Pilar San Martín, investigadora de Amnistía Internacional en Chile: "Las imágenes son aterradoras"

¿Cómo ha sido este proceso de observación en Chile?

Estamos prácticamente empezando, llegamos hace dos días y ahora estamos intentando recopilar información, documentar casos. Nos reunimos con el Colegio Médico, estamos ahora en la Posta y la idea es observar, documentar casos y en una semanas tendremos conclusiones preliminares. Puedo adelantar que sí estamos viendo casos graves, sólo hay que ver cómo está este hospital invadido de personas que han participado de las protestas. Hemos estado al interior y hemos visto personas lesionadas por balines en el cuello, en la nariz y en muchas partes del cuerpo. El tema de los balines dirigido a partes de alta letalidad es bastante masivo, es preocupante. Estamos empezando, pero estamos recabando información bastante importante.

¿Esperaba encontrar algo así?

El equipo de crisis para América cubre toda la región, desde Canadá y la verdad no esperábamos cerrar el año con Chile, no pensábamos desplegar aquí una comisión de crisis. Solemos cubrir contextos como Nicaragua, Venezuela, hemos estado dando mucho seguimiento en Colombia, Honduras, donde hay casos de represión muy fuerte y graves violaciones como ejecuciones extrajudiciales, etc, pero la verdad es que es dramático tener que venir a Chile para esto porque no lo esperábamos y las imágenes son aterradoras, la verdad.

Hay muchas personas con trauma ocular, pérdida de visión, ¿esos casos constituyen violaciones a los derechos humanos?

De demostrar que la fuerza pública está utilizando la fuerza letal de forma directa a los manifestantes para dañar, eso sería una grave violación de derechos humanos porque se está atentando contra la vida de las personas por el simple hecho de manifestarse. Hasta ahora nos comentan de 130 personas con daños oculares irreversibles lo cual supone no sólo la pérdida total de la visión de un ojo sino también secuelas sicológicas catastróficas que afectan no sólo a la persona, sino también a todo su entorno. Este tipo de mensajes es nefasto. Estamos viendo a qué responde un número tan alto de lesionados en ojo, porque si bien el jefe de Carabineros ha salido públicamente mencionando que los funcionarios cumplen a rajatabla un protocolo y que son personas que se salen de esta directriz, el Estado tiene que responder por el alto número de lesiones oculares. Son demasiadas en muy pocos días. Una lesión en los ojos -pensamos, porque todavía no tenemos conclusiones- podrían haber estado intencionalmente dirigidas a dañar.

Es decir, ¿no se trata de hechos aislados?

Nos parece que las cifras hasta ahora no estarían hablando de hechos aislados. Son cifras demasiados altas y si bien es cierto que se han registrado hechos violentos y quemas de edificios, precisamente para eso está el derecho internacional que rige este tipo de situaciones, que son los principios para el uso de la fuerza, donde el Estado tiene el monopolio y lo tiene que usar siempre y cuando sea necesario y de ser necesario lo tiene que hacer de forma proporcional. En los casos que llevamos hasta ahora eso no ha sido así, el Estado no está sabiendo implementar la fuerza debidamente y no sólo eso, no está poniendo las medidas necesarias para que esto no pase. Nosotros llegamos hace dos días y pensábamos que esto iba a cesar y que íbamos a documentar casos que ya habían ocurrido, pero estamos aquí, hablando con la gente que ha tenido lesiones graves hoy mismo. Es grave que no se estén tomado las medidas y en ese sentido hay una responsabilidad de mando que se debe investigar y al que se debe apuntar.

Un observador del INDH fue herido en el cuerpo con siete perdigones.

Eso nos comentaron. Afortunadamente está fuera de peligro, pero el mensaje que se manda es grave porque si un funcionario de un ente autónomo de derechos humanos de un país es atacado por la misma fuerza pública, pues qué puede esperar un manifestante, un ciudadano común y corriente, de la fuerza pública. De alguna manera intimida la protesta, coarta la libertad de expresión y nos parece que en ese sentido este gobierno y este Estado va por muy mal camino si sigue así.

Hay cinco muertos atribuidos a la fuerza pública, ¿ustedes también lo están recopilando?

Sí, la idea es ir documentado esos casos que según presume el INDH son atribuidos a la fuerza pública. Esto es de suma gravedad, pero también lo son los casos de torturas, que es una violación grave a derechos humanos, que tiene una prohibición absoluta bajo el derecho internacional y sin embargo la estamos viendo de manera demasiado extendida, generalizada y eso nos podría estar hablando de que no se trata de una cuestión aislada de un funcionario que no supo hacer su trabajo, sino de una cuestión más de mando, más de orden, y ahí también la Fiscalía tiene que hacer todas las investigaciones y deslindar todas las responsabilidades.

¿A qué se expone Chile internacionalmente?

Pues por supuesto se expone a que sea responsable el Estado chileno de diversas violaciones de derecho internacional y a nivel interno, la Fiscalía tiene que hacer su investigación. A nivel de justicia internacional, de considerarse que hay delitos más graves, por ejemplo de tortura, y si se comprueba que hubo un patrón generalizado, podemos enmarcarlos en crímenes de derecho internacional y ahí la responsabilidad institucional e individual podría ser perseguible en instancias internacionales.