PDI allana oficinas del MOP en Arica en medio de investigación por “corrupción pública”: se detuvo a ocho personas

La mañana de este jueves la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica y Parinacota, junto a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) de esa región, allanaron las dependencias del Edificio Alborada, sede de la Dirección Regional de Vialidad, organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Según precisaron desde la Fiscalía de Arica, la entrada y registro se enmarcó en una investigación que está llevando adelante esa unidad por “corrupción pública”. Las diligencias del caso se están llevando a cabo bajo reserva. De momento, se sabe que al menos un funcionario que se encontraba en la sede al momento del allanamiento fue detenido.

Desde la PDI indicaron que se detuvo a ocho personas, de las cuales cinco son pertenecientes a la Dirección Regional de Vialidad.

El subprefecto Nelson Acuña, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, señaló que se logró “la detención de ocho personas hasta el momento, cinco de ellos pertenecientes la Dirección de Vialidad de esta región. En dicha entrada y registro, se logró la incautación tanto de computadores, información y documentación relativa a esta investigación por delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos”.

Además, agregó que “los citados detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía”.

A través de un comunicado, el MOP se refirió a la indagación y aseguraron que el procedimiento se enmarcó en una denuncia efectuada por esa Dirección de Vialidad, hace nueve meses.

“Dicho procedimiento dice relación con una denuncia realizada en noviembre de 2022 por la Dirección Regional de Vialidad de Arica y Parinacota. Coetáneamente a la denuncia, se instruyó un sumario administrativo de acuerdo con la normativa que rige a este Ministerio”.

Asimismo, precisaron que la Dirección de Vialidad “está colaborando con la Fiscalía y ha puesto todos los antecedentes a su disposición”.

Tras tomar conocimiento del allanamiento, la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) se pronunció al respecto.

A través de un comunicado la asociación gremial recalcó que rechazan “cualquier práctica que sea contraria a la ley. El cumplimiento de la legislación vigente es la base mínima que debe guiar las conductas de todos los actores sociales, sin excepciones”.

“Nuestros socios tienen el compromiso de cumplir un conjunto de principios, valores y estándares que buscan asegurar que desarrollen las mejores prácticas en todas sus actuaciones. Ahora bien, de acuerdo a la institucionalidad que nos rige como país, es de competencia exclusiva de la Justicia determinar si en este caso existe o no un delito y, habiendo antecedentes fundados para ello, imponer las sanciones que correspondan”, dicta el documento.