Pensiones de gracia a personas con antecedentes: Cordero dice que el Presidente “no tiene acceso al expediente” porque es “por firma delegada”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió este jueves a las pensiones de gracia otorgadas a personas que fueron víctimas de vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social, luego de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reveló que 40 de ellas tienen antecedentes penales.

De acuerdo al detalle entregado por Monsalve a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por estos beneficios, durante el 2022 se visaron un total de 418 pensiones de gracia para afectados en el marco de las manifestaciones ocurridas a partir de octubre del 2019.

De los 40 beneficios entregados a personas con antecedentes penales, 23 fueron otorgados durante la actual administración del Presidente Gabriel Boric y 17 en el mandato de Sebastián Piñera.

Consultado al respecto, el ministro Cordero descartó que exista algún grado de responsabilidad por parte del Presidente de la República en estos casos.

“La manera en que operan estas pensiones de gracia es por firma delegada, por lo tanto el Presidente no tiene acceso a ese expediente y en consecuencia es una tramitación que se realiza por el departamento especializado en la Subsecretaría del Interior”, aseguró.

En esa misma línea, el secretario de Estado apuntó a que “la tramitación de las pensiones de gracia corresponden a la Subsecretaría del Interior. A ellos les ha correspondido, en el contexto de la comisión investigadora, aclarar el punto y el detalle del procedimiento corresponde que sea explicitado por el subsecretario del Interior”.

En cuanto a la necesidad de legislar para mejorar los procedimientos para la entrega de estos beneficios, el titular de Justicia señaló: “En estas pensiones de gracia en particular, recuerde que existía además complementariamente una glosa de la ley de Presupuestos que venía desde que se había utilizado también en la administración anterior y había una cierta manera de interpretar esa glosa, tanto en la administración anterior, como en esta”.

Sin embargo, planteó que “los detalles del procedimiento, la forma en que se conforman los expedientes, los requerimientos que se realizan de antecedentes, creo que es conveniente que sea el subsecretario del Interior quien se refiera”.

En la presentación que Monsalve realizó el miércoles ante la comisión investigadora de la Cámara, explicó que la entrega de las pensiones de gracia es una atribución explícita del Presidente de la República -incluso el monto-. Además, agregó que la medida se encuentra normada a través de la Ley 18.056.

Asimismo, detalló que de los 418 beneficios para víctimas del estallido social, 148 fueron aprobadas en los últimos dos meses del gobierno de Sebastián Piñera, es decir, entre enero y febrero de 2022. Las restantes 270 se concedieron bajo el mandato del Presidente Boric.

Monsalve además consignó el monto que reciben estas personas. Se incluyen 39 que acreditaron lesiones leves, quienes reciben un monto de $283.619 mensuales; las personas que sufrieron lesiones graves en sus extremidades o pérdida de piezas dentales, agresión sexual (desnudamiento) o afectación psicológica, totalizan 221 y reciben $415.428 al mes, mientras que 158 personas registraron lesiones gravísimas como trauma ocular, violación sexual o fracturas, quienes reciben $567.238.

Respecto al otorgamiento de este beneficio a personas con antecedentes penales, el subsecretario del Interior explicó que se debe a que no es un documento que se solicite para pedir la ayuda, ni en el caso de afectados por el estallido social, como de ninguna otra índole. “Respecto a los antecedentes penales, ya expliqué que no estaba dentro de los requisitos”, dijo.

Sobre estas personas, afirmó que, en general, corresponden a delitos menores y causas antiguas, aunque reconoció que hay casos donde este criterio no se cumple.