber no es correcto, porque eso no dice la propuesta. Es una interpretación errada. Porque está la posibilidad de tener prestadores públicos y privados con una organización que nos ofrece la posibilidad de maximizar el sistema que tenemos para resolver los problemas de salud de las personas.

¿Tiene algún reparo con lo propuesto en salud?

No. Lo que hace la propuesta de la nueva Constitución es plantear grandes conceptos que dejan la parte de organización para que sea definida por leyes, es decir, le entrega al Poder Legislativo la responsabilidad de generar las leyes que permitan hacer operativas las orientaciones. Hay aspectos que son bien específicos que uno podría haber planteado que no estuvieran en la propuesta. Uno podría decir “por qué se plantean aspectos más específicos para salud metal y no para cáncer u otras enfermedades”, pero eso no es un reparo.

¿Votará Apruebo o Rechazo?

Yo respaldo la propuesta de la nueva Constitución y voy a aprobar. Hay elementos que yo hubiera preferido algo distinto, particularmente en algunas cuestiones de régimen político, pues no estoy de acuerdo con la reelección inmediata de la presidencia, por ejemplo. Pero, que sea una propuesta redactada por ciudadanos elegidos con paridad de género y que además haya representación de pueblos originarios, ya en sí mismo es un valor. Esta propuesta fortalece a la democracia y más allá de lo que uno pudiese mirar críticamente, yo voy a aprobar.