Policía apunta a retraso de tribunales por fugas en caso Luchsinger

El 10 de octubre pasado, la Corte Suprema dictó sentencia de 18 años de cárcel para Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche, como responsables del ataque incendiario que le costó la vida al matrimonio Luchsinger Mackay, en enero de 2013. A más de dos semanas de conocida la resolución, ambos primos permanecen prófugos, lo que llevó al gobierno a pedir informes a Carabineros y la PDI para aclarar qué falló.

La semana pasada las policías entregaron los documentos, tras lo cual el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ordenó sumarios en ambas instituciones.

Al momento de las desapariciones, los comuneros estaban bajo arresto domiciliario. Tralcal Quidel permanece inubicado desde mayo pasado, una vez se dio a conocer el fallo del segundo juicio que lo condenó a cadena perpetua. Mientras, Tralcal Coche tomó la misma decisión tras la sentencia definitiva del máximo tribunal.

Los informes que Carabineros y la PDI entregaron al Ministerio del Interior establecen que desde que se conoció la sentencia transcurrieron 12 días para que el tribunal de Temuco emitiera una orden de entrada y registro que permitiera a las policías acceder a la vivienda de Tralcal Coche.

La información, a la que accedió La Tercera, da cuenta de que el 10 de octubre se conoció el veredicto de la Suprema y tres días después se notificó al tribunal de Temuco la condena. Desde allí transcurrieron tres días más para que se requiriera la detención. No obstante, de acuerdo al informe de la policía civil, "la orden no daba facultades para ingresar al domicilio" de Tralcal Coche, en Lleupeco, comuna de Vilcún.

Recién el 22 de octubre llegó esta autorización. Ese mismo día, equipos de ambas instituciones se reunieron para acordar los pasos a seguir. El 23 de octubre, a las 7.00, hicieron ingreso a la casa del comunero. Una vez adentro, indicó la información de Carabineros, se encontraron con el hijo del condenado, quien aseguró que su padre "hace dos semanas a la fecha salió del inmueble y que desconocen su actual ubicación".

La tardanza del tribunal en autorizar el allanamiento no solo habría perjudicado la ubicación de José Tralcal Coche. De acuerdo a las policías, la búsqueda de Luis Tralcal Quidel también careció de este elemento, pese a existir antecedentes que podrían haber permitido su detención.

De acuerdo con la policía uniformada, entre julio y septiembre se efectuaron cuatro visitas a la vivienda del comunero en el sector El Natre, en Vilcún, realizadas aproximadamente cada dos semanas (12/07, 07/08, 27/08 y 10/09). En ninguna fue encontrado.

El 23 de mayo, según informó la PDI, desde la emisión de la primera orden de detención contra Tralcal Quidel, "se dispuso un equipo de trabajo con dedicación exclusiva para que efectuara diligencias que permitan dar con su paradero".

Según se planteó, este equipo, perteneciente a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe), realizó diferentes tareas de vigilancia y consulta de fuentes. Es así que en su momento dicen haber poseído información de que Tralcal Quidel era ocultado por comuneros y simpatizantes de la causa mapuche en comunidades rurales. En particular, se estudiaron los domicilios de tres personas. Sin embargo, aquí las policías señalan nuevamente que no tuvieron las autorizaciones legales para realizar allanamientos, lo que se tradujo en que solo lo podrían detener si lo encontraban en la vía pública. En tanto, Carabineros evaluó la posibilidad de que Tralcal Quidel haya abandonado el país por un paso no habilitado hacia Argentina.

Para la PDI, ambos fugitivos hoy estarían ocultos en casas de comuneros y simpatizantes, aunque el radio de búsqueda actual, indican, ya excede a la Región de La Araucanía.

Para Jorge Luchsinger, hijo de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, ambos asesinados en el ataque incendiario, "los jueces se lavan las manos y no tienen ningún atisbo en considerar que puede haber una falencia del sistema judicial que haya permitido a estas personas fugarse. Pero pasan toda la responsabilidad a las policías".

El abogado penalista Cristián Riego estimó que "lo que más sorprende es que, habiendo sido condenados a penas tan altas, se los hubiera dejado en libertad a la espera del recurso de nulidad. Eso me parece un error muy grave. A partir de ahí, la tardanza en emitir las órdenes también es muy rara".