Presidente de Anef y funcionarios del Ministerio Público denuncian a constituyente Marcos Barraza ante la Convención por supuesto conflicto de interés

Marcos Barraza

Además, los trabajadores acusan discriminación, señalando que sus organizaciones, “sin razón justificada alguna”, no fueron recibidas para exponer en la comisión de Sistemas de Justicia y Órganos Autónomos del órgano redactor, como sí pudo hacerlo la organización de fiscales.


Organizaciones de funcionarios del Ministerio Público, en compañía del presidente de Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) José Pérez Debelli, entregaron en la secretaría de la Convención Constitucional un documento en el que solicitan al Comité de Ética investigar y aclarar hechos que pueden constituir actos de discriminación y falta de probidad, que involucrarían al convencional del Partido Comunista Marcos Barraza, según denuncian.

En particular, piden investigar el vínculo e influencia entre la fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente Mitzy Henríquez y el constituyente del PC por el distrito 13.

“Para los 3.200 trabajadores representados en la entrega de este documento, resulta imprescindible se pueda clarificar esta situación, pues la discriminación y la falta a la probidad son parte de uno de los vicios más profundos y enervantes del sistema institucional vigente en nuestro país, que motivó no solo la irrupción violenta de la crisis política y social en la cual desde fines del año 2019 nos encontramos, sino también el mismo Proceso Constituyente, que surgió como un mecanismo jurídico para resolverlo”, señalaron los firmantes de la denuncia en un comunicado difundido este martes.

Los denunciantes piden a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, “analizar la situación descrita y remitir los antecedentes a la comisión de ética”.

“También hacemos un nuevo llamado al pleno, para que no aprueben las normas relativas a la Fiscalía de Chile, pues contribuye a burocratizar el sistema y profundiza los problemas que arrastra el Sistema Penal en su conjunto”, afirmaron en el comunicado a nombre del presidente de la Anef, José Perez Debelli, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip), Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Sur, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, Asociación de Funcionarios de la Fiscalía de Atacama y Asociación de Profesionales y Funcionarios de la Fiscalía Regional Sur.

Los trabajadores acusan discriminación, señalando que sus organizaciones compuestas por los funcionarios y las funcionarias del Ministerio Público, que representan el 80% del personal que trabaja en la institución, “sin razón justificada alguna”, no fueron recibidos para exponer en la comisión de Sistemas de Justicia y Órganos Autónomos del órgano redactor.

“La discriminación indirecta radica en la disposición de la comisión de recibir a la Asociación Gremial de Fiscales del Ministerio Público, que representa el ejercicio del poder decisorio dentro de la institución, en desmedro o desventaja de las asociaciones de funcionarios”, argumentan.

Asimismo, sugieren que esa reunión se relaciona con la propuesta 909 que presentó un grupo de convencionales entre los que figura Barraza y que es de “una casi completa similitud con la denominada propuesta constituyente de un grupo de fiscales de capítulos regionales de la Asociación Nacional de Fiscales”.

En esa línea, explican que “la propuesta mencionada fue redactada originalmente con la participación activa y determinante de la fiscal Mitzy Henríquez, quien mantiene una relación sentimental con el mencionado convencional Marcos Barraza”.

“Lo descrito nos parece muy poco transparente, inadecuado y lamentable, pues privilegia las ideas de un grupo particular de personas desconocemos con qué fin. Este vínculo y la influencia que ejerció la Fiscal a través del convencional, forma precisamente parte de uno de los vicios más profundos y enervantes del sistema institucional vigente en nuestro país”, acusan, pidiendo el inicio de un procedimiento ordinario sancionatorio contra Barraza por no informar sobre este presunto conflicto de interés, apelando a la normativa que sanciona la vulneración del principio de probidad.

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