Boric declara por cerca de una hora ante fiscal Cooper como imputado en caso por fallida compra de casa de Allende

El Presidente Gabriel Boric declaró este viernes en La Moneda, ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, como imputado en la investigación por la fallida compra de la casa de la familia de Salvador Allende de calle Guardia Vieja, Providencia.

Pocos minutos después de las 10.00 horas, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia difundió un comunicado informando que el Mandatario “realizó una declaración voluntaria en el Palacio La Moneda”.

“Esta diligencia voluntaria se inscribe en la permanente disposición del Presidente de la República a prestar la colaboración necesaria con la investigación de la fiscalía”, señaló Presidencia.

Estuvieron presentes el Presidente Boric, el abogado del Mandatario Jonatan Valenzuela, el fiscal Patricio Cooper y el fiscal Eduardo Yáñez.

La diligencia estaba fijada originalmente para este jueves, sin embargo fue postergada y se concretó este viernes a partir de las 09.00 horas. El fiscal Cooper, que permanecía en la capital, se trasladó desde dependencias de la Fiscalía Nacional en Santiago hasta la oficina del Presidente en la sede de gobierno.

Desde el órgano persecutor de Coquimbo, en tanto, se emitió un comunicado pasado el mediodía en el que señalan que el Mandatario “prestó la máxima colaboración y contestó todas las preguntas formuladas por el fiscal regional”.

En enero de este año, la ONG Fundación Fuerza Ciudadana, presidida por el abogado Raimundo Palamara, excandidato constituyente por el Partido Republicano, presentó una denuncia para que se investigue la fallida adquisición del inmueble, acusando un presunto delito de fraude al fisco.

A fines del año pasado el gobierno informó que la propiedad de la familia Allende en Guardia Vieja y la residencia del expresidente Patricio Aylwin serían adquiridas por el Estado para formar parte del patrimonio nacional, transformándose en casas-museo.

El viernes 3 de enero, sin embargo, el Ejecutivo dio a conocer que determinaron que no era posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario “debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende”.

La operación respecto al inmueble se truncó al conocerse que la hoy exministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del desaparecido gobernante era una de las dueñas de la propiedad junto a su tía Isabel Allende, la senadora e hija del expresidente. Ambas, por ley, estaban impedidas a firmar ese tipo de contratos con el Estado.